El Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros el Plan de Estabilidad 2016-2019 que se enviará a Bruselas esta misma tarde para su revisión y aprobación.

El programa, explicado en rueda de prensa por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros De Guindos y Montoro, prevé crear 1,8 millones empleos en cuatro años (470.000 cada ejercicio) y reducir la tasa de paro actual del 21% (en términos EPA) a apenas el 13%. Una caída de ocho puntos que dejaría el número de desempleados en 2.991.000 —desde los 4.791.400 actuales— y el número de ocupados en casi 20 millones.

"Es un cuadro prudente y son hipotesis cautas", ha valorado el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, cuando le han preguntado si sus previsiones (que engloban los cuatro años que quedarían hasta el final de la próxima legislatura) podrían entenderse en un contexto preelectoral ante la repetición de comicios del próximo 26 de junio."Estas previsiones tienen muchísima credibilidad", ha defendido el ministro, que matizó sin embargo que solo será recuperará el nivel de empleo anterior a la crisis "siempre que se hagan las cosas correctas".

El escenario macroeconómico del Ejecutivo en funciones prevé un crecimiento del 2,7% del PIB en 2016, del 2,4% en 2017 y del 2,5% en los dos años posteriores. Un avance más pesimista que las previsiones del Plan anterior —donde se calculaba un 3% el crecimiento en 2016 y un 2,9% en 2019—  y que Guindos ya justificó la semana pasada en que la economía española no es inmune un entorno mundial marcado por el enfriamiento de China, la crisis de las materias primas o el agotamiento de los efectos positivos que ha producido la política monetaria expansiva del BCE.

La deuda pública, según los cálculos del Ejecutivo en funciones, no bajará del 96% hasta 2020: este año según los cálculos realizados por el Gobierno cerrará en el 99,1% del PIB, para ir reduciéndose paulatinamente (99% en 2017; 97,9% en 2018) hasta llegar al 96% en 2019. Apenas tres puntos de reducción en cuatro años.

Las previsiones enviadas a Bruselas también admiten que España no podrá cumplir este año el 3% de déficit que la Comisión permite como límite máximo a los países y que nuestro país se había comprometido a cumplir en este ejercicio. A cambio, el Gobierno propone cerrar este año con un desajuste presupuestario del 3,6% y tardar un año más en bajar de la frontera del 3%. La previsión a largo plazo calcula un 1,9% en 2019.

El ministro Montoro ha confirmado las cuatro décimas de margen mayor a las autonomías (0,7% de desvío) frente al 0,3% que se les había marcado para 2016, permitirá a la Seguridad Social desviarse ocho décimas más (hasta el 1,1%), mantiene el objetivo de equilibrio presupuestario a los ayuntamientos y aprieta más el cinturón a la Administración Central, cuyo nuevo objetivo (1,8% del PIB) es cuatro décimas más exigente que antes.

La meta para 2019 es que solo el Estado y la Seguridad Social presenten déficits presupuestarios, mientras que las comunidades y los ayuntamientos deberían mantener el equilibrio presupuestario para ese año.

La suma de los desvíos de estas cuatro patas del Estado en 2016 se elevará a ese 3,6% de déficit que el Gobierno propone como desvío a Bruselas. Para cumplirlo, el Gobierno se ha comprometido a reducir el déficit en casi 5.000 millones.

El departamento dirigido por el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, tal y como anunciase ya la semana pasada, no dispondrá de 2.000 millones en créditos en el balance de la Administración Central. Un ajuste que "no afectará a gasto social ni a partidas vinculadas con la seguridad", por lo que no se recortará en Seguridad Social, prestaciones de desempleo, becas y mantenimiento ferroviario.

Aparte de esta partida, se recortará también presupuesto a través de una reforma de las Administraciones Públicas (729 millones) y de la aplicación de la regla de gasto en las comunidades autónomas (2.037 millones).