Los dirigentes de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad y Luis Pineda, respectivamente, serán trasladados este lunes desde prisión para declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que les investiga por extorsionar a bancos.

Según han informado fuentes jurídicas, ambos comparecerán ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 1, que decidirá si enviarles de nuevo a prisión tras su detención el pasado viernes por la Policía y su posterior ingreso en Soto del Real.

El juez les investiga por haber tejido supuestamente una red de extorsión a bancos a cambio de darles publicidad favorable y de retirar acusaciones en las que se personaba el sindicato.

Bernad y Pineda, que se conocen de la juventud, habrían colaborado en estas prácticas fraudulentas que comenzó practicando Ausbanc, una asociación que afirma tener como objetivo la protección de los consumidores frente a los bancos, a finales de la década de los 90.

Las investigaciones apuntan a que entidades bancarias —cuatro han denunciado los hechos— eran extorsionadas y pagaban dinero a Ausbanc en concepto de publicidad en sus publicaciones, cuando en realidad lo que se garantizaba con esos pagos era que la organización hablara bien de ellas, no interfiriera en sus consejos de administración y retirara acusaciones en procesos judiciales.

Entre estas extorsiones estaría el presunto chantaje a La Caixa y al Banco Sabadell, a los que se habría solicitado tres millones de euros para que Manos Limpias retirase su acusación contra la infanta Cristina en el 'caso Nóos'.

Los abogados de la hermana del rey reconocieron el viernes que existió una conversación que, tanto en el ámbito profesional como deontológico, les incomodaba y que pusieron en conocimiento de las autoridades judiciales y de la Policía.

La Policía cree que ambas organizaciones trabajaban de forma coordinada y no eran realmente asociaciones sin ánimo de lucro, sino que su objetivo era obtener beneficios para sus dirigentes, para lo que utilizaban como pantalla la protección de los consumidores y las iniciativas judiciales.

De hecho, una de las entidades bancarias llegó a pagar alrededor de un millón de euros en un año en concepto de publicidad, cuando en realidad estos pagos respondían a un chantaje.

Los agentes detuvieron en esta operación a once personas y practicaron seis registros, incluyendo las sedes de las dos entidades.