Un afectado de Funnydent presenta una querella por estafa e insolvencia punible

Una pareja pasa ante la clínica Funnydent de Torrejón de Ardoz, uno de los nueve centros cerrados inesperadamente por la cadena, que dispone en España de nueve clínicas siete en Madrid y dos en Cataluña (en Sabadell y Mataró).
Una pareja pasa ante la clínica Funnydent de Torrejón de Ardoz, uno de los nueve centros cerrados inesperadamente por la cadena, que dispone en España de nueve clínicas siete en Madrid y dos en Cataluña (en Sabadell y Mataró).
Chema Moya / EFE
Una pareja pasa ante la clínica Funnydent de Torrejón de Ardoz, uno de los nueve centros cerrados inesperadamente por la cadena, que dispone en España de nueve clínicas siete en Madrid y dos en Cataluña (en Sabadell y Mataró).

Un afectado por el cierre repentino de las clínicas dentales Funnydent ha presentado una querella por estafa o apropiación indebida e insolvencia ante los juzgados de Mataró (Barcelona) en la que reclama la devolución de los bienes contratados.

Se trata de un vecino de esta localidad que contrató dos servicios con la clínica —uno para él y el otro para su pareja— por los que la empresa aplicó un descuento a cambio de que abonaran el pago total de 4.400 euros y, en el momento del cierre, solo recibió servicios por valor de 600 euros.

La querella también señala que la empresa no presentó al Registro Mercantil sus cuentas anuales dentro del plazo legal y que contaba con un departamento financiero que debió alertar de la situación económica de la compañía y que, además, el capital de la empresa era solo de 3.600 euros, cifra muy inferior al precio de las herramientas y estructura de una clínica dental.

Por este motivo, cree que la versión del propietario —que ha ingresado en prisión este lunes— no merece credibilidad y considera que era consciente de la situación económica.

Desde la plataforma de afectados de Funnydent —creada por Facua, que cuenta con 231 miembros— recomiendan no presentar ninguna querella todavía porque considera que puede suponer un "malgasto de recursos" para los afectados.

Fuentes de la plataforma creen que, según lo expresado por la justicia, se avecina una causa penal en la que los perjudicados solo podrán cobrar su dinero por la vía judicial y a través de un concurso de acreedores.

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