Trama Púnica
El empresario David Marjaliza, 'cerebro' de la operación Púnica, con su presunto socio, Francisco Granados exconsejero del PP y número 2 del PP madrileño. ATLAS

Los tentáculos de la trama 'Púnica' han llegado lejos. El sumario judicial del caso no solo revela cómo funcionaba la trama, liderada por el exsenador y exconsejero madrileño Francisco Granados y su amigo el empresario David Marjaliza, sino que también deja entrever las estrechas relaciones que los principales implicados habían establecido con el poder político a todos los niveles, incluido el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Gobierno Valenciano, diputaciones y un sinfín de Ayuntamientos. Hasta el expresidente Aznar y miembros de Ciudadanos aparecen en el sumario. La investigación sigue su curso y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Guardia Civil tendrán que dirimir ahora el grado de implicación de unos y otros. De momento hay 92 imputados, y como refleja el juez Velasco en uno de los autos, el caso puede crecer aún más porque a Granados le rendían "pleitesía" políticos y funcionarios.

La Comunidad de Madrid: consejeros y diputados

En sus declaraciones ante el juez, el empresario David Marjaliza, el 'cerebro' de la trama, que llegó a acumular un patrimonio de 33 millones de euros, implicó a consejeros del nuevo equipo de Gobierno de Cristina Cifuentes y a diputados autonómicos. Según publicó El Español, Marjaliza dio el nombre de Jaime González Taboada, ex director general de Cooperación con la Administración Local, número 3 de la lista de Cifuentes en las elecciones del pasado junio y nuevo consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Y también el de Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares y diputado autonómico.

Ambos ya han anunciado acciones legales contra Marjaliza por injurias y calumnias. Cristina Cifuentes ha mostrado todo su apoyo a Taboada. Marjaliza implicó a González Taboada en un supuesto "reparto" de las obras financiadas por la empresa pública madrileña Arpegio dentro del plan Prisma, un plan planificado por Taboada como director general de Cooperación con la Administración Local. Granados, como consejero de Presidencia, ostentaba la presidencia de Arpegio. Sobre Bartolomé González, Marjaliza le acusa de haber cobrado 60.000 euros de la empresa Cofely por el contrato que esta sociedad de eficiencia energética se llevó en el municipio alcalaíno. La secretaria de Marjaliza, también imputada, ha ratificado las declaraciones del que fuera su jefe.

En su declaración ante la Guardia Civil, el empresario Marjaliza implicó a una diputada de Ciudadanos En el caso ya están imputados dos exconsejeros madrileños: Salvador Victoria y Lucía Figar. Las grabaciones intervenidas comprometen mucho a Victoria, ex número dos de Ignacio González en la Comunidad de Madrid. A Victoria se le investiga por pagar a un empresario de la 'Púnica' con dinero público a cambio de trabajos de reputación en Internet. En su comparecencia ante Eloy Velasco, Marjaliza también implicó a la exconcejal del PSOE de Valdemoro y actual diputada autonómica por Ciudadanos Eva Borox y a su marido, Raúl del Olmo, también integrado en el partido de Albert Rivera. Eva Borox fue expulsada del PSOE.

¿Financiación ilegal del PP valenciano?

Los investigadores sospechan que empresarios relacionados con la trama estaban dispuestos a financiar ilegalmente la campaña del PP valenciano en las elecciones de mayo. La Guardia Civil detectó dos conversaciones de Marjaliza que apuntaban a que pretendía entregar donaciones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas en los municipios de Calpe y Elche. Otro de los empresarios imputados, Alejandro de Pedro, comenta con Marjaliza que se ha reunido con "Zaplana", que los agentes identifican como el exministro del PP, y que tiene previsto hacerlo con el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, para tratar "el tema de campaña". Zaplaza intervino para que la trama consiguiera un contrato en Elche.

El presidente del PP valenciano, Alberto Fabra, que dejará el cargo en unos días, ha defendido que las cuentas del partido desde que asumió el cargo son "absolutamente transparentes". "Nos hemos ajustado a lo que legalmente nos podíamos gastar en campaña", ha dicho el dirigente, que ha agregado que "ahí está la fiscalización de todas las cuentas".

Contratos con Génova

Aunque el contrato no es muy elevado, un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario refleja que el PP nacional también contrató con una de las principales empresas de la trama: Eico Online, del empresario imputado Alejandro de Pedro. Según adelantó El Confidencial, Génova pagó 4.840 euros por lo servicios de reputación en Internet y redes sociales que ofrecía esta empresa. Los mismos servicios que han provocado las imputaciones de los exconsejeros madrileños Salvador Victoria y Lucía Figar.

Las maniobras de Aznar para que no le salpique el caso

En otra de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, se evidencia cómo el expresidente del Gobierno José María Aznar también habría intervenido para apartar de su entorno a una de las personas investigadas ante la sospecha de que estuviera implicada en actividades irregulares. En un pinchazo telefónico realizado en junio de 2014, Granados recibe una llamada de María Victoria Cristóbal Araujo, antigua asesora del propio exconsejero, concejala en Majadahonda y entonces en la Fundación FAES, que dirige Aznar.

Granados y una colaboradora suya hablan por teléfono de que Aznar la quiere echar de la fundación FAES Según la transcripción, María Victoria le comenta a Granados que "Aznar le ha pedido a Lasquetty [entonces consejero madrileño] que le diga a Pablo [probablemente Casado, entonces a las órdenes de Aznar en FAES] que retire a Viki [Cristóbal] de la fundación, que está un escándalo muy gordo de ella por salir y que le pedía de forma encarecida que la apartase de todos los proyectos y de toda la historia". María Victoria le cuenta a Granados que Aznar conoce toda la historia, "lo del piso, lo del coche, todo", y que se los había regalado él. En su momento se publicó que María Victoria había encargado el espionaje a Ignacio González por parte de la agencia Método 3 (presuntamente pagado por Marjaliza).

Por todo esto, Aznar quería apartarla de la fundación y se lamentaba de que quisiera "joderle la vida" y ponerle una "cruz" porque "había matado a Manolete". Granados se muestra indignado por el hecho de que se vaya diciendo que él la había regalado un piso y un coche. "Manda huevos que le diga que yo te he regalado el piso. Es que me parece la polla", se queja.

En una nueva conservación, María Victoria se defiende y asegura que va a enseñar a un tal "Pablo" [seguramente Casado] las escrituras de la casa para demostrar su inocencia, y que intentará buscar nuevo empleo en un proyecto con la embajada de Rusia. Granados le contesta que había pensado en hablar con "Esperanza" para "amenazarla" y contarle todo, pero que tampoco quiere "requemar el asunto" pese a que está "hasta los cojones" porque es posible que sólo la perjudique a ella. En su defensa, María Victoria le informa de que ha pensado ir a un notario y contar "lo de los espías", en referencia al caso de espionaje en la Comunidad de Madrid.

Petición de favores al ministro De Guindos

Meses antes de ser detenido, Granados llamó al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, para interesarse por la privatización del organismo público Aeropuertos y Navegación Aérea (AENA). En julio de 2014 Granados trabajaba en el banco Société Générale, y se puso en contacto con De Guindos para preguntarle "quién llevaba en su ministerio lo de la privatización de AENA". Se suceden algunas llamadas sobre este tema e incluso Granados asegura que cenará con el ministro, con el que ha hablado de varios temas, entre ellos la venta de Bankia, que según parece interesa a Granados incluso para comprarla (tiene que hablarlo antes con Donato González, cabeza visible de Société General en España). 

Mejorar la imagen de Ana Botella

El nombre de la exalcaldesa de Madrid y esposa de Aznar también aparece en el sumario. El empresario imputado Alejandro De Pedro realizó "trabajos de reputación" en redes sociales para Ana Botella, un trabajo que logró gracias a la mediación del exministro Eduardo Zaplana y del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (PSOE). Así consta en un informe de la Guardia Civil, que asegura que la empresa Madiva, propiedad de De Pedro, también se encargó de "la creación de diarios digitales" en Madrid para favorecer la reputación de políticos madrileños.

El sumario revela que el empresario Alejandro De Pedro realizaba trabajos de reputación para políticos que generaban una deuda de favor El informe considera "constatado" que De Pedro realizaba "trabajos de reputación en la red para autoridades y cargos electos que generan una deuda a su favor" que se sufragaba por "procedimientos irregulares". Entre ellos se citan "el pago directo o la facturación de terceras empresas, adjudicatarias de la Administración", la inclusión del coste de estos trabajos de reputación en "contratos públicos previstos para otro propósito" o el beneficio directo a De Pedro en "ulteriores procedimientos de contratación pública".

El concreto, De Pedro realizó trabajos para la Comunidad de Madrid, las Diputaciones de León y Alicante y los ayuntamientos de Valencia, Castellón de la Plana, Majadahonda y Coslada (Madrid), Gandía (Valencia), Denia, Benissa y Villajoyosa (Alicante), y Cartagena (Murcia).

Los tentáculos municipales

Los investigadores están analizando ingente documentación de tres de las principales empresas de la trama: Cofely (eficiencia energética), Waiter Music (eventos musicales y festivos) y Eico (reputación online). Y sobre todo, los contratos que estas empresas han firmado con ayuntamientos, sobre todo madrileños, donde la influencia de la trama era mayor. Los pinchazos telefónicas revelan conversaciones entre representantes de Cofely con los alcaldes de Sevilla la Nueva, Móstoles, Griñón, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco, Collado Villalba, Serranillos del Valle, Ciempozuelos, Parla, Alcobendas, Coslada y Moraleja de Enmedio. Solo la web de Waiter Music presumía de trabajar para 26 municipios de la Comunidad de Madrid.

Como ya publicó 20minutos, la Guardia Civil está investigando los contratos que más de 40 Ayuntamientos y empresas públicas firmaron con empresas de la trama, y ha puesto la lupa sobre 200 altos cargos y funcionarios que intervinieron en esas adjudicaciones. Entre ellos, seis personas que están en la lista electoral de Cristina Cifuentes y que han sido elegidos diputados tras los resultados electorales del 24-M. Se trata de Juan Soler (Getafe), Antonio González Terol (Boadilla), Pedro Rollán (Torrejón de Ardoz), Ignacio García de Vinuesa (Alcobendas), David Pérez (Alcorcón) y Daniel Ortiz (Móstoles). Como publicó La Cadena Ser, hay comprometidas conversaciones entre David Marjaliza y el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa. El exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz ha negado las acusaciones.

Por su parte, el empresario Alejandro de Pedro, dueño de Eico Online, detalló una reunión entre él, David Marjaliza y el exalcalde de Coslada Raúl López, en la que Marjaliza le explicó al entonces primer edil que su comisión "dependería de los actores necesarios para adjudicar el contrato".

También en Murcia y Valencia

Alejandro de Pedro también reconoció ante la Guardia Civil amaños en adjudicaciones a sus empresas y el pago por parte de la red de comisiones a alcaldes, que variaban en función de cuánta gente estaba involucrada en la contratación. El empresario habló de contratos amañados en Murcia adjudicados a sus empresas a instancias del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (imputado). También en Murcia, admitió que se pactó "la realización de dos contratos en la Consejería de Industria" para "favorecer los intereses personales" del exconsejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, también imputado.

En la comunidad valenciana, la Guardia Civil ya ha registrado los ayuntamientos de Gandía, Denia, Valencia y Castellón. En Gandía, por ejemplo, la nueva alcaldesa, la socialista Diana Morant, ha acusado a su predecesor en el cargo, el 'popular' Arturo Torró, de "ocultar a la Guardia Civil facturas por valor de 880.000 euros" relacionadas con el caso.

En León, contactos con la dirección del PP y el primo de Rajoy

Los tentáculos de la trama también llegaron a la Diputación de León, donde está imputado el expresidente Marcos Martínez. Este era amigo del empresario Alejandro de Pedro, y la relación entre ellos fue fructífera. De Pedro quería contratos con la Diputación y a cambio De Pedro movía sus contactos para que la dirección del PP apoyará a Martínez para mantener el poder en el PP leonés y optar de nuevo a la Presidencia de la Diputación. De Pedro aseguró a Martínez que movería sus hilos para que Cospedal le apoyara. La Guardia Civil también afirma que De Pedro hizo trabajos de posicionamiento en internet para la expresidenta Isabel Carrasco [asesinada a tiros] en base a un contrato público.

El primo hermano del presidente del Gobierno, Agustín Rajoy, concejal de Hacienda en León, también aparece mencionado en las conversaciones recogidas en el sumario. En otra grabación, Alejandro de Pedro llama a Marcos Martínez para preguntarle si le "puede organizar cenas con gente del partido". Marcos responde que sí, pero que tenga en cuenta que va con dos personas más, que son de confianza, que uno es el primo del presidente, Agustín Rajoy, y el otro Ricardo Gabilanes, que también es concejal.