El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha reducido a un delito contra la Hacienda Pública la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por la que fue detenido el pasado 16 de abril, sin que "por ahora" haya indicios de blanqueo o alzamiento.

Lo ha hecho en un auto en el que rechaza el recurso que interpuso la Asociación de Abogados Demócratas (Adade) contra su decisión de no admitir que se persone como acusación popular en este procedimiento porque la "relevancia social" del exministro de Economía no es requisito suficiente para ello.

"De lo actuado hasta ahora, la única causa diferenciadora de especial relevancia" a la que alude la asociación para formar parte de la causa "no es otra que la significación social y, por ello, mediática del denunciado", lo que resulta "a todas luces insuficiente" para admitir su personación, sostiene.

Y el hecho de que se haya permitido en otras causas no debe tener, "per se, efectos desvirtuadores" en ésta.

Según recuerda en su resolución, la Audiencia Provincial de Madrid ya descartó que el expresidente de Bankia hubiera podido cometer un delito de alzamiento de bienes, que sería el que podría tener una relación "genérica" con "los casos más importantes de corrupción" que dice perseguir Adade.

"El único delito que empieza a aparecer perfilado es el de contra la Hacienda Pública", subraya el magistrado, que explica que se trata de "un delito determinado sin relación —por ahora— con hechos que se puedan relacionar con actos de corrupción".

Así, considera que el perjudicado "concreto" del mismo "es el Estado, representado por la Abogacía del Estado", que ya ha pedido personarse.

En la denuncia inicial que dio origen a esta investigación, la Fiscalía de Madrid acusaba a Rato de cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento de bienes.

Llegó a esta conclusión tras recibir un informe de la Agencia Tributaria en el que alertaba de los "riesgos" de que Rato pudiera ocultar pruebas o destruir documentos relacionados con operaciones de blanqueo y alzamiento de bienes y su intención de ocultar sus ingresos, motivos por los que Hacienda llegó a pedir su detención.

Una detención que se materializó el pasado 16 de abril en el domicilio del exbanquero mientras los agentes de Aduanas efectuaban el registro, que continuaron después en su despacho, aunque con Rato ya en libertad a petición de la propia Fiscalía de Madrid.

Después, al asumir la competencia del caso, la Fiscalía Anticorrupción señaló que el de blanqueo no estaba "mínimamente aquilatado", a lo que la Audiencia madrileña añadió que "no se sostiene" la acusación de que Rato podría haber ocultado sus bienes para evitar el pago de la fianza del "caso Bankia".

Por esta causa, el juez ordenó el embargo de todas las cuentas del ex director gerente del FMI, que deberá abonar una fianza de 18 millones si quiere levantar el bloqueo.

El que fuera llamado a suceder a José María Aznar al frente del PP ha recurrido esta medida cautelar, sobre la que la Audiencia Provincial de Madrid se pronunciará próximamente, han informado a Efe fuentes jurídicas.