Miles de familias han perdido su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios en los dos últimos años. En concreto, entre enero de 2012 y junio de 2014, el Banco de España documentó un total de 97.577 desalojos hipotecarios de viviendas habituales ejecutados, de los que 52.000 se derivaron de un procedimiento judicial, según ha denunciado este martes Amnistía Internacional en un informe titulado Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España.

El documento señala que "la mayoría de los desalojos afectan a casas construidas y compradas durante la etapa de bonanza económica de la década hasta 2008". "La vivienda en propiedad se consideraba una inversión segura y las hipotecas se convirtieron en un producto muy atractivo para el sector financiero", explica. 

En 2014, Cataluña fue la comunidad autónoma donde se produjeron más desalojos (15.606) seguida de Valencia (10.471), Andalucía (10.344) y Madrid (7.966) La organización en defensa de los derechos humanos denuncia en el informe que entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado en nuestro país 598.747 procesos de ejecución hipotecaria, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Estos datos, sin embargo, no concretan si se trata de una vivienda o un local comercial. Y todo ello pese a que el 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en España, que cuenta con un total de 3,44 millones, según el último censo realizado por el Intituto Nacional de Estadística en 2011.

El documento de Amnistía Internacional también indica que en España hay más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública. Pese a ello, la vivienda social en nuestro país solo representa un 1,1% del total, frente al 32% de Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% de Reino Unido y el 17% de Francia, entre otros. "Las autoridades españolas no han respondido suficientemente a la crisis económica y al consiguiente aumento del número de desalojos con políticas públicas proactivas para proteger y realizar el derecho a la vivienda", sostiene el documento.

El informe se centra especialmente en Madrid y Cataluña, a la cabeza en número de lanzamientos. En 2014, Cataluña fue la comunidad autónoma donde se produjeron más desalojos (15.606) seguida de Comunidad Valenciana (10.471), Andalucía (10.344) y Madrid (7.966). Amnistía Internacional ha detectado que "las autoridades públicas de Madrid y Cataluña están adoptando medidas regresivas injustificadas sobre el derecho a la vivienda". Entre ellas, destaca la "venta de viviendas sociales a sociedades de inversión".

Medidas gubernamentales "insuficientes"

Con la crisis, el Estado tambien ha reducido su apoyo a la vivienda pública. Entre el año 2009 y el 2015, el gasto público de vivienda se ha reducido en los Presupuestos Generales del Estado en más de un 50%. Según Eurostat, las ayudas a la vivienda descendieron de 40,95€ por persona en 2008 a 27,79 en 2012. La medida en la Unión Europea fue de 134,65€ en 2012.

Tampoco han funcionado las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno desde 2012 dirigidas a mejorar la situación de las familias en riesgo de perder su vivienda. El Ejecutivo ha establecido un Código de Buenas Prácticas para los bancos y una ley de segunda oportunidad que Amnistía Internacional considera "insuficientes", ya que ha beneficiado únicamente a 31.500 familias: "La legislación no prevé un mecanismo obligatorio que garantice la igualdad de condiciones en la negociación entre las familias y las instituciones financieras, algo fundamental para garantizar que sólo se recurre al desalojo como último recurso".

Con todos estos datos, Amnistía Internacional concluye que el derecho a una vivienda corre peligro en España debido a que "las autoridades competentes no ha adoptado las medidas oportunas para proteger y hacer efectivo este derecho", recogido en la Constitución. La organización considera además que "deben habilitarse mecanismos jurídicos y judiciales que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios". Por último, solicita un mecanismo que vigile la negociación entre bancos y familias, para garantizar que el desalojo es realmente el último recurso.

"Nos marchamos con algo de ropa y poco más"

Una de las miles de caras de este drama social es la de Maritza. En 2007 compró una casa junto a su compañero Darwin José, con quien tiene dos hijos: Alexandra (11 años) y Aitor (2). Por entonces, ambos trabajaban y sus ingresos mensuales eran de 2.400 euros. El banco les ofreció una hipoteca de 248.000 euros. Pero todo se complicó cuando perdieron el trabajo y tuvieron que hacer frente mensualmente al pago de su hipoteca, que rondaba los 1.267 euros.

Dejaron de pagar en 2008 y la entidad bancaria los demandó por impago. Perdieron su casa en la ejecución hipotecaria, pero conservaron una deuda de 120.000 euros. "Nos marchamos con algo de ropa y poco más. La mayoría de nuestras cosas se quedaron adentro", recuerda Maritza, que abandonó la vivienda el 4 de noviembre de 2009 de forma voluntaria para ahorrarle el sufrimiento a su hija. 

Desde entonces, ella y su familia han ido de un sitio a otro. Primero encontraron techo junto a unos familiares y posteriormente se mudaron a un piso compartido por 230 euros al mes. Vieron un poco de luz cuando un vecino les prestó una vivienda que tenía vacía, donde solo pagaban el agua y la luz. "Me he sentido muy sola. Sólo mi vecino nos ha ayudado realmente. Nadie más", dice entre lágrimas Maritza, que lleva años en lista de espera para una vivienda social y ahora trabaja cuidando ancianos por la noche. "Mi casa es un sueño inalcanzable. Sobre todo, me duele por mis hijos", concluye.