El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto ley de ayudas para paliar los efectos de las últimas inundaciones, que superan los 100 millones de euros, según cifras provisionales, ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

El decreto ley prevé la cobertura de los daños ocurridos como consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos entre el pasado mes de enero y el 31 de mayo, ha dicho la vicepresidenta y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras la reunión del Consejo de Ministros.

También incluye los efectos causados por la crecida del río Ebro, la peor de los últimos veinte años, que ha afectado principalmente a Zaragoza.

Ambos han afirmado que a pesar de que la evaluación de los perjuicios aún no es completa y que los efectos todavía persisten en algunas zonas, son necesarias "acciones urgentes" para iniciar las reparaciones de bienes públicos y conceder las ayudas a los particulares. Las administraciones afectadas calculan que el cómputo total de los daños gira en torno a 105 millones de euros.

Uno de los montantes más importantes previstos en el real decreto ley serán 25 millones de euros destinados a la limpieza de los cauces y del dominio público hidráulico, ha añadido el ministro del Interior. Sólo quedan exentos de la norma Ceuta, Melilla, Canarias, Extremadura y la Comunidad de Madrid

Junto a este medida, el Consejo de Ministros ha autorizado hoy un crédito extraordinario de 850 millones de euros para este ejercicio y 180 millones para 2016 destinado a financiar la ayuda de 426 euros al mes a parados de larga duración con cargas familiares, que han agotado todas las prestaciones.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el crédito (1.030 millones en total) permitirá financiar la ayuda económica de acompañamiento para parados de larga duración del programa de activación del empleo, aprobado en diciembre de 2014.

La vicepresidenta ha explicado que la financiación de estas ayudas se hace a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas que tienen que hacer frente a las acciones de inserción, incluidas en el programa. La nueva ayuda se puede solicitar desde el pasado 15 de enero y hasta el 15 de abril de 2016 y tiene un universo de posibles beneficiarios cercano a los 450.000 parados.

La duración máxima de la ayuda es de seis meses, si bien las acciones de inserción previstas en el programa pueden continuar con posterioridad a ese plazo.

La cuantía de la ayuda será igual al 80 % del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento.

Esta ayuda es compatible con el trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial, y de duración indefinida o temporal, hasta un máximo de cinco meses, siempre que se desarrolle en empresas o entidades que no formen parte del sector público.

Durante este tiempo, el empresario descontará la cuantía de la ayuda económica del importe del salario que corresponda percibir al trabajador, de manera que el coste laboral esté cofinanciado entre la empresa y el servicio público de empleo.