El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha evitado opinar, apelando a la independencia judicial, sobre las diferencias entre la Fiscalía de Cataluña y la Fiscalía General del Estado en torno al 9-N, aunque ha confiando en que la Fiscalía cumplirá con su misión constitucional de defender la legalidad.

Fernández Díaz se ha referido así, a preguntas de los periodistas tras inaugurar el III Congreso Nacional de Seguridad Privada, a la decisión de la Fiscalía Superior de Cataluña de oponerse a presentar una querella por el proceso participativo del 9-N, a pesar de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torrres-Dulce, ha dado instrucciones en ese sentido.

Ante esta discrepancia interna, Torres-Dulce ha convocado para este miércoles una junta de fiscales de sala con el fin de avalar su decisión de presentar la querella contra los responsables políticos de la consulta, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional en dos ocasiones.

El ministro ha dicho que la posición del Ejecutivo es la que establece la Constitución en su artículo 124, en el que se desarrolla el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que según ha recordado dice que "la Fiscalía tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, en defensa de la ley".

"La Fiscalía actúa bajo las ordenes del fiscal general del Estado, bajo el criterio de unidad de acción y de jerarquía, con autonomía del Gobierno", ha subrayado, y ha explicado que no iba a entrar en más detalles "precisamente por respeto a esa autonomía y a las normas".

Únicamente ha añadido que el tiene "plena confianza" en que "la Fiscalía podrá cumplir con la misión que constitucionalmente tiene establecida".

Ha precisado que lo hará "desde su autonomía y con absoluta sujeción a lo que la Constitución y su propio Estatuto Orgánico le encomiendan", que según ha incidido es "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad".

El ministro ha concluido recordando que algunas personas consideran que el 9-N se violó la ley, y corresponde a la Fiscalía determinar si fue así y, en su caso, qué delitos se pudieron cometer.

Preguntado sobre si la Policía está llevando a cabo ahora algún trabajo relacionado con la consulta, el ministro ha dicho que "los únicos trabajos que está realizando serán aquellos que se le soliciten para esclarecer o aportar información que pueda ser de interés para las diligencias informativas o de investigación que el sábado previo al 9-N abrió la Fiscalía Superior de Cataluña".

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha considerado "inviable" jurídicamente querellarse contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un supuesto delito de desobediencia al organizar el 9-N.

El posicionamiento de la fiscalía catalana se había perfilado en dos reuniones celebradas el viernes y el lunes, en las que los nueve miembros de esta institución se centraron en valorar la viabilidad de acusar a Mas de un único delito: el de desobediencia.

El debate comenzó el viernes y, al no llegar a un consenso -"dos o tres" de los nueve fiscales sí veían viable acusar a Mas de desobediencia-, la reunión continuó el lunes por la mañana, cuando por unanimidad se posicionaron en contra de presentar la querella.

Todo esto sucedió después de que la fiscalía catalana desechara la semana pasada aceptar un borrador de querella que les había remitido la Fiscalía General del Estado, en el que se apuntaba a Mas y a la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, no solo por desobediencia sino también por prevaricación y usurpación de funciones.

Fuentes judiciales han asegurado que los fiscales catalanes consideraron entonces que no había argumentos jurídicos para acusarlos de prevaricación e incluso vieron "extravagante" intentar incluir el delito de usurpación de funciones.

Más tarde los fiscales catalanes decidieron reunirse para valorar si podría actuarse por desobediencia, y en este aspecto se centraron en las dos reuniones hasta que optaron por consenso aparcar la querella. Esta es la negativa que llevó a Torres Dulce a convocar para este miércoles una Junta de Fiscales de Sala -cúpula fiscal-, dadas las discrepancias entre los fiscales catalanes y el propio fiscal general.

La decisión que adopte la Junta de Fiscales de Sala será, en todo caso, no vinculante, y la decisión última dependerá de Torres-Dulce, que trata así de obtener el respaldo de la cúpula del Ministerio Público en una actuación rechazada por los fiscales catalanes.

La fiscalía catalana tiene abiertas desde el 8 de noviembre, víspera del proceso participativo, unas diligencias de investigación ante la realización de actos, como cesión de locales públicos, elaboración de papeletas o distribución de urnas por parte de la Generalitat contrarios a la suspensión cautelar dictada por el TC.

Fuentes judiciales han recordado que el asunto ya está judicializado también porque el TSJC, que sería el competente para tramitar acciones contra Mas y los miembros del Govern, ha recibido ya las primeras doce denuncias presentadas en diferentes juzgados catalanes contra el Govern por el presunto delito de desobediencia al haber impulsado la consulta alternativa.

Precisamente, el TSJC trasladará estas denuncias a Fiscalía para que informe sobre si considera procedente admitirlas a trámite y, tras ello, el tribunal tomará una decisión sobre las mismas.