María Zaplana
La hija de Eduardo Zaplana, en su imagen de perfil de Twitter. TWITTER

María Zaplana, hija del exministro de Trabajo y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana, se encuentra entre las 26 personas a las que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

La investigación se instruye en el marco de la causa abierta por irregularidades en el entramado societario encabezado por el hijo menor del expresidente de la Generalitat catalana, Oleguer Pujol, según han informado fuentes jurídicas.

El magistrado, que ordenó el pasado jueves registros en distintas viviendas y oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia y Melilla relacionadas con el menor de los Pujol, investiga a la hija de Zaplana por su relación con algunas de las empresas de su marido, el antiguo socio de Oleguer y fundador de la gestora Drago Capital, Luis Iglesias. Según han informado fuentes jurídicas, a María Zaplana se le atribuyen los delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública, los mismos que a su marido y al hijo de Jordi Pujol.

Pedraz ha recibido denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra un total de 26 personas físicas y 40 sociedades. Intenta aclarar el origen de los fondos con los que se adquirieron 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones, la compra de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, la de un hotel en Canarias y operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa Division Inmobiliaria.

Sin secreto de sumario

El juez ha levantado el secreto de sumario de la causa y ha aceptado la personación de Podemos, una de las organizaciones que presentó la querella contra los Pujol en base a la que Pedraz comenzó su investigación. La Policía Nacional detuvo el pasado jueves a Oleguer Pujol y registró su casa de Barcelona y quince empresas vinculadas a él de Madrid, Valencia y Melilla.

La Fiscalía pone en cuestión la legalidad de siete operaciones inmobiliarias de miles de millones de euros realizadas por Oleguer Pujol con dinero de origen desconocido.

También se indagan ampliaciones de capital entre sociedades (residentes fiscales en España y no residentes), inversiones que no parecen tener financiación suficiente e hipotecas como garantías de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía.