El Govern ha decidido este martes adoptar las medidas que se derivan de la resolución del Tribunal Constitucional para garantizar la "seguridad jurídica", lo que conlleva suspender la campaña institucional de la consulta. Sin embargo, tanto el Ejecutivo de Artur Mas como el Parlament de Catalunya presentarán alegaciones a la decisión del Alto Tribunal y pedirán el levantamiento de la suspensión cautelar de la Ley de Consultas y la convocatoria del 9-N.

"La ley de consultas es una ley general, ad hoc, no es la ley de la consulta como dicen a nivel español" y su suspensión crea perjuicios porque afecta al interés general", ha asegurado la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, tras la reunión que ha mantenido la Mesa del Parlament para analizar la decisión del TC, que admitió a trámite los recursos del Gobierno, lo que conllevó la suspensión automática de la ley. "No entra en el contenido sino en la forma", ha recalcado.

La Cámara catalana defenderá en sus alegaciones la constitucionalidad de la ley de consultas, aprobada por "una mayoría muy importante, de 106 votos a favor y 6 en contra", que se quiere usar el 9-N para "pedir la opinión de los catalanes sobre el futuro de Cataluña". En este sentido, ha indicado que, en su opinión, el fallo del Alto Tribunal sobre la declaración de soberanía sostenía que "el derecho a decidir se puede ejercer".

Por su parte, la Generalitat ha ordenado paralizar "de forma cautelar y temporal" la campaña institucional sobre la consulta soberanista, pero el portavoz del Govern y consejero de Presidencia, Francesc Homs, ha asegurado que el proceso hacia la consulta continúa, que pedirá el levantamiento de la suspensión cautelaren las próximas horas y, en pocos días, las alegaciones sobre "el fondo". Además, ha recordado que la ley no está anulada sino suspendida.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha afirmado que "las responsabilidades las debe asumir el Govern" y no los funcionarios, cuya seguridad jurídica quiere preservar el Ejecutivo. "Lo que no podemos en este contexto es poner contra las cuerdas a funcionarios de la administración de la Generalitat o local o a particulares", ha dicho Homs, quien ha advertido que quien difunda elementos de la campaña desde ahora lo hará bajo su responsabilidad.

Sin embargo, "si alguien se pensaba que con lo que pasó el lunes todo se pararía y quedaría liquidado, el mensaje que queremos dar por parte del Govern es que el lunes no acabó nada", en referencia a la suspensión. Por eso, ha pedido al Alto Tribunal que decida sobre las alegaciones del Govern tan rápido como ha decidido sobre los recursos del Gobierno a la Ley de Consultas y a la convocatoria del 9-N.

Asimismo, Homs ha informado de que el presidente de la Generalitat mantendrá en los próximos "dos o tres días" encuentros con los líderes de los partidos proconsulta, aunque no ha detallado cómo serán estas reuniones, que pueden ser bilaterales o conjuntas. También ha destacado la importancia de la movilización ciudadana junto con la unidad política para que el proceso soberanista siga adelante y no genere "interrogantes". Así se ha referido al llamamiento que han hecho la Assamblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium Cultural a concentrarse ante los ayuntamientos contra la suspensión.

Este miércoles el Parlament debe elegir a los miembros de la comisión de control, que estará formada por siete juristas y politólogos que velarán por el correcto funcionamiento de las consultas, como una junta electoral. Al ser preguntada por la cuestión, De Gispert ha explicado que el orden del día no se ha modificado pese a la petición de Ciutadans. "Ha cometido un error de bulto", ha dicho, en referencia a que la Mesa no tiene competencias para modificar los temas a tratar (deben hacerlo la Junta de Portavoces o el Pleno) y deben pedirlo dos o más grupos o más de dos tercios de los diputados. En cualquier caso, abordar esa cuestión "será una decisión política, no jurídica", ha agregado.

Posteriormente, el PSC y PP han informado de que pedirán a los servicios jurídicos del Parlament un informe sobre si la Cámara puede debatir en el pleno la composición de la comisión como pretenden los cuatro grupos que pactaron la fecha y la pregunta de la consulta (CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP). A la espera del documento, socialistas y populares han pedido que se retire ese punto del orden del día, reclama C's.

El presidente del grupo de CiU, Jordi Turull, ha explicado que no tienen intención de modificar el orden del día y ha asegurado que esto "no es un acto de desobediencia" porque este miércoles solo se hará una propuesta de nombres. "El trabajo hecho no molesta", ha agregado confiado en que el TC levantará la suspensión y resolverá que la ley y el decreto son "totalmente legales"

Por otro lado, la suspensión de la ley de consultas ha obligado a modificar el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Lleida sobre el 9-N, en el que finalmente no se votarán las mociones de apoyo para no vulnerar las resoluciones del TC.