El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado la impugnación presentada por el Gobierno contra la declaración soberanista aprobada por el Parlament de Cataluña en enero de 2013, han señalado fuentes de este órgano.

La decisión se ha adoptado antes de que llegaran al tribunal de garantías las recusaciones que el Parlament tenía previsto presentar contra tres de sus magistrados, entre ellos el presidente, Francisco Pérez de los Cobos, por falta de imparcialidad respecto de este asunto.

La discusión de este asunto en el Pleno, que no lo incluía en su orden del día, se ha producido apenas unos días después de que el órgano se completara con la incorporación del magistrado Roberto Enríquez, designado por el Senado.

El Consejo de Ministros acordó impugnar ante el alto tribunal esa declaración por entender que su contenido "no sólo no es compatible" con la Carta Magna sino que "produce efectos", al plantear el inicio de un proceso "para el que mandata a poderes públicos y ciudadanos", según explicó en su día vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El tribunal ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo, de manera que declara "inconstitucional y nulo" el principio primero de la declaración, según el cual "el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano".

El TC considera que este principio vulnera los artículos 1.2 (que declara que la soberanía reside en el pueblo español) y 2 (que recoge la unidad de la nación española) de la Constitución, así como los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establecen que Cataluña ejerce su autogobierno y la Generalitat sus poderes de acuerdo a la Carta Magna.

Por otra parte, el tribunal declara constitucionales las referencias al "derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña", ya que considera que pueden ser interpretadas de conformidad con la Carta Magna, puesto que no consagran un derecho de autodeterminación no reconocido en la Constitución.

El TC cree que estas referencias al derecho a decidir suponen una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de "legitimidad democrática, pluralismo y legalidad" expresamente proclamados en la declaración en estrecha relación con el "derecho a decidir".

La sentencia del alto tribunal, cuya ponente es la vicepresidenta del órgano, Adela Asua, considera así inconstitucional la declaración soberanista aprobada el 23 de enero del año pasado por el Parlament catalán, que fue apoyada por el 63% de los diputados de la cámara autonómica.

La Abogacía del Estado recurrió en abril de ese año la decisión del Parlament argumentando que representaba un "desafío abierto" a la Constitución, y advirtió de que unos comicios en una comunidad autónoma jamás pueden ser plebiscitarios.

La declaración de soberanía del Parlament, con el voto de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, proclamó que Cataluña tiene carácter de "sujeto político y jurídico soberano" y abogó por el "derecho a decidir", es decir, celebrar una consulta de autodeterminación.

El Gobierno argumentó en su recurso que dicha "resolución tiene efectos políticos y jurídicos" y no es una mera declaración de principios, subrayó que esta iniciativa "se caracteriza por constituir un desafío abierto contra la Constitución y especialmente contra una de sus cláusulas capitales", el artículo 1.2, que declara que la soberanía reside en el pueblo español.  El recurso recordaba que "sólo una decisión de la soberanía del pueblo español podría reconocer de manera constitucionalmente válida la soberanía del pueblo de Cataluña"

El portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, ha afirmado este martes que a su partido "no le merece ningún respeto" la sentencia del Tribunal Constitucional, porque está hecha por "agitadores políticos que han atizado la catalonofobia".

Turull ha recordado que esta mañana la mayoría de grupos del Parlament ya habían decidido presentar una nueva petición de recusación del presidente del TC y de varios magistrados por haberse posicionado anteriormente en contra del proceso soberanista catalán o por su militancia en el PP, en el caso del propio presidente.

"Ahora, ¿qué nos sugiere que hagamos el TC?", se ha preguntado el portavoz de CiU, porque con su resolución "¿nos está indicando que tiene más libertad de expresión una asociación de amigos, un club de recogedores de setas o una asociación de propietarios, que no el Parlament?", se ha vuelto a preguntar.

Según el portavoz de CiU, "sencillamente es lamentable, y el TC una vez más, vuelve a demostrar que no es un órgano jurídico, sino político, que decora jurídicamente sus resoluciones", por lo que estas últimas "no nos merecen ninguna credibilidad y pierden toda legitimidad".

"Algunos de los magistrados que han dictado esta resolución han hecho de agitadores políticos y han hecho gala de su catalanofobia en varias ocasiones -ha acusado Turull- por lo que, por sentido común, no hubieran tenido que deliberar en casos que afecten al proceso que lleva a cabo el pueblo de Cataluña para ejercer su derecho a decidir".

La portavoz parlamentaria de Ciutadans, Carina Mejías, ha asegurado este martes que los miembros de esta formación política están "satisfechos" con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular por unanimidad la declaración de soberanía del Parlamento catalán.

Mejías ha dicho que esta resolución demuestra que el Govern está actuando "en contra del ordenamiento jurídico" y cree que éste debería "actuar conforme a la Constitución y ponerse a trabajar en beneficio del conjunto de los catalanes".

El portavoz parlamentario del PPC, Enric Millo, ha opinado que la sentencia debe "poner punto final" al "camino sin salida" del proceso soberanista, por lo que ha pedido al president Artur Mas que "reflexione".

"Debe poner punto y final al camino sin salida al cual pretenden abocar al conjunto de la sociedad catalana, que tiene otros problemas importantes a resolver, pero lo que, antes de nada, Mas debe rectificar el rumbo en el que nos han puesto", ha señalado en rueda de prensa en el Parlament. Millo ha expresado la "satisfacción" de los populares por la unanimidad de la decisión, y ha opinado que la resolución "pone nuevamente el contador a cero y es necesario del todo una reflexión sobre el significado de esa unanimidad".

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Pere Aragonès, ha afirmado que la resolución del tribunal "no tendrá ningún efecto", y que "la hoja de ruta hacia la consulta no debe moverse ni un milímetro". Según Pere Aragonès, "la resolución no tendrá ningún efecto jurídico, puesto que lo que aprobó el Parlament con una amplia mayoría es una resolución de soberanía que expresa una voluntad política y las voluntades políticas no se pueden anular".

En su opinión, lo que ha hecho el TC "es entrar en el juego de la ideología y de los parlamentos", ante lo cual "la respuesta tiene que ser seguir como teníamos previsto, no movernos ni un milímetro en la hoja de ruta hacia la consulta aprobada por este Parlament, no sólo por mayoría absoluta, sino que llega a casi las dos terceras partes" de la Cámara autonómica.

Según este mismo portavoz republicano, "la opinión expresada por todo un Parlamento con una mayoría amplísima tiene mucho más valor que una decisión adoptada por doce personas designadas a dedo por dos partidos, PP y PSOE". Según Pere Aragonès, en cualquier caso, la respuesta más efectiva al TC "no la darán unos diputados encerrados en un despacho, sino la gente en la calle el 9 de noviembre votando en favor de la independencia de Cataluña".

El Gobierno ha expresado su respeto y acatamiento a la sentencia del Tribunal Constitucional. Fuentes oficiales del Ejecutivo se han limitado a hacer esa valoración de la decisión del Tribunal Constitucional que ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno ante esa declaración del Parlamento catalán. Otras fuentes del Gobierno han insistido en el respeto a la decisión del Tribunal Constitucional y han señalado que siempre es satisfactorio que se acepten los argumentos que expone el Ejecutivo ante cualquier cuestión que se encuentre en los tribunales.