El efecto de las tasas judiciales y el final de la fase más dura de la crisis económica, sobre todo en lo que se refiere al aluvión inicial de despidos masivos, han hecho descender el número de asuntos que entran en los juzgados de Valencia. Este es el diagnóstico que hace el decano de los jueces de la ciudad, Pedro Viguer, que este jueves ha presentado la estadística de reparto de asuntos registrada hasta el 31 de julio de este año.

Cuando Viguer afirma que quizá estemos "viendo luz al final del túnel" de la crisis lo hace remitiéndose a los datos de demandas por despidos, que han caído un 33%, hasta las 4.655, respecto a los siete primeros meses de 2013. Otros datos positivos son el descenso de los concursos de acreedores, del 21,7%, y las demandas de ejecución de créditos bancarios y pólizas, que se reduce un 12%.

Sin embargo, la otra cara de la moneda está en el aumento de las ejecuciones hipotecarias (desahucios), cuyas demandas interponen principalmente las entidades financieras, del 36%, hasta los 964 asuntos. A ello hay que unir las demandas por preferentes, que suman 3.550 casos desde el inicio de 2013, cuando empezó a llegar un auténtico aluvión a los juzgados de la capital valenciana.

"Esta cuestión nos preocupa porque entran unas 200 demandas al mes y un juez puede dictar al año alrededor de 350 sentencias sobre este asunto", explica Pedro Viguer, quien añade que para los próximos meses hay ya 600 vistas señaladas sobre esta problemática. "Si no fuera por esta entrada masiva de demandas por participaciones preferentes, actualmente el registro de entrada en la jurisdicción civil se habría regularizado bastante", ha matizado el decano.

Fuera del ámbito estrictamente económico, aunque también relacionado, están los asuntos de familia. En este campo, destaca el aumento en las demandas para modificar medidas establecidas en los divorcios (sobre todo pensiones alimenticias a hijos y régimen de visitas). Entre 2010 y 2013, este tipo de asuntos se han disparado un 65%, y en el presente año acumulan un aumento del 7,6%.

Viguer apunta a que esta subida es consecuencia "de la crisis económica y de la entrada en vigor de la Ley de Custodia Compartida" en la Comunitat Valenciana.

Los jueces de Valencia están especialmente preocupados por el atasco en los ámbitos social, mercantil y de familia. "El sistema peca de una excesiva lentitud", se queja el decano, que denuncia una "patente insuficiencia de medios humanos y materiales".

En cuanto a las tasas, cree que no es "un debate de tasas sí o no, sino si son proporcionadas y si tienen un carácter disuasorio". En su opinión, actualmente "son desproporcionadas", sobre todo en la segunda instancia (recursos). "Ahora son indiscriminadas porque gravan tanto a quien pone una demanda temeraria como al que tiene razón". En Valencia, esta medida ha hecho descender las demandas un 15% en civil, un 8% en mercantil y un 22% en el contencioso-administrativo.