Comienza septiembre y regresa así la actividad política plena en España. Al margen de los acontecimientos que estén por venir, el inicio del curso para el Gobierno del PP se verá marcado por una actividad parlamentaria con más de una treintena de proyectos legislativos pendientes de aprobación. Asimismo, el presidente Rajoy tendrá que lidiar con otras patatas calientes como el desafío soberanista que actualmente se vive en Cataluña, con la Diada del 11 de septiembre y la posible consulta independentista convocada para el 9 de noviembre.

En el terreno legislativo, la actividad parlamentaria comenzará el próximo 9 de septiembre, con el primer pleno del Congreso. Este será el último curso completo de una legislatura en la que, actualmente, al menos 34 proyectos de ley y otras iniciativas parlamentarias permanecen todavía en fase de tramitación.

A estos proyectos pendientes habría que sumar otra inminente batería de reformas y recortes, tal como anunció Mariano Rajoy el pasado mes de agosto, durante su encuentro con la canciller alemana, Angela Merkel. "Hay que hacer reformas estructurales, aunque sean duras y difíciles de explicar y vamos a seguir haciéndolas en lo que queda de legislatura", avanzó entonces, si bien falta por concretar qué medidas serán éstas. A finales de julio, el presidente se reunió con los principales sindicatos y se comprometió a poner en marcha un plan de empleo para colectivos vulnerables.

Reforma electoral y aforados. La que también está aunciada pero aún sin una propuesta sólida es la reforma electoral y de reducción del número de aforados. Estas dos medidas, anunciadas el pasado mes, forman parte de lo que el PP considera medidas de regeneración democrática. Si bien Rajoy contempla un plazo de dos meses para negociar y pactar una reforma consensuada, las líneas generales pasan por dar siempre la alcaldía a las formaciones que más votos hayan sacado, sin posibilidad de que haya un acuerdo de fuerzas alternativo. En cuanto a los aforados, el planteamiento del ministro Gallardón es reducir drásticamente el número de los mismos, pasando de los más de 17.600 a apenas 22.

Junto a estas novedades, el Parlamento actualmente ya tramita otras medidas de regeneración democrática, como el proyecto de control de la actividad económica de los partidos (que aumentará el control sobre las cuentas de las formaciones), el proyecto regulador del Alto Cargo de la Administración del Estado (con más incompatibilidades), así como otras medidas de endurecimiento penal para los delitos de corrupción.

La reforma fiscal. Entre los trámites empantanados está, por ejemplo, la reforma fiscal impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Este proyecto, que implica reformas en varias leyes (la del IRPF, la del Impuesto de Sociedades...) supondrá una menor progresividad en el sistema tributario, así como una mayor presión fiscal para las rentas medias-bajas, entre otras medidas. La radicalidad del anteproyecto, sin embargo, se ha ido matizando con el paso de los meses. Así, por ejemplo, si la idea original era acabar con las exenciones a las indemnizaciones por desempleo, el Gobierno ha rectificado y aprobará un mínimo exento de 180.000 euros.

Seguridad ciudadana. La que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, considera una ley "francamente progresista", promete seguir siendo una de las reformas más polémicas del Gobierno. Y es que el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza", supondrá mayores sanciones para actos no delictivos y relacionados con la libertad de expresión. Así, por ejemplo, se contempla sancionar con hasta 600.000 euros el convocar o asistir a manifestaciones con finalidad coactiva (por ejemplo, lo ocurrido el dos días después del 11-M). Será asimismo considerado falta grave la desobediencia o resistencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Esta y otras medidas han sido criticadas por colectivos y juristas, que ven en las mismas un impedimento para la libre expresión, manifestación y reunión de los ciudadanos.

Reforma del aborto inminente. Otras reformas, como la de la Ley del Aborto, aún no han sido aprobadas por el Consejo de Ministros, si bien los anteproyectos llevan semanas esperando por una aprobación que desemboque en el inicio de su trámite parlamentario. El pasado mes de julio, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que el anteproyecto saldría del Consejo de Ministros antes de que finalizase el verano. Antes siquiera de que haya visto a la luz el mismo, las comunidades autónomas de Andalucía, País Vasco, Asturias y Canarias han pedido su retirada, en lo que promete ser un proceso polémico.

Soberanismo en Cataluña. A partir de la Diada de 2012, la vida política catalana gira entorno al llamado proceso en favor del derecho a decidir. La reivindicación pasaría por llevar a cabo una consulta independentista el próximo 9 de noviembre con el fin de saber si la ciudadanía del principado desea continuar dentro de España o formar parte de un "nuevo estado de Europa".

Desde 2012 las posiciones de los distintos bandos, lejos de acercarse, se han polarizado aún más, debido en parte a la negativa del Gobierno central de permitir una consulta (bajo el argumento de que no cabe dentro de la Constitución) y ante la intención del miembros del Govern, de la oposición y de la sociedad civil catalana de desobedecer una hipotética negativa del Tribunal Constitucional a realizar dicho referendum secesionista.

En este escenario de confrontación, la Diada del próximo 11 de septiembre se presenta como un termómetro acerca del proceso, afectado también por el reciente reconocimiento público del expresidente Jordi Pujol de que mantenía cuentas bancarias sin declarar en el extranjero. De reiterarse un apoyo masivo incluso mayor que en los pasados años, Artur Mas se vería más forzado a seguir adelante con su envite, si bien ha reiterado recientemente que no piensa saltarse la legalidad vigente.

Otra consulta en Canarias. Otra situación potencialmente conflictiva podría vivirse en Canarias, a raíz de las intenciones de comenzar prospecciones petrolíferas junto a la costa del archipiélago. El Ejecutivo regional, liderado por Paulino Rivero, ha manifestado su intención innegociable de someter a consulta de los ciudadanos la decisión de autorizar dichos sondeos submarinos, si bien el Gobierno ya ha dejado claro que no va a autorizarla.

El Ejecutivo insular ha insistido en la legalidad y respeto a la constitucionalidad de la consulta, y que por ello "se va a hacer", y ha criticado en repetidas ocasiones al Gobierno central y al ministro de Industria, José Manuel Soria, por anticipar la ilegalidad de la misma, algo que debería quedar en manos del Constitucional.

Crisis de Gobierno. La más que probable marcha del ministro de Economía, Luis de Guindos, camino de presidir el Eurogrupo, forzará al presidente Rajoy a remodelar su Gobierno, algo que ya tuvo que afrontar con la marcha de Miguel Arias Cañete, camino del Parlamento Europeo. Hasta el momento, apenas han sonado nombres de candidatos más allá de Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica de Moncloa, si bien los próximos meses servirán para hacer emerger posibles candidatos.