Más de 38.000 millones de euros procedentes del erario público que ya se dan por perdidos. Esta es la estimación de pérdidas que hasta ahora arroja el proceso de reestructuración del sistema financiero español tras la venta de media docena de entidades y que se puede extraer a partir de los cálculos elaborados por la Asociación Española de Banca (AEB) y tras la operación de venta de Catalunya Banc al BBVA por 1.187 millones de euros.

En un documento de la patronal bancaria publicado en abril de 2014, se contabilizaban unas pérdidas "ya materializadas" (es decir, que no se recuperarán) de hasta 36.964 millones de euros. Sin embargo, en dicho cálculo las pérdidas ocasionadas por la venta de Catalunya Banc alcanzaban apenas los 9.642 millones de euros. Tras la subasta concluida ayer, el agujero causado en las cuentas públicas por la antigua caja catalana se incrementó hasta los 11.500 millones, y por tanto el quebranto total ya supera los 38.500 millones de euros.

A modo de ejemplo, el saldo que muestran hasta ahora las ventas de entidades financieras previamente nacionalizadas y saneadas ha supuesto unas pérdidas equivalentes a todo el gasto anual en desempleo (29.000 millones) y otros tipos de prestaciones (11.600 millones). El agujero podría ser aún mayor cuando se finalice la venta de BFA-Bankia. La venta de esta entidad es actualmente la única oportunidad de hacer negocio por parte del Gobierno; tanto que fían a una colocación exitosa del banco presidido por Goirigolzarri la devolución de la ayuda para el rescate europeo.

A estas cifras habría que añadir las pérdidas de las propias entidades ocasionadas por los canjes forzosos de productos híbridos (preferentes y subordinadas), así como las pérdidas soportadas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), cuyos fondos están sufragados en teoría por las entidades bancarias solidariamente, si bien actualmente está en número rojos.

Tal como señaló el último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, el Estado llevaba comprometidos a inicios de 2013 más de 107.000 millones de euros en dinero público destinado a la recapitalización y reestructuración del sistema financiero español. Casi la mitad de este importe ha ido a ayudar a la CAM (24.861 millones) y a BFA-Bankia (22.426 millones de euros), si bien han recibido fondos públicos catorce entidades en total.

Una vez saneadas las entidades, y como parte del compromiso adquirido por el Gobierno con las autoridades europeas, el Estado tendría que proceder a venderlas y reprivatizarlas. Las autoridades españolas han venido confiando en el sistema de subasta para encontrar compradores de estas entidades nacionalizadas, si bien hasta el momento el saldo arroja pérdidas contundentes, tal como explica Joaquín Maudos, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia: "Lo cierto es que el FROB no ha llegado a recuperar ni siquiera el 10% de las ayudas concedidas. Y en porcentaje al tamaño, Catalunya Banca ha sido lo peor de lo peor", sostiene. En junio, el Banco de España publicaba una nota en la que reconocía unas ayudas de capital recuperadas aún menores, de apenas 1.760 millones (un 3% de lo aportado).

Unnim, CAM, Banco de Valencia. Cada una vendida por un euro después de haber inyectado más de 33.000 millones de euros públicos en auxiliarlas por medio de recapitalizaciones directas o los llamados esquemas de protección de activos (EPA). "El consuelo es que, según el FROB, el coste de la liquidación hubiera sido mayor. Hubiera sido deseable que aportara algún informe independiente del coste de la liquidación", añade el profesor Maudos. Y es que pesan sobre todos los procesos de venta las evidencias de falta de transparencia en los procesos.