La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha presentado este jueves una iniciativa legislativa popular (ILP) catalana para paralizar los desahucios y luchar contra la pobreza energética, con el objetivo de dar respuesta a la "emergencia" social que Cataluña vive en materia de vivienda, ha anunciado el portavoz de la entidad Guillem Domingo.

El impulso de la iniciativa, que cuenta con la complicidad del Observatorio Desc y la Alianza contra la pobreza energética, llega un año después de que el Congreso de los Diputados rechazara una primera ILP de la PAH de carácter estatal contra los desahucios y las ejecuciones hipotecarias a familias vulnerables: "Ahora nos centramos en Cataluña, donde la situación es insostenible y hay 40 desahucios al día", ha valorado Domingo.

La ILP catalana que propone la PAH se basa en la estatal que fue rechazada y adapta los preceptos a las competencias de la Generalitat, y contiene un paquete de medidas urgentes en materia de vivienda y pobreza energética orientadas a ofrecer una segunda oportunidad a las familias sobreendeudadas con gastos vinculados a su hogar habitual, entre las que destacan el realojamiento adecuado como condición para efectuar un desahucio y garantizar el acceso de todas las personas vulnerables a los suministros básicos.

También incluye la creación de un parque de viviendas asequible a través del alquiler "forzoso" de los pisos en desuso que tienen las entidades financieras y los grandes propietarios inmobiliarios, así como aquellos que se encuentren infrautilizados sin justificación durante un mínimo de dos años.

Según ha dicho la líder del Observatorio Desc, Vanesa Valiño, las medidas urgentes que propone la ILP son un "recuerdo" para el Govern, teniendo en cuenta que ya se ha comprometido con anterioridad a asumirlas a través de mociones parlamentarias, pero no las ha cumplido.

El año pasado se iniciaron 98.040 procesos de ejecución hipotecaria en Cataluña, una "problemática alarmante" a la que se suman los casos de pérdida de vivienda por impago de alquiler, que protagonizaron el 67% de los 16.008 desahucios que hubo en 2013 en territorio catalán.

En paralelo, se han disparado los casos de pobreza energética, teniendo en cuenta que el recibo de la luz se ha incrementado un 60% desde 2008 y el del agua un 66%, según ha dicho la portavoz de la Alianza contra la pobreza energética Maria Campuzano, que ha cifrado en 193.000 los hogares catalanes —un 6,9% del total— los que no pudieron asumir los gastos de mantenimiento de la vivienda a una temperatura adecuada en 2011.

Ha afirmado que Cataluña —donde hay más de 60 PAH locales— tiene competencias para hacer frente a esta situación, y ha dicho que los ciudadanos ya están haciendo posibles estas medidas que propone la ILP con su solidaridad, teniendo en cuenta que han logrado la paralización de multitud de desahucios y cortes de suministros: "Ahora es el Parlament el que debe situarse al lado de las personas y dejar de proteger a los bancos y grandes empresas".

Domingo ha lamentado el "papel nefasto del Govern, que se ha lavado las manos" en materia de vivienda social, y ha afirmado que los poderes públicos catalanes tienen la obligación de dejar de ser espectadores pasivos y cambiar las normas para ayudar a los ciudadanos que más lo necesitan.

Tras la rueda de prensa, los portavoces han registrado la propuesta de ILP a la Cámara catalana, y en un plazo de 15 días la Mesa deberá aceptarla para que luego se pueda validar: "Prevemos que a finales de septiembre ya podamos empezar a recoger las 50.000 firmas mínimas que se necesitan para que la iniciativa siga adelante". Cabe recordar que en Cataluña se recogió un tercio del más de 1,5 millones de firmas que respaldaron la ILP hipotecaria estatal.

Precisamente, este jueves el presidente del Consejo de Colegios de Abogados de Catalunya (Cicac), Miquel Sàmper, ha explicado que las actuaciones de abogados del turno de oficio en Cataluña por desahucios se han multiplicado por diez en cinco años, entre 2008 y 2013, debido a la crisis económica, pasando de 508 casos a 5.392.

En una rueda de prensa para ofrecer los datos del turno de oficio de estos cinco años, Sàmper ha explicado que el aumento de ejecuciones es "una auténtica locura", que en el primer trimestre de 2014 sigue al alza, lo que a su entender supone un drama social. Se ha disparado un 40%, pasando de 1.156 peticiones a 1.620. Durante estos cinco años, el turno de oficio ha atendido a 14.890 familias, y en el primer trimestre de 2014 las actuaciones por desahucios han aumentado un

Ha lamentado que por parte del Gobierno central no haya ningún tipo de política social para parar esta "lacra", y ha mostrado su satisfacción por el acuerdo firmado en marzo por el Cicac, la Diputación de Barcelona y la Conselleria de Justicia para extender las Oficinas de intermediación hipotecaria a toda la provincia, y posteriormente a toda Catalunya.