La diputada del Partido Popular andaluz, Alicia Martínez, ha acusado este jueves a la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés (IU), de comprometerse a estudiar una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para evitar desahucios por razones humanitarias en un intento de "huir hacia adelante" y "desviar la atención" sobre el hecho de que en Andalucía se siguen produciendo lanzamientos y ejecuciones hipotecarias y "no se garantizan" los derechos de los colectivos más vulnerables.

Así lo ha dicho, en declaraciones a Europa Press, tras la reunión que este jueves ha mantenido, junto con la consejera y otros portavoces de PSOE-A e IULV-CA, con los alumnos del Laboratorio de Estudios Jurídicos sobre Desahucios de la Universidad de Córdoba (UCO), quienes les han presentado una propuesta de reforma del artículo 704 de la mencionada Ley de Enjuiciamiento Civil y un informe sobre la constitucionalidad de la Ley de la Función Social de la Vivienda en Andalucía.

Martínez, que ha agradecido sendas iniciativas y ha celebrado que con este tipo de reuniones el Parlamento andaluz se "abra a la calle y a las propuestas de los ciudadanos", ha criticado no obstante que Cortés haya aprovechado este encuentro para centrarse casi en exclusiva en "culpar" al Gobierno central de los desahucios cuando, en su opinión, ha sido el Ejecutivo de Mariano Rajoy el "primero en la historia de la democracia" española que ha "garantizado" a las personas en situación de vulnerabilidad que se "paraliza" su desahucio por un periodo de dos años.

"Otra vez estamos ante una huida hacia adelante y ante un intento de querer desviar la atención. Cortés no se ha enterado de que en mayo de 2013 el Gobierno de la Nación reformó ley hipotecaria para evitar los desahucios y que esta ley tiene un primer capítulo titulo muy claro que es el de la suspensión durante dos años de los desahucios en los que los afectados cumplan unas condiciones de especial vulnerabilidad", ha argumentado para rechazar que sea necesario, tal y como han defendido los alumnos de la UCO y ha respaldado Cortés, la modificación del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

A juicio de la dirigente 'popular', por tanto, "hoy por hoy hay instrumentos suficientes para garantizar el derecho a la vivienda habitual que tienen las personas en situación de riesgo" y la ley Estatal contra los desahucios "recoge todos los supuestos" de vulnerabilidad que este mismo jueves reclamaban los miembros de este Laboratorio Jurídico de la UCO.

En esa línea, ha defendido que el PP "ha ido una vez más un paso por delante" para "proteger a los colectivos más vulnerables de situaciones injustas" y ha pedido a Cortés que reconozca que la reforma de la Ley hipotecaria del Ejecutivo central ha sido "un paso de gigante". También, le ha reclamado que "ayude a hacer cumplir esta ley" en Andalucía en lugar de dedicarse a pedir más reformas legislativas.

Principalmente, según ha insistido, porque lo que ha permitido "paralizar los desahucios de los colectivos más vulnerables" en España es la Ley Estatal sobre esta materia y porque, aunque se ha mostrado partidaria de cualquier medida "complementaria" que ayude a impedir desalojos de personas en riesgo de exclusión social, no considera que haga "falta esperar a hacer modificaciones legales" para seguir evitando lanzamientos o ejecuciones hipotecarias.

Así pues, ha apostado por luchar de forma conjunta entre administraciones por el "objetivo común de evitar los desahucios" porque, según ha criticado, ha sido el PSOE-A el que, en Andalucía, ha permitido que entre 2008 y 2011 se hayan producido "más de 63.000 desahucios" con una Ley de la Vivienda que "no ha funcionado" y rechazando "sistemáticamente" todas las propuestas que el PP-A hizo en esos años para "evitarlos".