La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presentó el pasado año 252 denuncias por agresiones policiales que afectaron a 527 personas, con una disminución del 12,5% respecto a las 288 del año anterior, en las que, según esta organización, fueron víctimas 851 personas.

El portavoz estatal de la Coordinadora, Jorge del Cura, ha afirmado en rueda de prensa que se trata de un "descenso importante", sin embargo lo ha achacado al miedo de las personas agredidas a las represalias, a la desconfianza en los tribunales de justicia e instituciones y a la agudización de la crisis económica.

Además, ha apuntado que dichos datos corresponden a los casos contrastados por la Coordinadora, pero que "hay otros muchos más" que no se pueden conocer por "falta de denuncias o falta de medios para investigar y probarlos".

En el informe anual de la Coordinadora, el décimo que elaboran, se recoge que la mayoría de las personas resultaron agredidas durante movilizaciones sociales (251), seguidas de los emigrantes, de los que se tiene constancia de 114 víctimas, y en menor número personas presas o recluidas en centros de menores o régimen de incomunicación.

Según el informe, del total de 527 personas afectadas, 47 se tradujeron en muertes producidas bajo custodia policial, de los que 29 casos ocurrieron en prisiones del país.

La Coordinadora entiende que muchas de estas muertes se deben a causas naturales o "accidentes inevitables" que no merecen reproche penal, pero otras responden a negligencias y fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad física de las personas, por lo que culpan directamente al Estado.

El informe también recoge que la mayoría de los funcionarios denunciados pertenecen a la Policía Nacional (294), seguidos por los funcionarios de prisiones (81), la Guardia Civil (59) y las policías autonómicas, con los Mossos d'Esquadra a la cabeza, con 47 de las 58 personas afectadas.

Durante la rueda de prensa, el responsable de la coordinadora andaluza, Jesús Montes, se ha referido a la situación de Ceuta y Melilla y ha criticado la instalación de concertinas en la valla y la utilización de material antidisturbios para repeler la entrada de inmigrantes irregulares.