Crimea
Varias personas hacen fila en Crimea para obtener sus pensiones en rublos rusos dentro de una oficina de correos en Simferopol, tras la anexión de la región de Ucrania por parte de Rusia. Alexander Polegenko / GTRES

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó este viernes que la anexión de Crimea por parte de Rusia está creando graves problemas para sus habitantes, en cuestiones como la nacionalidad o el acceso a tratamientos médicos, entre otros.

Los residentes en Crimea que no cumplieron el plazo de hasta el pasado 18 de abril para pedir ser reconocidos como rusos "enfrentan acoso e intimidación", señala el informe de una misión especial de observadores de derechos humanos enviada por la ONU a Ucrania.

La minoría tártara en Crimea afronta restricciones a su libertad de movimiento, casos de violencia física y el miedo a la persecución religiosa particularmente entre los que practican el islam, según denuncia la misión de la ONU, cuyo informe cubre el periodo del 2 de abril al 6 de mayo. A ese respecto, menciona una "creciente presión" sobre la comunidad musulmana y pone el caso concreto del grupo político islámico Hizb ut-Tahrir, que ha sido prohibido en aplicación de la ley rusa.

La ONU también corrobora que mas de 7.200 personas que vivían en Crimea se han convertido en desplazados internos Para aquellos que no han solicitado ser rusos, la organización pide que se les garantice su derecho a la propiedad y sobre la tierra, el acceso a la educación y a la salud, y que no se les retiren los beneficios sociales que normalmente se asocian a la nacionalidad.

El periodo de transición decretado para Crimea concluirá el próximo enero y los que no hayan adoptado en ese momento la nacionalidad rusa tendrán que pedir un permiso de residencia o arriesgarse a ser deportados.

La ONU también corrobora que mas de 7.200 personas que vivían en Crimea -tártaros, la mayoría- se han convertido en desplazados internos en otras regiones de Ucrania, pero como no existe un registro oficial para ellos se teme que esta cifra sea mayor.

También el trabajo de los medios de comunicación en Crimea enfrentan momentos muy complicados, pues desde la anexión todos las empresas periodísticas deben registrarse, mientras que las señales de televisión así como de radio de Ucrania han sido desconectadas para no poder ser captadas.

En la mayoría de casos, la policía local no hizo nada para prevenir la violenciaLa ONU también denunció ataques a la libertad de expresión en el este de Ucrania, así como la persecución y detención de periodistas, activistas y políticos locales. El documento señala además que esos ataques ocurren especialmente en y alrededor de la ciudad de Sloviansk, uno de los focos de la insurrección prorrusa.

La persecución de periodistas es particularmente alarmante, con puestos de control en Sloviansk, donde hay listas con nombres de personas que están siendo buscadas, en algunos casos con fotografías y datos personales.

El informe señala que la ONU cuenta con información fiable de, al menos, 23 periodistas, reporteros y fotógrafos, tanto ucranianos como extranjeros, que han sido "raptados y detenidos ilegalmente, principalmente en Sloviansk". Los hechos indican que "la lucha por el control de los medios de comunicación, y quién puede emitir dónde, continúa en Ucrania, particularmente en el este".

También en el este de Ucrania, la ONU denuncia repetidos actos de violencia contra manifestaciones pacíficas, sobre todo si éstas son a favor de la unidad con Ucrania y contra la anarquía que prevalece en las ciudades y localidades más pequeñas de esa parte del país.

"En la mayoría de casos, la policía local no hizo nada para prevenir la violencia, mientras que en otros cooperó abiertamente con los atacantes", sostienen los observadores enviados por la ONU a Ucrania y cuyas informaciones cubren el periodo del 2 de abril al 6 de mayo.

Rusia critica el informe

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia denunció que el segundo informe de la ONU carece de toda objetividad y cumple un "encargo político". "Nos vemos hoy en la necesidad de constatar que el informe tiene poco en común con el estado de cosas en Ucrania en materia de derechos humanos", declaró el portavoz de la cancillería rusa, Alexander Lukashévich.

Según el diplomático ruso, "la falta absoluta de objetividad, las flagrantes incongruencias y los 'dobles raseros' no dejan dudas de que los autores (del informe) cumplían un encargo político para 'blanquear' a las autoproclamadas autoridades de Kiev".

Lukashévich indicó que el informe señala "cínicamente" que las causas de la masacre del pasado 2 de mayo en la ciudad de Odessa, donde murieron 48 personas por el incendio en la Casa de los Sindicatos, fueron "las acciones de ciertos activistas prorrusos". "Causa sorpresa que en las más de treinta páginas del informe no figuren las manifestaciones neonazis y de nacionalismo agresivo en Ucrania", agregó.

El portavoz de la diplomacia rusa lamentó que el documento "justifique de hecho la operación punitiva en el sureste de Ucrania" y que intente "achacar la responsabilidad de las violaciones de los derechos humanos a 'fuerzas prorrusas'". "Y todo esto ocurre pese a que muchas de las acciones de las autoridades de Kiev presentan signos de crímenes de guerra y de delitos contra la humanidad", agregó.