ICV-EUiA y la CUP han presentado en el registro del Parlament una petición para que el Consejo de Garantías Estatutarias dictamine si el acuerdo CiU-PSC sobre BCN World se ajusta a la legislación vigente, si la Mesa de la Cámara Baja lo admite a trámite. Ambas formaciones no descartan llevar otro recurso similar ante el Tribunal Constitucional (TC).

En declaraciones a los periodistas tres registrar su petición de dictamen, las diputadas Hortènsia Grau (ICV-EUiA) e Isabel Vallet (CUP) han coincidido en cargar contra la legalidad del proyecto, porque en su opinión, CiU y PSC pretenden impulsar una ley ad hoc, lo que atenta contra uno de los principios básicos del legislador.

Grau ha argumentado que, en este caso, se pretende aprobar una ley que cuenta con un único destinatario, cuyo propósito es "beneficiar a un sujeto particular único", por lo que, según ambas parlamentarias, se atenta contra el principio del interés general.

"Es una ley hecha a favor de intereses particulares y no generales. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley", ha proclamado Grau, que ha considerado que el proyecto de BCN World también atenta contra otros derechos estatutarios y constitucionales, como la protección de menores y la autonomía local.

Por su parte, Vallet ha expresado su preocupación por las declaraciones que hizo el presidente de BCN World, Xavier Adserà, tras anunciar días atrás que las obras empezarán en verano, y que si la ley aún no está aprobada —su aprobación estaba prevista para el 24 de abril pero el recurso la pospone hasta finales de mayo—, los trabajos se iniciarán amparándose en licencias provisionales.

Según Vallet, Adserà hace "chantaje" y estas tesis demuestran que la Generalitat actúa como si de un "títere" se tratase, porque en su opinión está desatendiendo el interés general para beneficiar a un particular.

Vallet también ha lamentado que desde el Govern, se haya cargado contra la CUP e ICV-EUiA por presentar el recurso, y han emplazado a la Generalitat a tener presente el amplio rechazo que, en su opinión, genera el proyecto en las comarcas de Tarragona, donde se prevé hacer una gran manifestación en contra del complejo de ocio y juego a finales de mayo.

Según Vallet, mientras el Govern defiende el derecho a decidir, lo niega a los ciudadanos de Tarragona que rechazan BCN World, por lo que en su opinión, Artur Mas actúa "del mismo modo" que el Ejecutivo central de Mariano Rajoy ante las demandas soberanistas.

El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, se ha mostrado convencido en que el Consejo de Garantías "no tendrá nada que objetar" a la ley que permitirá construir el macrocomplejo de ocio. En una entrevista en Ràdio 4, ha confiado en que emita un informe "absolutamente positivo".

Asimismo, ha instado a los partidos a no hacer "filibusterismo (obstrucción) parlamentario" para intentar perder tiempo a proyectos "con los que no se está conforme pero que tienen una mayoría suficiente". También ha pedido no enturbiar y retrasar el proceso "porque hay mucha gente que está esperando tener un puesto de trabajo en las Terres de l'Ebre y Tarragona".