La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a 17 personas, entre ellas a un falso abogado que lideraba una trama dedicada a regularizar fraudulentamente a extranjeros sin permiso de residencia. Ahora investiga a cuántos inmigrantes habría cobrado esta red por conseguir estos documentos falsos.

Según ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, la banda ofrecía contratos de trabajo falsos a través de cinco empresas ficticias y formalizaba parejas y matrimonios de conveniencia para obtener los documentos necesarios para regularizar a inmigrantes, siempre a cambio de 2.200 euros.

En el registro en el domicilio del falso abogado, que, según la policía, era el cabecilla de la trama, los agentes han encontrado abundante documentación, como certificados de matrimonio de la República Dominicana, actas de constitución de parejas de hecho, contratos de arrendamiento y nóminas falsas, además de un revólver con el número de serie borrado y una carabina con silenciador con abundante munición.

Los detenidos son doce españoles y cinco dominicanos, a quien la policía acusa de delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y tenencia ilícita de armas, y que, tras ser puestos a disposición judicial, han quedado en libertad con cargos a la espera de juicio.

La operación se inició a raíz de una solicitud de tarjeta de residencia como familiar de un ciudadano comunitario presentada el pasado mes de junio que hizo una persona originaria de la República Dominicana alegando haberse registrado como pareja de hecho con una española en el registro del ayuntamiento de Barcelona.

Las incongruencias en las declaraciones de la pareja y la falsedad en los documentos que aportaban hicieron sospechar que se trataba de un fraude, y la policía tiró del hilo hasta llegar a la trama, que, según los agentes, estaba perfectamente organizada y estructurada.

El supuesto abogado se encargaba de suministrar contratos falsos de trabajo a través de cinco empresas ficticias y formalizaba las altas en la Seguridad Social, todo ello tras cobrar 2.200 euros. En otros casos, realizaba la inscripción fraudulenta como pareja de hecho del interesado en algún ayuntamiento usando contratos de arrendamiento también falsos.

La finalidad era que el ciudadano extranjero presentase los documentos necesarios en la Oficina Única de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona para solicitar el correspondiente permiso de residencia por arraigo o el Permiso de Residencia de Familiar Comunitario de la Unión Europea.