Una inspectora de la Agencia Tributaria (AEAT), la primera que este sábado ha declarado como perito dentro de la ronda de declaraciones fijadas para esta jornada, ha asegurado no haber recibido presiones a la hora de exonerar a la infanta Cristina de un posible delito fiscal al frente de su sociedad Aizoon en uno de los primeros informes elaborados para el 'caso Nóos'. Asimismo, ha ratificado que el mero hecho de ser socia no administradora de esta mercantil no implica que se le deba atribuir a ella la defraudación que se habría cometido a través de la empresa que comparte junto a Iñaki Urdangarin.

En su declaración ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, la acusación popular y varios de los abogados personados en la causa, la funcionaria ha recalcado que no hay indicios incriminatorios contra la hija del rey Juan Carlos, pese a ser titular en un 50% de Aizoon, una sociedad cuyos servicios, según Hacienda, estaban "íntima e indisolublemente vinculados a la personalidad del señor Iñaki Urdangarin".

La perito ha incidido en que únicamente fue Urdangarin quien, a través de Aizoon, percibió retribuciones procedentes de entidades privadas por su condición de consejero asesor que, sin embargo, eran facturadas a través de la mercantil cuya titularidad comparte con su mujer con el fin de tributar menos en su declaración de la renta.

En su comparecencia, la funcionaria ha apuntado que lo relevante es determinar qué socio generó con su actividad las ganancias y, en este sentido, asevera que las retribuciones abonadas por labores de asesoramiento a determinadas entidades fueron atribuidas al duque porque fue él quien desarrolló esa actividad de consejero/asesor de empresas multinacionales.

En cuanto a los 69.990 euros que Aizoon pagó en 2007 a Intuit, una de las sociedades instrumentales del exsocio de Urdangarin Diego Torres, a través de tres facturas que, de resultar falsas, permitiría imputar un delito fiscal a la infanta puesto que el importe no habría sido declarado en el impuesto de sociedades, la inspectora ha señalado que en su informe no entró a valorar esta circunstancia, aseverando que, a lo largo de 41 páginas, hasta en 17 ocasiones hizo constar que el análisis era "provisional".

Mientras tanto, la inspectora jefa del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares, que durante meses analizó cientos de facturas expedidas relativas al dinero que Aizoon pagó a la reforma de la vivienda que los duques de Palma poseen en Barcelona, más conocido como 'palacete' de Pedralbes, y a otros gastos particulares, ha afirmado tajante que no hay indicio alguno de que la infanta incurriera en un delito de blanqueo de capitales por haberse beneficiado de ingresos ilícitos y, con conocimiento de su origen delictivo, haberlos destinado a gastos particulares.

Una afirmación que contrasta con la tesis de la Audiencia Provincial de Baleares que, en el auto por el que archivó la imputación de la infanta en cuanto a su papel en el Instituto Nóos, pero abrió la vía para que fuera investigada por presunto delito fiscal o de blanqueo, el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos personales del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos.

Durante la mañana del sábado también fueron interrogados tres de los empresarios cuyas mercantiles pagaron al duque por presuntos servicios de asesoría, facturados de forma irregular a través de Aizoon. En este sentido, los testigos han afirmado que el Duque hacía labores de consejero asesor en estas sociedades y que cobró por ello. Uno de los empresarios, sin embargo, ha ido más lejos al recordar que, como su mercantil pretendía introducirse en el mundo del deporte, querían contar con los servicios de Urdangarin, si bien éste les dijo que debían facturarlos a través de Aizoon.

Hacienda cuantifica en un total de 699.720 euros los ingresos netos obtenidos por la prestación de este tipo de servicios en 2007; en 451.888 en 2008; 378.734 en 2009 y 106.463 en 2010, cantidades que, según los técnicos de la Agencia Tributaria, deben ser consideradas rentas de Urdangarin e integrarse en su IRPF. Así, hasta un total de 1,6 millones de euros de los 1,7 que ingresó Aizoon durante esos años —el resto de rendimientos corresponden a financieros y de alquiler—.

Después, y durante más de dos horas, han declarado en calidad de peritos dos inspectores de Hacienda que escrutaron, a instancias del juez, la actividad económica de la infanta a través de Aizoon y llegaron a la conclusión de que la duquesa de Palma no cometió delito fiscal.

El perito que ha declarado a última hora de la tarde a propuesta de Manos Limpias se ha definido ante el juez José Castro como un "mercenario jurídico tributario" y ha afirmado que la hija del Rey no habría defraudado en el impuesto de sociedades, sino que en todo caso sería cooperadora necesaria —figura indispensable para que un delito pueda cometerse— de las irregularidades en que incurrió su marido, Iñaki Urdangarin.

Durante una comparecencia que fuentes presenciales en la misma han calificado de "bochornosa, esperpéntica y ofensiva", el perito ha negado proporcionar al magistrado los suficientes datos identificativos sobre él, como para quién trabaja, limitándose a dar su nombre y a definirse como un "mercenario jurídico tributario", lo que ha provocado las risas de los presentes en la declaración.

Según han destacado, el perito ha manifestado que sus afirmaciones se basan en unas "notas" que ha realizado sobre el papel de la Infanta al frente de Aizoon. En cualquier caso, ninguna de las partes se ha inclinado por pedir que se modifique nada de cara a la declaración de la Infanta, prevista el 8 de febrero, sino que será "en todo caso" al iniciarse su interrogatorio cuando se producirían nuevas circunstancias. De hecho, el propio Castro, a su salida de los Juzgados de Via Alemania, en torno a las 21.10 horas, ha manifestado que "en principio" no habrá "nada" hasta entonces.

Estas declaraciones llegan dos semanas antes de que la propia hija del rey comparezca como imputada. El fiscal Pedro Horrach solicitó al juez que tomara declaración a estos inspectores en un duro escrito en el que acusaba a Castro de basar la imputación de doña Cristina en una "teoría conspiratoria" según la cual la Agencia Tributaria había tergiversado su investigación para exonerar a la duquesa de Palma.

El fiscal cree que si el propio juez ha manifestado "dudas" es necesario que las despejen los inspectores de Hacienda. La razón por la que el acusador público solicitó que los inspectores declararan es que el juez "construyó" la "tesis inculpatoria" hacia la hija del rey basándose en discrepancias con los informes de Hacienda.

Según el fiscal, lo que revelan los informes de los inspectores de Hacienda es que no es delito que tanto Iñaki Urdangarin como la infanta Cristina, como propietarios de Aizoon al 50%, cargaran a la empresa gastos personales ajenos a la actividad mercantil como costes de explotación. Además, es "irrelevante penalmente" que al hacerlo defraudaran cuotas del impuesto de sociedades y del IRPF, porque el fraude no supera los 120.000 euros de cuota.

El fiscal quiere que los inspectores rebatan la consideración que hace el juez de tres facturas por importe de 69.990 euros de la sociedad Intuit a la empresa Aizoon, que se dedujo como gasto del impuesto de Sociedades de la inmobiliaria de los duques de Palma y que el magistrado considera fraude de dicho impuesto.

Según Horrach, los inspectores de Hacienda concluyeron que Aizoon no era una empresa real y ya habían calificado como falsas los cientos de facturas cruzadas entre todas las empresas del entramado del grupo Noos, incluidas esas tres, y las tuvieron en cuenta al imputarles delitos fiscales en el IRPF a Urdangarin y su exsocio Diego Torres.