El pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM), que se reunió este jueves para deliberar sobre los siete recursos contra la privatización de la gestión de seis hospitales públicos iniciada por la Comunidad de Madrid, decidió disolverse y devolver todos los asuntos a sus secciones de origen.

El debate comenzó a las 9.45 horas y terminó apenas dos horas más tarde. La decisión fue tomada por la mayoría de los magistrados pertenecientes a la sala especial. De los 50 que estaban convocados, 6 se ausentaron por distintos motivos. De los 44 que se presentaron, 30 votaron a favor y 14 en contra de que sean las secciones Tercera y Octava las que determinen si la privatización debe continuar, como pretende la Comunidad de Madrid, o si debe permanecer en suspenso hasta que las distintas instancias judiciales y administrativas comuniquen sus decisiones, como han pedido sindicatos, asociaciones profesionales y oposición al PP en el parlamento regional. Varios magistrados anunciaron la presentación de votos particulares para mostrar su desacuerdo con el fallo.

Seis de los recursos pertenecen a la Sección Tercera: uno de la asociación médica Afem, tres del Partido Socialista de Madrid (PSM) y dos más de la Comunidad de Madrid.  Fuentes jurídicas aseguraron a 20minutos que la decisión más probable es que los magistrados acepten los argumentos de Afem y del PSM y ratifiquen la paralización cautelar, ya que la Sección Tercera fue la misma que suspendió la privatización en septiembre de 2013.

La Sección Octava debe ocuparse, por su parte, de la petición del sindicato CC OO, que alega que la 'externalización' sanitaria —como la define el gobierno autonómico— afecta a los derechos fundamentales de los madrileños. La resolución definitiva se producirá en cuestión de horas, según informó el TSJM.

Los colectivos que rechazan la gestión privada alegan, entre otras, falta de competencia (al concurso público se presentaron solo tres empresas, el mínimo necesario para que ningún lote quedase desierto) y vulneración de las normas de contratación, ya que la Comunidad de Madrid cambió los pliegos de condiciones (rebajó la fianza que las aspirantes debían depositar para poder participar) cuando el concurso ya estaba en marcha.

En paralelo, un juzgado de Madrid ha imputado a los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes en la investigación por posibles delitos de cohecho y prevaricación en las privatizaciones sanitarias iniciadas a partir del año 2003.

Para Afem, existen motivos suficientes para que la 'externalización' se detenga hasta que se diriman todos los extremos. Ello incluye las peticiones de amparo de PSOE y UPyD al Tribunal Constitucional, el recurso de Afem ante la Comisión Nacional de la Competencia, el de IU ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, los de la asociación de médicos Amyts ante el mismo TSJM o la denuncia de Equo ante la Fiscalía General del Estado.

Además, la Comunidad de Madrid se ha encontrado con el rechazo de la 'marea blanca', como se conoce a los defensores de la sanidad pública que han convocado 22 jornadas de huelga y otras tantas manifestaciones de protesta. Este jueves, más de un centenar de profesionales y usuarios se concentraron y brindaron a las puertas del TSJM por el fallo adoptado.

El auto de devolución supone, en primer lugar, que el TSJM mantiene en suspenso la entrada de Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo en los hospitales de Vallecas, Araganda, Aranjuez, Parla, Coslada y San Sebastián de los Reyes, una situación que dura ya cuatro meses. En una declaración recogida por la agencia Europa Press, un portavoz de Ribera Salud afirmó que la empresa respeta la decisión del TSJM, pero lamenta "profundamente" que continúe la "situación de incertidumbre" actual.

Además, la Sala de lo Contencioso deshace el procedimiento iniciado por el anterior presidente de la sala, el magistrado Gerardo Martínez Tristán. Él fue el magistrado que unificó los recursos y los elevó a discusión en este órgano especial, tal y como pedía la Consejería de Sanidad. De esta forma, el departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty pretendía evitar "contradicciones" en las decisiones judiciales y que las privatizaciones se retrasasen aún más en el tiempo.

Martínez Tristán fue recusado por el PSM por ser el marido de una consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Finalmente, Martínez Tristán no participó en la votación de este jueves al haber sido nombrado vocal de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP.

Ahora, la Comunidad deberá atenerse al procedimiento inicial y esperar a lo que decidan las secciones Tercera y Octava, aunque Lasquetty aseguró tras conocer el fallo que la Comunidad de Madrid no piensa retirar sus planes.