La Consejería, cuyo titular es Jaume Font (PP), sólo remitió al Consell Insular de Mallorca la denuncia, de febrero de 2006, en diciembre, cuando el alcalde, Eugenio Hidalgo, fue encarcelado y cuando los jueces ya habían descubierto el escándalo.

El agente descubrió que se estaban construyendo 150 viviendas (en 26 bloques) en una parcela de 15.000 metros cuadrados de terrenos protegidos.

En su denuncia, el agente escribió, al ver las obras, que "consultando la cartografía del Plan Territorial Insular de Mallorca se constata que el terreno donde se ubican las obras está calificado de ARIP y ARIP boscosa. Por tanto, no son autorizables y presuntamente ilegales".

En esa zona, que el agente luego redenominó como ARIP y no como ARIP boscosa, la ley sólo permite una vivienda unifamiliar cada 50.000 metros cuadrados.

A pesar de la demora, explica el diario, el Consell emitió ya en marzo y abril de 2006 informes que confirmaban la situación irregular del proyecto, gracias a una denuncia recibida tres meses antes en el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil.

Esto se une a las acusaciones que se le ha hecho al PP de Baleares de informar al alcalde Hidalgo de su inmediata detención, lo que habría permitido al alcalde destruir documentos que guardaba en su despacho.