SGAE
Una imagen de la sede de la SGAE, durante el registro por parte de la Guardia Civil. GTRES

La Fiscalía no descarta la imputación de alguna persona, "que actualmente no lo está", por la crisis que sacudió a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en julio de 2011, cuando la Guardia Civil registró su sede de Madrid y detuvo a nueve personas, entre ellas su entonces presidente, Teddy Bautista.

La Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2012, en su apartado dedicado a los órganos centrales del Ministerio Fiscal y dentro del capítulo de la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, recuerda las diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 5 por delitos de apropiación indebida, estafa y administración fraudulenta en este organismo.

Pone de manifiesto que este procedimiento tiene su origen en las diligencias de investigación de 2009, a raíz de una denuncia presentada en la Fiscalía Especial el 19 de noviembre de 2007, en la que se exponían las "posibles irregularidades" que pudieran haberse dado en el seno de la SGAE.

La denuncia y la investigación

Así, se recuerda que esas irregularidades consistirían en la creación de un grupo de sociedades "regidas por personas con puestos de responsabilidad en la propia SGAE y cuyas relaciones negociales entre ellas y con la Sociedad se cuestionan, atendidos los fines que el ordenamiento prevé para tal sociedad de gestión".

A raíz de una denuncia, y tras las investigaciones realizadas, la Guardia Civil registró la sede principal de la SGAE en Madrid en julio de 2011 y detuvo a nueve personas A raíz de esa denuncia, y tras las investigaciones realizadas, la Guardia Civil registró la sede principal de la SGAE en Madrid en julio de 2011 y detuvo a nueve personas, entre ellas al que entonces fuera presidente del consejo de dirección, Teddy Bautista, en el marco de la "Operación Saga", autorizada por la Audiencia Nacional.

El auto del juez Pablo Ruz, hecho público unos días después, acusaba al director de la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae), José Luis Rodríguez Neri, de construir un castillo de sociedades para lucrarse, y creyó probado que cobraba sobresueldos facturando hipotéticos servicios de consultoría a empresas de su propiedad.

Asimismo, señaló que Bautista "autorizó, consintió e impulsó" el desvío de fondos "ideado" por Neri. Fue imputado de un delito de apropiación indebida "de especial gravedad", de otro de administración fraudulenta y de un tercero societario.

A raíz del escándalo, la nueva junta directiva de la SGAE, recién constituida, anunció la creación de una comisión rectora que asumiría el poder ejecutivo hasta la convocatoria de nuevas elecciones y el 12 de julio aceptó la renuncia de Bautista.

Antón Reixa logró la presidencia de la SGAE en abril de 2012, aunque una nueva polémica, relacionada con el falseamiento de autorías de música, acabó con el nuevo presidente en favor del guionista y productor José Luis Acosta Salmerón, actual directivo de la Sociedad desde el pasado 25 de julio.

No descartan más imputaciones

Según publica ahora la Memoria de la Fiscalía, correspondiente a 2012, "se continúa con el estudio de lo ya actuado" en el caso, se han realizado "múltiples informes" e impugnado diferentes recursos, y "es previsible que haya que continuar con la toma de declaraciones de personas que pueden aclarar diversos interrogantes".

"No es descartable tampoco —añade— que haya que imputar a alguna persona que actualmente no lo está", e indica que, a estos efectos, se ha recabado información a la SGAE y a la Agencia Tributaria (AEAT) a través de la unidad de Apoyo a la Fiscalía.

Asimismo, recuerda el auto del 10 de julio de 2012 por el que se acuerda la realización de dos pruebas periciales a llevar a cabo por expertos informáticos y por funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).