El Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Ángel Sorando, ha concluido la instrucción del denominado Caso Marea, por un presunto caso de corrupción en el seno del Gobierno del Principado, durante el mandato de Vicente Álvarez Areces, en el que pide el procesamiento para 29 personas.

En el Auto de procesamiento el juez procesa al exconsejero de Educación,José Luis Iglesias Riopedre y pide el sobreseimiento de la exconsejera de Cultura, Ana Rosa Migoya, y de otros 13 imputados previamente, según el informe que ha hecho público este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El juez detalla que en cuanto a Ana Rosa Migoya "se ha demostrado que las órdenes de pago de facturas falsas que supuestamente llevan su firma son falsificaciones, por lo que no cabe suponer que tuviera participación en los hechos, mayormente cuando denunció y ordenó investigar". y añade "el que no supiera elegir a los mejores colaboradores no es un delito".

Sorando pide el procesamiento y fija fechas para prestar declaración de Víctor Manuel Muñiz Menéndez (Gerente de Igrafo); de Antonio José Azorin Iglesias; de Alfonso Carlos Sánchez Sánchez (Gerente de Almacenes Pumarín); de la alta funcionaria Marta Renedo Avilés; de María Jesús Otero y de el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, que prestará declaración el 19 de septiembre a las 09.15 horas.

También están procesados Roberto Calvo Blanco; Antonio Bernardo Sánchez; Francisco Javier Juárez González; Isaac Ovies García; José Villa Cantero; Maria Paz Rodríguez Pendas; Maximino Fernández Álvarez; Braulio Iglesias Menéndez; María Pilar Taberna Palicio; José Manuel Blanco Fernández; José Manuel González Menéndez; Juan Ortiz Fuente; María Teresa Elizari Moso; José Manuel Fernández González; Juan Carlos González González.

También prestarán declaración en septiembre José Manuel Pascual Vaquerizo; Susana Vior del Valle; José Arturo Verano García; Luciano González Suárez; Nemesio Alonso Rodríguez; Ignacio Poncela García; José Carlos Madera González y Eusebio González García.

Riopedre y otero

El juez sostiene en su escrito que de las presentes actuaciones se desprende que existen suficientes indicios de que el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, "abusando de su cargo y con la colaboración de la Directora General de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, y previo concierto con los representantes de las empresas Igrafo y Almacenes Pumarin dispensaba de forma habitual y sistemática desde hace años un trato de favor a las mismas, haciendo gestiones para que se les adjudicaran continuamente obras y servicios públicos".

Y añade "no sólo de los contratos menores de adjudicación directa sino incluso de los de cuantía superior, simulando en éstos la concurrencia de empresas a través del mecanismo de hacer figurar como que existían tres ofertas, cuando en realidad eran todas de empresas vinculadas con los grupos empresariales de los otros acusados, y esto lo hacía a cambio de recibir favores como viajes y gastos de hotel por importe de 5.685,13 euros.

Y de que Igrafo "corriera con gastos de la empresa de su mujer y su hijo por 146.158,57 euros (sin contar el IVA). Y Almacenes Pumarín con gastos de la empresa de su hijo por un importe de al menos 220.349 euros.

Por su parte, El juez también procesa a María Jesús Otero, por abusar de su cargo de Directora General de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación, con la anuencia de su superior, el exconsejero de Educación, y previo concierto con los representantes de las empresas de Igrafo y Almacenes Pumarín

dispensaba de forma habitual y sistemática desde hace años un trato de favor a las mismas.

Y esto lo hacía a cambio de recibir importantes sumas de dinero, que a falta de una total concreción, solo en cuanto a las cantidades y servicios recibidos por ella, sus sobrinos y sus empresas Alvaroter SL, BUGA 90 SL, Cueto Mazuga SL de Igrafo ascendieron a 1.473.921,62 euros (sin contar el IVA). Y de Almacenes Pumarín SA (APSA) por 1.094.841 euros (sin contar el IVA).

Marta renedo

Sorando procesa también a la alta funcionaria del Principado, Marta Renedo por abusar de su cargo de jefa de Servicio de Procesos administrativos en la Dirección General de Modernización de la Consejería de Administraciones del Principado.

"Previo concierto con el representante de la empresa Igrafo, dispensaba de forma habitual y sistemática desde hacía años un trato de favor a la misma haciendo gestiones para que se les adjudicaran contratos y esto lo hacía a cambio de recibir importantes sumas de dinero, que ascendió a 504.500,24 euros (sin contar IVA)" recoge el Auto.

Además "falsificaba sistemáticamente expedientes completos de contratación y la firma del Director General y se cobraba cantidades del principado utilizando para ello una empresa ficticia interpuesta llamada Implans Mounts SL que había creado y manejaba, con la cual facturaba al mismo departamento del Principado en que trabajaba supuestos servicios por conceptos tan inconcretos como "implantación aplicación solución lectura de código de barras formularios", "análisis desarrollo aplicativo y conversión documentación administrativa en electrónica", "desarrollo y diseño aplicativo wokflow para portal de proveedores".

Siendo así que nunca consta se prestaron los supuestos servicios, ni que tuviera medios materiales ni personales ni conocimientos informáticos, ni en que consistieron; por este sistema consiguió hacerse con una suma que superaba según la denuncia inicial los 663.000 euros. Asimismo se ha detectado otro pago de 248.000 euros que el Principado hizo a otra empresa llamada ASAC Comunicaciones por un trabajo de digitalización que no se hizo y que terminaron en la cuenta de la acusada Marta Renedo. *

Aparte de estos hechos en las intervenciones telefónicas se detecta que hablan de que en su anterior destino en la Consejería de cultura (jefa de Servicio de promoción cultural, archivos bibliotecas y museos) aun hizo algo similar, hablan de "otro pufo en cultura y de la gente que hay pringada en él (directores y demás)", al respeto se ha averiguado que puesta de acuerdo con Roberto Calvo Blanco falsificó al menos cinco resoluciones supuestamente de las Consejeras de Cultura Encarnación Rodríguez Cañas y Ana Rosa Migoya Diego (íntegramente falsificadas).

Con estas falsas resoluciones consiguió que el Principado pagara a las siguientes empresas sin que éstas hubieran prestado los servicios facturados: a Rolan Telecomunicaciones SL 29.415, 22.314,99, 22.698,88 euros; a ASAC Comunicaciones 23.983,66 euros; a Aicom Asesoria e Infraestructuras de Comunicaciones SL, 29.975,24 euros, total 128.387,77.

Además utilizaba para canalizar los pagos varias cuentas bancarias falsas abiertas usurpando la identidad y falsificando firmas de otras personas.