Los nuevos límites de velocidad y el casco obligatorio para ciclistas enfrentan a los grupos afectados

  • La DGT ha presentado las principales novedades de la reforma del nuevo reglamento de circulación que el Gobierno prevé aprobar este año.
  • Entre otras medidas apuesta por una velocidad máxima de 30 y 20 km/h "en muchas calles de las ciudades" y ampliar a 130 km/h en tramos de autopista.
  • Colectivos de automovilistas apoyan la imposición del casco en bicicleta, pero oposición y asociaciones ciclistas opinan que tiene efectos negativos.
Imagen de archivo de los vehículos por la salida A-6 de Madrid.
Imagen de archivo de los vehículos por la salida A-6 de Madrid.
Juan Carlos Hidalgo / EFE

El Gobierno aún no ha presentado siquiera el anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Vial, pero las novedades presentadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) acerca del nuevo reglamento de circulación han movilizado a organizaciones partidarias, detractores y partidos de la oposición. La directora de la DGT, María Seguí, ha presentado este martes en el Congreso las líneas principales de dicha reforma; pese a las quejas de los grupos parlamentarios (que han manifestado no haber podido acceder al borrador propuesto), buena parte de ellos se han opuesto a las medidas ya filtradas en marzo.

Entre las novedades más destacadas se incluye la obligatoriedad de usar casco para todos los ciclistas, tanto en carretera como en ciudad. Esta medida, defendida por asociaciones de automovilistas y víctimas de accidentes de tráfico, cuenta no obstante con la negativa directa de colectivos de ciclistas y partidos de la oposición. Por ello, el Ejecutivo ha anunciado la celebración de una ponencia en el seno de la Comisión de Seguridad Vial "en la que se escuche a todos los expertos en la materia y se puedan así orientar las decisiones finales sobre este asunto".

También ha sido recibido con críticas el anuncio de aumentar, en algunos tramos de autopista y autovía, el límite máximo de velocidad hasta los 130 km/h. Pese a los llamamientos de partidos como el PSOE para celebrar también una ponencia en la que se discutan los pros y contras de esta medida, el Gobierno no la ha previsto, por el momento.

Principales cambios del nuevo reglamento

  • Velocidad: "Con la idea de reducir la siniestralidad en el casco urbano", la DGT propone reducir hasta los 30 km/h en "muchas" de las calles de las ciudades. Esta reducción podría incluso acentuarse hasta los 20 km/h en aquellas zonas urbanas donde convivan peatones, ciclistas y conductores. Además, también se reducirá el límite máximo en las carreteras secundarias, "donde se producen las tres cuartas partes de los accidentes con víctimas", señala el Gobierno. Junto a estas medidas, se ha añadido una propuesta para subir el límite hasta los 130 km/h en ciertos tramos especialmente seguros de autopistas y autovías. Esta última opción, defendida por la Asociación de Automovilistas Europeos y el Comisariado Europeo del Automóvil, se encuentra con la oposición directa de los colectivos de víctimas de accidentes (la asociación Stop Accidentes envió una carta al propio Rajoy) y de partidos como PSOE e IU. Para los socialistas, no está demostrado que un aumento de los límites no conlleve un aumento de la siniestralidad, y cualquier modificación en este sentido deberá ir acompañada de estudios e informes que lo avalen, además de un gran consenso parlamentario. Mientras, IU va más allá y denuncia que un incremento de la velocidad aumenta tanto la contaminación como el riesgo de accidentes.

  • Bicicleta: Pese a que el PP sostiene que su idea es fomentar a los ciudadanos a eliminar los "kilómetros inútiles motorizados" en favor de desplazamientos más saludables, la decisión de imponer la obligatoriedad del uso de casco a todos los ciclistas se ha encontrado con la oposición frontal de asociaciones de ciclistas como ConBici, que aseguran que prohibir circular en bicicleta sin casco no solo no tiene efectos positivos en la salud general de la población, sino que tiene claros efectos negativos. Según estudios recogidos por este colectivo, los efectos negativos están relacionados con la reducción del uso de la bici y "la consiguiente reducción de su efecto positivo sobre la salud pública", explican. Así, estiman que no se han hecho cálculos serios sobre el efecto de una obligación como esa, y que con este "desincentivo" al pedaleo se pueden ocasionar 217 muertes prematuras y suponer un coste de 254 millones al erario público. Frente a ellos, la Asociación de Automovilistas Europeos aplaude la medida "porque desde el punto de vista de la biomecánica es indiscutible su eficacia para la protección del cráneo en caso de impacto" y porque supone crear un hábito "saludable" de seguridad. Ante este tipo de argumentos, también esgrimidos por el Ejecutivo, fuerzas de la oposición como UPyD han preguntado irónicamente "¿Por qué no se promueve también el casco dentro del coche?". En opinión de IU, por su parte, la negativa a esta propuesta apunta también a que así se dificulta el alquiler de bicicletas y la "intermodalidad" (es decir, el uso de varios medios de transporte para un mismo desplazamiento). La propuesta del PSOE, por su parte, es también contraria a la obligatoriedad del casco, y pasa por escuchar a todas las partes antes de tomar ninguna decisión de calado.

  • Cinturón de seguridad: En el nuevo reglamento, el Ejecutivo prevé aumentar el abanico de ocupantes de vehículo que deben llevar obligatoriamente cinturón de seguridad, con especial incidencia en los menores.

  • Alcohol y drogas: Con el fin de perseguir con más determinación los consumos de alcohol y drogas entre conductores, las autoridades fijarán la saliva como "muestra biológica de detección" para descubrir si un automovilista ha tomado o no una sustancia prohibida.

Una década de reformas viales

Con esta reforma, la DGT emprende la enésima reforma de la ley sobre tráfico, en vigor desde 1990. Tras casi 15 años sin variaciones de calado, en 2004 se aprobó una reforma que introdujo el carné por puntos, a imagen y semejanza de otros países del entorno. La norma, que entró en vigor en julio de 2006, sufrió varios retrasos y vino acompañada de la instalación masiva de radares en carreteras de toda España.

Apenas un año después, el Gobierno de Zapatero reformaba el Código Penal en lo referente a delitos de tráfico. Así, se tipificaban como actos delictivos (penados con cárcel) lo que hasta entonces solo eran infracciones administrativas: conducir bajo los efectos de drogas y alcohol a partir de ciertos niveles, la conducción por encima de los 200 km/h, conducir sin permiso vigente...

Entre 2009 y 2010 se consumó una nueva vuelta de tuerca, con la reforma del procedimiento sancionador. Por un lado, se unificaban los importes de las sanciones y se aumentaba el descuento por pronto pago; por otro, se reducía el "catálogo" de infracciones que restaban puntos del carné de conducir. La última gran modificación de la normativa de tráfico fue en 2011, con la aprobación temporal de un límite de velocidad reducido en autopistas y carreteras. Esta medida, tal como publicó este diario, conllevó un gasto de 250.000 euros solo en pegatinas para las señales.

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