La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un profundo repaso a los actuales límites de velocidad y ha planteado una reforma que incluye distintos límites para automóviles en carreteras secundarias, entre 90 y 50 km/h, permitir los 130 km/h en algunos tramos de autopistas y autovías, así como una reducción en otros tramos de ciudad de la velocidad a 30 km/h, según el anteproyecto de Real Decreto al que ha tenido acceso Europa Press por el que se modifica el Reglamento General de Circulación. También se prohíben los detectores de radar. El PSOE ha mostrado su rechazo a que se pueda circular a 130 km/h.

El borrador, que tiene fecha del 25 de febrero de este año, plantea para automóviles y motocicletas una velocidad máxima en autopista y autovías de 120 km/h y en carreteras convencionales de 90 km/h con una anchura de plataforma igual o superior a 6,5 metros. Actualmente, estos vehículos están autorizados a conducir a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora en carreteras convencionales siempre que la vía tenga un arcén pavimentado de 1,50 metros o más de anchura.

Tráfico ya había adelantado que iba a acabar con el límite a 100 km/h en carreteras convencionales, pero en la reforma ha ido un poco más allá y contempla un límite de velocidad entre 70 km/h y 50 km/h para estas vías que tengan una plataforma inferior a 6,5 metros de anchura. En estas carreteras convencionales estrechas que tengan una marca longitudinal de separación entre sentidos el límite será de 70 km/h y en las que no esté pintada esa marca, será de 50 km/h.

Mientras, la velocidad máxima en autovías y autopistas continúa de manera general en 120 km/h, aunque la DGT contempla, como prometió, la posibilidad de aumentar hasta 130 km/h ese límite mediante paneles variables para turismos, motocicletas y vehículos de tres ruedas asimilados a éstas.

Según señala el anteproyecto, este aumento del límite de velocidad será autorizado y gestionado exclusivamente por la DGT o, en los casos en que la competencia de la gestión de tráfico esté transferida --Cataluña y País Vasco--por la autoridad autonómica competente para la gestión del tráfico, "de forma temporal y en tramos en los que existan índices contrastados de seguridad, buenas condiciones de trazado y pavimentación, y óptimas condiciones meteorológicas y ambientales".

En ciudad también se modifican los límites. Así, en aquellas calles con un sólo carril y sentido único de circulación o con un carril por sentido de circulación el límite queda fijado en 30 km/h, frente a los 50 km/h actuales. Además, en vías urbanas con plataforma única de calzada y acera el límite será de 20 km/h, mientras que en el resto de calles la velocidad máxima continúa en 50 km/h.

Tráfico justifica los cambios en los límites de velocidad en carreteras secundarias en que es en estas vías en donde se producen tres cuartas partes de los accidentes con víctimas. Además, argumenta la necesidad de distintos límites en función de la anchura de la plataforma (entre 90 y 50 km/h) en la utilizadad de "superar la tradicional diferenciación que existía en base al arcén practicable de 1,5 metros de anchura" para primar la "seguridad del conductor".

En cuanto a la regularización de zonas a 30 km/h dentro de las ciudades, señala que esta medida servirá para "la pacificación del tráfico urbano, la potenciación del uso de la bicicleta y la reducción de la siniestralidad en los cascos urbanos". En este sentido, señala que "en seguridad vial urbana es básica la regla en función de la cual el fallecimiento del peatón se produce en función de la velocidad del vehículo a motor".

Por otro lado, Tráfico ha introducido un artículo en el anteproyecto que abre la puerta a la prohibición de los detectores de radar, al señalar que "se prohíbe que en los vehículos se instalen mecanismos o sistemas, se lleven instrumentos o se acondicionen de forma encaminada a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico, o que se emitan o hagan señales con dicha finalidad, así como la utilización de mecanismos de detección de radar".

En la última reforma de la Ley de Tráfico, el gobierno socialista prohibió expresamente el uso de inhibidores de radar --aparatos que interfieren con la señal del radar para que no capte que el vehículo circula a una velocidad inadecuada--, pero dejó abierta la puerta a usar detectores de radar --que sin interferir en la señal, avisan al conductor de que hay un radar cerca--. Con esta reforma, sin embargo, se podría acabar con este tipo de aparatos.

La reforma también se contempla la eliminación de la práctica totalidad de las exenciones de uso de los cinturones de seguridad que se permiten en la actualidad y se prohíbe circular con menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros como ocupantes de asientos delanteros, con el objetivo de reducir la gravedad de las lesiones que puedan sufrir en caso de accidente.

Así, la reforma modifica personas con un certificado de exención por razones médicas graves o discapacitadas, taxistas, distribuidores de mercancías y conductores y pasajeros de los vehículos en servicios de urgencia, que hasta ahora estaban exentos de llevar el cinturón de seguridad puesto en algunas vías, tendrán que abrocharse el cinturón de aprobarse el anteproyecto en su redactado actual.

Asimismo, los niños menores de cuatro años que utilicen sistemas de retención de los grupos 0, 0+ y I viajarán en contrasentido de la marcha, si el dispositivo así lo prevé.

La posibilidad de incrementar el límite de velocidad a 130 km/h en algunos tramos de autovías y autopistas ha suscitado las críticas del principal partido de la oposición. El portavoz del PSOE en materia de Seguridad Vial, Carles Corcuera, ha alertado de que pueden aumentar las probabilidades de que el accidente de tráfico sea mortal o más grave.

Corcuera ha asegurado que ahora “la media de las autopistas y autovías está por encima de los 120 kilómetros por hora”. Si se eleva el límite a 130, esa media “ascenderá a los 140 kilómetros por hora y con ello aumentaría el riesgo”. El parlamentario ha comentado en declaraciones a Europa Press que también supone un aumento de la contaminación, aparte de un mayor gasto energético.

El socialista catalán se opone igualmente a la obligatoriedad del uso del casco para la bicicleta en las ciudades, como así plantea la norma. A su juicio, todos los colectivos de usuarios de bicicletas están en contra de esta previsible obligatoriedad porque consideran que el riesgo de caída en la ciudad que pueda provocar muerte "es muy bajo". Considera además que desincentiva su uso en la ciudad el hecho de obligar a una persona que alquila una bici a que tenga que llevar casco.

Corcuera ha recalcado que en ninguno de los países del entorno es obligatorio el uso del casco. Así las cosas, recuerda que en el Congreso de los Diputados existe un grupo de trabajo con el sector de la bicicleta, donde este ya ha manifestado su oposición a tener que llevar obligatoriamente el casco. "Esta medida absolutamente desproporcionada porque una cosa es la carretera y otra la ciudad", ha sentenciado.