El perfil de las personas atendidas por los servicios sociales ha cambiado con la crisis y el de las que ocupan casas, también. Desde hace más de dos años, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ocupa viviendas y edificios para dar un lugar donde vivir a las personas desahuciadas.

"Las familias entran por necesidad después de haber llamado a todas las puertas sin encontrar una solución", explica a 20 minutos el portavoz de la PAH de Terrassa (Barcelona), Guillem Domingo, quien recuerda que el objetivo es "evitar que se queden en la calle y cubrir su derecho en la vivienda", reconocido por la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos.

La liberación, como lo denomina la PAH, de edificios vacíos en manos de entidades financieras y del banco malo responde a la necesidad de ayudar a aquellos que han perdido su casa. "España es uno de los países con más viviendas vacías y más desahucios", recuerda.

La Obra Social de la PAH ha liberado nueve bloques en Cataluña: tres en Sabadell (Barcelona), dos en Terrassa y uno en Salt (Girona), Rubí (Barcelona), Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y Blanes. Ahora negocia con bancos y ayuntamientos para encontrar soluciones como el alquiler social o que el consistorio permita a los afectados empadronarse en el piso ocupado para poder dar de alta los suministros.

Además, el 15-M ocupó el domingo un edificio municipal en la calle Sant Pere Més Baix, en el distrito barcelonés de Ciutat Vella, donde se alojarán familias desahuciadas. Ya lo están adecuando pero el Ayuntamiento de Barcelona asegura que no es habitable. De hecho, la Guàrdia Urbana no ha tardado en desalojarlo.

La mayoría de afectados son realojados al mismo domicilio. «Si no podemos parar el desahucio y la familia tiene que seguir pagando la vivienda que ha perdido, los realojamos allí», explica el portavoz de la PAH, quien recuerda que una época «se pusieron de moda» los lanzamientos hipotecarios sin fecha, con lo cual no podían movilizarse para evitarlo.

Sin embargo, son muchas las familias que solas deciden volver al piso del que han sido desahuciadas, es lo denominado patadismo. «Los bancos lo saben pero no les interesa que salgan estas cifras», advierte Domingo, quien denuncia la inseguridad con la que viven estas familias pues pueden volver a echarlas de su casa en cualquier momento.

Los jueces son cada vez más sensibles, como demuestra que un magistrado de Barcelona llevara las cláusulas abusivas ante el Tribunal Europeo y que una jueza de Sabadell rechazara la medida cautelar solicitada por el banco malo de desalojar once familias que habían ocupado un bloque de su propiedad que llevaba cuatro años vacío.

No obstante, «los bancos y el Gobierno se cierran en banda y nos obliga a realizar campañas más activas», lamenta Domingo, quien augura nuevas liberaciones de viviendas.

Además, hay unas 700 personas viviendo en asentamientos en Barcelona, sobre todo inmigrantes en situación irregular que sobreviven en naves industriales del Poblenou recogiendo chatarra. Desde enero se han desalojado un centenar y la Red de Apoyo a los Asentamientos teme que próximamente se expulse a 300 más.

El Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, ha exigido este lunes soluciones para las 300.000 familias que viven en cerca de 2.000 urbanizaciones nacidas en 60 y 70 –muchas de ellas en el Baix Llobregat–, que todavía se encuentran en situación irregular y tienen importantes déficits de servicios básicos como el agua, la luz, el transporte o la depuración de residuos.

No es «un tema superfluo» porque son primeras residencias y afecta el derecho a una vivienda digna. Por eso, insta al Govern a flexibilizar la ley y a solucionar el problema antes de seis meses.