La infanta Cristina ha durado imputada un mes y cuatro días. Este martes, la Audiencia Provincial de Palma ha decretado la suspensión de su imputación –en el marco del 'caso Nóos'– porque considera que no hay pruebas suficientes de que colaboró activamente en la contratación de servicios en la fundación dirigida por su marido, Iñaki Urdangarin.

En el auto que invalida la imputación dictada en mayo por el juez Castro, los magistrados de la Sección Segunda de este tribunal exigen al instructor que ofrezca un plazo –improrrogable, aunque aún no acordado– al exsocio de Urdangarin, Diego Torres, para que aporte nuevos correos.

Al mismo tiempo, los magistrados emplazan al juez instructor a que solicite a la Agencia Tributaria nueva información que complemente su anterior informe, en aras de encauzar de nuevo la imputación de la hija del rey por delito fiscal y fraude a la Hacienda pública.

Si de los nuevos correos –en el caso de que los hubiera– y del informe mejorado de Hacienda salieran indicios objetivos, dicha imputación podría retormarse. Si no, los magistrados instan al instructor a que archive la causa abierta contra Cristina de Borbón.

¿En qué estado se encontraba la imputación de la infanta?

La infanta Cristina fue imputada por el instructor del 'caso Nóos' el 3 de abril. El auto del juez Castro se fundaba en 14 indicios de delitos, que se derivaban de la última remesa de correos electrónicos facilitados por Diego Torres. Tres días después, el 6 de abril, el fiscal anticorrupción presentó un recurso contra la imputación de la infanta.

Otros tantos recursos fueron también interpuestos por la defensa de Cristina, de su marido y del secretario de la Infantas, Juan Revenga. Llegados a este punto, y un mes después de haber imputado a la infanta, el juez Castro decidió suspender la declaración de Cristina, prevista para el 27 de abril, hasta que se resolviera el recurso de la fiscalía contra su decisión.

¿Qué dice el nuevo auto, emitido por la Audiencia de Palma?

El nuevo auto –dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma– deja sin efecto la imputación de la infanta. Y concreta: "Si no se produce el advenimiento de nuevos hechos que hagan reconsiderar las endebles imputaciones, el juez ha de disponer el archivo de las actuaciones".

Además, el auto considera que "no es admisible mantener una investigación permanentemente abierta", por lo que, si no hay nuevos elementos como prueba, "ha de ponerse término a dicha investigación para evitar mayores especulaciones".

¿Cuántos magistrados han tomado esta decisión? ¿Ha habido unanimidad?

Tres. Diego Jesús Gómez-Reino, que ha ejercido de presidente, Mónica de la Serna de Pedro y Juan Jiménez Vidal. Este último ha expresado un voto discrepante, por lo que el auto no ha sido aprobado por unanimidad.

¿Es firme la sentencia?

Sí. Es firme y contra ella no cabe recurso de ninguna de las partes, ni de la acusación popular –representada por Manos Limpias– ni por parte del Ministerio Fiscal o la Abogacía del Estado.

¿Se toman en cuenta las alegaciones de las defensas?

Sí, pero muy parcialmente. Los magistrados consideran que "no ha habido quebranto del principio acusatorio" al imputar a la infanta, como aseguraba su defensa, ni que tampoco hay nada extraño en que no haya sido llamada a declarar como testigo.

Además, la Audiencia de Palma defiende al juez Castro frente a las quejas de la Fiscalía y los abogados de la infanta, que consideraban que el auto de imputación no tenía validez, pues su contenido era ya "cosa juzgada" en un auto anterior (en el que este mismo juez había desestimado la imputación por falta de pruebas).

¿Qué argumentos se dan para dejar en suspenso la imputación?

Se considera que "hay una insuficiencia fáctica" en el auto de imputación de la infanta dictado por Torres y que en él faltan "indicios vehementes y fundados" sobre si la hija del rey intervino o no en la contratación de proyectos del Instituto Nóos.

Por otra parte, además de poner reparos al auto de imputación, los magistrados de la Audiencia Provincial determinan que, si bien de los correos electrónicos no se derivan "conclusiones de criminalidad", no se puede descartar que la infanta sí cometiera posibles delitos contra la Hacienda pública y de blanqueo de capitales.

¿Se deja abierta alguna puerta para reconsiderar la imputación de la infanta?

Sí, precisamente en el apartado de los posibles delitos relacionados con los beneficios no tributados a través de la empresa Aizoon. En este punto, el auto –que previamente había echado tierra sobre los indicios del juez Castro relativos los correos– no descarta que la infanta pudiera ser de nuevo imputada (por blanqueo de capitales y por un delito contra la Hacienda Pública).

Para ello sería necesario que el anterior informe de la Agencia Tributaria, que en opinión de los magistrados tiene "aspectos que no se comprenden", sea completado con nuevos datos que puedan avalar la "cooperación omisiva" [esto es, que no hizo lo que estaba en su mano para impedir el delito] de la infanta en los negocios de su marido.

¿Qué debe hacer ahora el juez Castro si quiere retomar la imputación?

El auto de la Audiencia Provincial exige al juez instructor de Nóos que conceda un plazo a la defensa de Torres para que aporte nuevos correos. Fuera de ese plazo, que no se ha concretado todavía, el exsocio de Urdangarin no podría enviar al juzgado nuevas pruebas.

Por otro lado, Castro debe solicitar a la Agencia Tributaria que complete su anterior informe, que a juicio de los magistrados de la Audiencia está lleno, como se precisa en el anterior apartado, de "zonas oscuras", para así dar respuesta a las cuestiones tributarias sobre la infanta Cristina que a día de hoy consideran que no están resueltas.