Los protagonistas, uno a uno

• Cristina de Borbón: Era vocal de la Junta Directiva de Nóos cuando la presidía su marido, Iñaki Urdangarin. El juez Castro la citó como imputada para declarar a finales de mes, aunque la comparecencia ha sido pospuesta tras el recurso del fiscal Horrach, quien considera que los indicios señalados por el juez Castro contra ella "carecen de la entidad suficiente" para apoyar su citación como imputada. La hija del rey Juan Carlos era titular del 50% de la inmobiliaria Aizoon, la empresa que supuestamente habría usado junto al Duque para disminuir su tributación a Hacienda. El juez habló en su auto de "indicios" de complicidad.
• Iñaki Urdangarin: El duque de Palma fue presidente del Instituto desde 2004 hasta marzo de 2006. Ha sido imputado por malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad y fraude a la Administración en las contrataciones que la organización realizó en Baleares y Valencia. Se le acusa además de fraude en el impuesto de sociedades en 2007 y en dos de sus declaraciones del IRPF en 2007 y 2008. Urdangarin facturó supuestamente varias retribuciones a través de la inmobiliaria Aizoon, que Hacienda considera una "sociedad pantalla" para ocultar ser el perceptor de ese dinero y reducir su tributación de IRPF deduciéndose gastos no relacionados con su actividad.
• Diego Torres: Presidió el Instituto Nóos desde el año 2006, cuando lo abandonó Urdangarin a instancias de la Casa Real. El exsocio del Duque, cuyos correos electrónicos están marcando el pulso de la instrucción, fue señalado el 26 de febrero de 2012 por el duque de Palma como responsable de labores administrativas y de facturación de Nóos, mientras el propio Urdangarin se desentendía de cualquier cuestión contable porque su función era únicamente llevar las "relaciones institucionales a gran nivel y diseñar los planes comerciales". Torres está imputado también por delitos malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad y fraude a la Administración.
• Miguel Tejeiro: El excontable del Instituto Nóos también está imputado por el presunto desvío de fondos públicos y privados obtenidos por el Instituto Nóos. Tejeiro afirmó en febrero de 2012 ante el juez instructor del 'caso Palma Arena' que tanto el duque de Palma como Diego Torres le pidieron buscar una fórmula para facturar fuera de España los negocios que querían llevar a cabo en el extranjero y de esta forma pagar menos impuestos. Tanto él como sus dos hermanos, Marco Antonio —exadministrador de varias de las sociedades mercantiles de Diego Torres— y Ana María —esposa del exsocio de Urdangarin y responsable del área jurídico-fiscal de Nóos—, han sido imputados.
• Carlos García Revenga: Los correos electrónico que Diego Torres entregó al juez pusieron contra las cuerdas al secretario personal de las infantas, que fue tesorero en Nóos entre 2004 y 2006, los años en los que se cometieron los presuntos delitos. "Pese a mi condición de tesorero, nunca tuve firma autorizada en sus cuentas, ni poder de decisión en las mismas ni en su contabilidad; y no he recibido ningún tipo de remuneración ni de beneficio", ha explicado Revenga. Sin embargo, el abogado del exsocio de Urdangarin aseguró al juez que en Nóos "se le consultaba todo" por su cargo de tesorero del Instituto y algunos de los correos reflejan que Urdangarin tomó a García Revenga como consejero en multitud de asuntos.
• José Manuel Romero: Es el asesor jurídico de Zarzuela y ostenta el título de conde de Fontao. Declaró como testigo para explicar el convenio que firmó con Nóos como responsable de la Sociedad Gestora de la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana para la celebración en Valencia de los Juegos Europeos 2006, por los que la Generalitat pagó 382.203 euros. Romero dijo al juez que pidió a Urdangarin que dejara de hacer negocios valiéndose de su condición de miembro de la Familia Real. Sin embargo se le acusa de realizar trabajos de "mediación y asesoramiento" al Duque en relación a Nóos y a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS).
• Ana María Tejeiro: La esposa de Diego Torres fue responsable del área jurídica y fiscal del Instituto Nóos. Fue citada a declarar en febrero de 2012, pero entonces se acogió a su derecho constitucional a no responder. Su abogado ha solicitado en dos ocasiones desde que comenzó la instrucción de esta causa que sea sobreseída y archivada en relación a Ana María, la primera vez en noviembre de 2011 y la segunda en marzo de 2012, algo que el juez siempre ha rechazado. Diego Torres cree que si Tejeiro está imputada, también debería estarlo la infanta Cristina dado que, según el exsocio de Urdangarin, su conocimiento de lo que sucedía en Nóos era similar al de la hija del Rey.
• José Castro: El instructor del caso es el primer juez que ha imputado a un miembro de la casa real. La investigación de las presuntas irregularidades en la construcción del velódromo en la capital balear le llevó hasta el Instituto Nóos. Inmediatamente surgieron las dudas sobre si la infanta estaba también implicada, un extremo que Diego Torres ha intentado probar a Castro con cientos de emails. Finalmente, este miércoles llegó la imputación. El juez dijo haber hallado "indicios" de complicidad en Cristina de Borbón. Dice Castro en su auto que si no hubiera imputado a la infanta se produciría un "descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos y una contradicción a la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales". En sus 34 años no ha concedido ninguna entrevista, pero en la calle los ciudadanos le aclaman como a un héroe.
• Pedro Horrach: Ha trabajado en la instrucción del caso Nóos junto al juez desde el inicio de la investigación pero, a la hora de imputar a la infanta, su opinión ha diferido a la del magistrado. Su recurso a la imputación ha frenado momentaneamente la declaración de Cristina de Borbón. Horrach, de 47 años, se ha criado en el seno de una familia acaudalada e inmersa en el sector hotelero. Sin embargo, él se decidió por la judicatura y no continuar los negocios familiares. El fiscal justifica su recurso en que no existen suficientes indicios en su contra. "La imputación a una persona de hechos que a priori no presentan rasgos delictivos es cuanto menos un trato discriminatorio", asegura.