La imputación de la infanta Cristina en el conocido como 'caso Nóos' ha generado "enorme preocupación" en el Gobierno de Mariano Rajoy.

Apenas 24 horas después de conocerse que el juez Castro llamará a declarar a la hija del rey por su posible colaboración en los delitos de apropiación de fondos públicos y evasión fiscal de los que se acusa a su marido, Iñaki Urdangarín, ha sido un ministro, y no el presidente del Gobierno, quien ha valorado el alcance de esta decisión. Pero no ha sido un ministro cualquiera, sino el máximo representante de la diplomacia española, el responsable de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo.

Antes de inaugurar la reunión de alto nivel de Naciones Unidas contra el hambre, que se celebra en Madrid, Margallo ha calificado de "enorme" la inquietud del Ejecutivo por la imagen que esta situación traslada del país.

"Cualquier cosa que afecte a una institución que ha sido capital en la Transición española y que es capital para el prestigio de España en el exterior, causa una enorme preocupación", ratificó. Por ello, pidió que la imputación de la Infanta "se sustancie con rapidez" (ha sido llamada a declarar el próximo 27 de abril a las 10.00 horas).

Que Margallo haya sido el primero en tomar la palabra no es casualidad, dado que la Familia Real, y especialmente el rey, son, no solo embajadores institucionales, sino embajadores económicos y una garantía a la hora de cerrar acuerdos de inversión del Gobierno o las empresas españolas en otros países.

Por su parte, ni la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ni la de Fomento, Ana Pastor, quisieron salirse del guión habitual. "El Gobierno respeta las decisiones judiciales y la acción de la Justicia; como demócratas, tenemos que respetar la división de poderes", zanjó la primera. Ana Pastor insistió en no dar su opinión para respetar la "división de poderes" entre el Legislativo (Gobierno) y el Judicial (los tribunales).

Hasta ahora, el Gobierno no se había pronunciado sobre cómo afectaban a España las polémicas de la Casa RealCon todo, la "enorme preocupación" revelada por Margallo supone un cambio de actitud del Gobierno. Hasta ahora, el equipo de Mariano Rajoy —como el PP y el PSOE— no había entrado a valorar la repercusión negativa que podrían tener para el país las distintas polémicas que afectan a la Casa del Rey.

Ni la imputación y la fianza millonaria impuesta a su yerno, ni el polémico viaje del rey a Botsuana para cazar elefantes, ni el supuesto papel de intermediaria a favor de España de su amiga personal Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ni las supuestas cuentas en Suiza del monarca fruto de su herencia habían sido objeto de análisis. En su lugar, el Gobierno y los partido mayoritarios se habían limitado poner en valor el papel de la monarquía para garantizar la estabilidad institucional del país.

El presidente del Gobierno lleva tres meses sin responder a preguntas de los periodistas españoles. En ese tiempo, Mariano Rajoy tampoco ha tomado la palabra para hablar de ninguno de los asuntos que afectan a la Casa Real.