El exconseller valenciano y vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha afirmado este martes que con su firma en un convenio entre el Instituto Nóos y la Generalitat Valenciana no se pagó "ni un euro público" a la entidad de Iñaki Urdangarin, ya que de lo contrario se habría "pensado mucho más" rubricarlo.

"Es verdad que mi firma está en un convenio, pero porque hubo un acuerdo previo del Gobierno de la Generalitat Valenciana", ha explicado respecto al convenio por 382.203 euros para organizar los Juegos Europeos 2006, si bien ha añadido que con su firma "no se comprometió ni un euro público ni se pagó un euro público al instituto Nóos".

El convenio rubricado el 23 de diciembre de 2005 con el Instituto Nóos establecía que esta entidad se comprometía a colaborar en la preparación de la candidatura de la Comunidad Autónoma como sede de la I edición de unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse.

A su salida de los juzgados de Plaza de Castilla tras testificar ante el juez del caso Nóos, González Pons ha aclarado a los periodistas que no se ha acogido a su derecho como diputado a que se le interrogara en su despacho y ha acudido "como ciudadano" a declarar porque en este momento los políticos no deben hacer uso de sus derechos sino estar "a pie de calle".

El dirigente popular ya fue citado a declarar por el juez en mayo del pasado año, si bien finalmente su comparecencia fue suspendida y quedó pendiente de nueva fecha. "He guardado silencio durante un año y voy a volver a guardar silencio por respeto al tribunal que está investigando", ha puntualizado, tras lo que ha afirmado: "Ya está bien de informaciones que relacionan mi firma con el pago a Iñaki Urdangarin".

Tras la declaración de González Pons, le tocó el turno de declarar al asesor jurídico de la Casa del Rey y conde de Fontao, José Manuel Romero, que intentó acceder a los juzgados por un acceso de garaje. Al no permitírselo, tuvo que regresar a la entrada principal, repleta de prensa.

En su declaración, Romero ha reconocido que pidió a Iñaki Urdangarin que dejara de hacer negocios a través del Instituto Nóos valiéndose de su condición de miembro de la Familia Real.

El conde de Fontao ha afirmado que en 2006 se enteró de las actividades de Urdangarin y que consideró que no encajaban con la ética de la Casa Real, por lo que se dirigió a él para que cesara en ellas.

Con ello, el asesor jurídico de la Casa del Rey pretendía evitar que Urdangarin "enseñara la tarjeta" para obtener contratos públicos y privados "por ser quién es", dijo.

En concreto, dudó de la fórmula jurídica de Nóos (asociación sin ánimo de lucro) y de su labor de consultoría, ya que consideraba que podía acarrear actividades mercantiles en las que no debía participar. Eso sí, le dijo al magistrado que no dudaba de la licitud de las actividades de Urdangarin, pero que las mismas podían ser contrarias a las pautas institucionales de la Casa del Rey

En el caso de Romero, el magistrado justifica su citación en el contenido de las declaraciones prestadas por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y del empresario Raimon Bergós, de las que se derivaría que realizó trabajos de "mediación y asesoramiento" —según la resolución— al duque en relación a su posición en Nóos y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS). Esta fundación estaría impulsada presuntamente por ambos exsocios meses después de que, en 2006, el Rey Don Juan Carlos ordenase a Urdangarin abandonar sus negocios.

De acuerdo a la numerosa documentación aportada por Torres a la causa, el asesor externo de la Casa Real habría recomendado al marido de la Infanta Cristina guardar las apariencias si seguía con los negocios tras abandonar el Instituto Nóos. Sin embargo, el abogado ha negado en un comunicado haber prestado "asesoramiento jurídico" en los trámites de constitución de la FDCIS más allá de haber aconsejado a Urdangarin que si quería estar vinculado a ella se limitara a ser miembro de su consejo asesor, nunca de su órgano de gobierno.

Durante la mañana han comparecido cuatro testigos: Antonio Ballabriga, el empresario José María Treviño y su supuesto asesor fiscal Javier Jiménez Andrade, y el también empresario y expresidente de la liga Asobal Domingo Díaz de Mera.

El exdirectivo del Instituto Nóos Antonio Ballabriga ha sostenido este martes que Iñaki Urdangarin siguió "al tanto" de las actividades en esa entidad, entre ellas la celebración de unos juegos europeos en Valencia, que nunca se celebraron, después de que supuestamente las abandonara en 2006, según fuentes jurídicas.

Por su parte, el empresario José María Treviño, al que se investiga si efectuó labores como testaferro para derivar fondos a paraísos fiscales para el duque de Palma, se ha limitado a indicar a los periodistas que había contestado a las preguntas y que él no tenía "nada que ver" y ha destacado que venía como testigo y "salgo igual".

A lo largo de este martes y el miércoles, el magistrado ha citado a un total de 20 personas como testigos de la causa en Madrid, y más tarde se trasladará a Barcelona para interrogar a otras 15, entre ellas, el presunto testaferro de Urdangarin, Mario Sorribas, por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación en relación a la preparación de la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2016.

Este miércoles, a partir de las 10.30 horas serán interrogados los representantes legales de distintas empresas de las que Urdangarin fue asesor —Lagardère, Havas, Pernod, Altadis y Seelinger y Conde—; Olga Cuquerella, presunta empleada 'fantasma' de Aizoon y hermana de la secretaria personal del duque; el empresario Domingo Díaz de Mera; el exdirector del equipo ciclista Illes Balears José Miguel Echavarri; Miguel Angel Fontán, director comercial de Sofres; el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig; y el responsable del Consorcio Valencia 2007, Jaume Mata.

En Barcelona, el día 21 están citados varios exempleados de Aizoon, mercantil cuya titularidad Urdangarin comparte al 50% con la Infanta Cristina, así como el propio Sorribas, mientras que el 21 comparecerán, entre otros testigos, representantes de las empresas Mixta África y Aceros Bergara.