El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena, ordenó el martes a los fiscales que endurezcan la protección penal de maestros y médicos.

Además, pidió que se tipificara las agresiones a estos profesionales como atentados y se castigaran con penas de  hasta cuatro años cárcel.

Mena recordó que existe suficiente jurisprudencia para "otorgar un sólido amparo jurídico-penal mediante el artículo 550 del Código Penal a los profesionales de la enseñanza pública y la sanidad pública que sean agredidos en el desempeño de su función pública o como consecuencia directa de ella".

Estos artículos castigan con penas de prisión de uno a tres años "a los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza con ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".

También establecen penas de dos a cuatro años de prisión si se considera que el atentado es contra la autoridad.

La medida ha sido aplaudida por varios sindicatos, IU, el PP y por la Fiscalía de Alicante.

Así, CC.OO reclama la profesión del docente sea reconocida como "de especial dificultad", mientras que IU manifestó que solicitará en el Parlamento que las agresiones a docentes sean consideradas "accidente laboral".

El PP ha encargado a un grupo de expertos que estudie la viabilidad de tipicar el acoso escolar como delito en el Código Penal.

El sindicato de Enfermería SATSE pidió que la medida adoptada en Cataluña se haga "extensible a todo el territorio nacional".

Por su parte, el portavoz de Educación del PSOE, Raimundo Benzal, manifestó este jueves que los socialistas creen que las medidas de la Ley Orgánica de Educación (LOE), en vigor desde mayo pasado, es de momento "más que suficiente" ante cualquier tipo de agresión en el ámbito escolar.