El fiscal jefe de Catalunya, José Maria Mena, ha ordenado a los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) "la más severa perspectiva jurídico-penal" para los casos de agresiones a profesores y médicos durante el ejercicio de su trabajo que serás catalogadas como atentados a la autoridad.
Este delito puede conllevar una pena de hasta cuatro años de prisión.
Unos 800 profesores se manifestaron la semana pasada en Barcelona para exigir mayor protección en los centros escolares después de sufrir constantes agresiones .
Según la orden, "las agresiones a estos profesionales significan la perturbación de la función pública que ejercen" lo que impide "el efectivo disfrute" de los derechos consagrados en la Constitución.
Incluye los no funcionarios
La norma no sólo se aplicará en los casos de agresiones a funcionarios públicos sino también a los profesores y médicos que trabajan en centros privados.
Según la orden del fiscal jefe el concepto jurídico-penal de funcionario público no es equivalente al concepto jurídico-administrativo por lo que el Código Penal protege a los que ejercen la función pública de enseñar o prestar la atención sanitaria fuera de la Administración.
Entre la jurisprudencia citada por José María Mena destaca una sentencia del Tribunal Supremo de 1991 que consideró funcionario público a un catedrático de universidad agredido tras un examen por un estudiante suspendido.
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