Carlos Dívar cumplirá 71 años el próximo diciembre. El ya ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se mantuvo en el cargo durante tres años y nueve meses. Un tiempo en el que multó con solo 1.500 euros al juez que no ordenó ingresar en prisión al asesino de la niña Mari Luz por abusos a su hija, suspendió a Baltasar Garzón como juez de la Audiencia Nacional y fue denunciado por presunta malversación de fondos públicos por cargar en los presupuestos públicos gastos de viajes privados.

Comenzó su carrera jurídica ejerciendo como magistrado en distintas localidades como Castuera, Durango, Orgaz y San Sebastián. En 1980 fue nombrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, donde fue designado como presidente 21 años después, en 2001.

Dívar mantuvo este cargo hasta su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo y del órgano de Gobierno de los jueces en septiembre de 2008, puesto para el que fue elegido por unanimidad por los veinte vocales del CGPJ. Propuesto por el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su figura fue calificada en una declaración institucional avalada por los vocales como la "persona idónea para generar confianza y consenso en el órgano de gobierno de los jueces".

Los vocales destacaron en aquel momento los méritos y cualidades que concurrían en su persona, especialmente su condición de jurista de Estado y su idoneidad para presidir el Tribunal Supremo y el órgano de gobierno del Poder Judicial para que éstos tuvieran "eficacia" y gozaran "del prestigio y de la credibilidad necesarios entre los ciudadanos". También resaltaron la capacidad de diálogo y la trayectoria profesional "impecable" de Dívar durante sus casi 40 años de ejercicio, caracterizados por su "independencia, prudencia, discreción y preparación técnica", entre otros muchos elogios.

El hasta ahora presidente del Supremo sufrió en la Nochebuena de 2003 un intento de atentado de la banda terrorista ETA que planeó acabar con su vida durante su desplazamiento diario desde su domicilio hasta la Audiencia Nacional. La acción fracasó debido a que su comitiva empleó aquel día un trayecto diferente al habitual. Dívar atribuyó su salvación "a la intercesión de la Virgen de Fátima".

En 2008 se enfrentó a la primera polémica. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió resolver con una multa de solo 1.500 euros el expediente abierto al juez de Sevilla Rafael Tirado, que no ordenó ejecutar la sentencia que condenó al detenido por la muerte de Mari Luz Cortés , Santiago del Valle, por abusos a su hija.

Debido a que Del Valle no fue reclamado por el juez Tirado para cumplir la pena impuesta por abusar de su propia hija, éste aprovechó su libertad para poder acabar con la vida de la pequeña Mari Luz.

Sin duda el hecho más importante de su mandato fue la suspensión del juez  Baltasar Garzón como juez de la Audiencia Nacional, después de que el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela acordara la apertura de juicio oral por la investigación de los crímenes del franquismo. La decisión del CGPJ fue adoptada por unanimidad de los 17 vocales y el presidente, Carlos Dívar.

El pasado 8 de mayo Gómez Benítez, un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), denunció al presidente de este órgano judicial, Carlos Dívar, por un supuesto delito de malversación de fondos públicos. Según la documentación que ha entregado, Dívar podría haber pagado con 6.000 euros de procedencia pública seis fines de semana en un hotel de lujo de Marbella, así como diversas cenas en restaurantes de lujo de la localidad malagueña. También lo acusa de llevarse siete escoltas en esos desplazamientos, que costaron 27.000 euros al erario público.

El 21 de mayo la Fiscalía archiva la denuncia al no ver ningún reproche penal en la actuación de Dívar y recuerda que las normas del Consejo no obligan a justificar el motivo de los viajes y que los del presidente del CGPJ contaron con el visto bueno de la Intervención General del Estado.

Dívar accede el 14 de junio a convocar el pleno extraordinario que solicitaban los vocales, que se celebra dos días después y en el que se constata la falta de apoyo, por lo que acaba dimitiendo el 21 de junio.