Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que en breve pasarán a denominarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros, separarán físicamente a los extranjeros "sin papeles" con antecedentes penales o policiales de aquellos que solo han cometido una falta administrativa, como es el hecho de no tener documentación de estancia en España en regla.

Así lo anunció este lunes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante una visita al CIE de Aluche en Madrid, acompañado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y una comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados.

El ministro del Interior aseguró que su departamento realizará las obras que sean necesarias para adecuar las "dos zonas" separadas para los extranjeros con o sin antecedentes en los recintos, pero teniendo en cuenta las actuales limitaciones presupuestarias. Añadió, además, que la inmensa mayoría de los internos -un 96% en el caso de CIE de Aluche-, cuenta con antecedentes, y que más del 80% de las personas que son finalmente expulsadas a sus países de origen habían cometido delitos en España.

Los informes de las ONG vinculadas a estas instalaciones y los propios datos oficiales ponen de manifiesto, sin embargo, que, de los 13.241 inmigrantes que pasaron por un CIE en 2011, solo 6.825 fueron expulsados.  "Solo el 6% de los miles de extranjeros a los que se les abre un expediente de expulsión abandonan finalmente España", asegura el sindicato policial SUP.

Las obras en los CIE son solo una de las medidas que se aplicarán una vez que entre en vigor el nuevo reglamento de funcionamiento de estos centros, calificados por las ONG como prisiones al margen de la ley.

Dentro de sus muros, según los colectivos sociales, existen violaciones de los derechos humanos que van desde los castigos colectivos a las lesiones y las "torturas". Una semana después de la muerte de una interna en el CIE de Aluche, uno de los jueces con labores de vigilancia en el centro dictó un auto denunciando el "palmario hacinamiento" y las "instalaciones absolutamente inapropiadas" en las que los internos recibían asistencia sanitaria.

Este lunes, el ministro aseguró que si se han cometido irregularidades,  "ya han quedado subsanadas". Al mismo tiempo, negó que los centros esén saturados, ya que el nivel medio de ocupación es del 60%, el 76% en el caso de Aluche.

"Esto no es un centro penitenciario", insistió este lunes el ministro del Interior, que aseguró que el Gobierno no tiene "nada que ocultar" en los CIE y que apuesta por la "mayor transparencia posible" en su gestión.  Eso a pesar de que la entrada en estos centros a los medios de comunicación ha estado prohibida de facto a los medios de comunicación desde hace años.

Pese al rechazo de las ONG, los CIE seguirán siendo gestionados por el Ministerio del Interior (Policía Nacional) según el nuevo reglamento. Sin embargo, se limitará a preservar la seguridad de las instalaciones, cediendo el resto de competencias asistenciales o sanitarias a otros funcionarios o empresas externas.

El documento también contempla que el horario de asistencia sanitaria para los inmigrantes se prolongue de 8.00 horas a 22.00 horas y que se refuerce los fines de semana.

El ministro aseguró que la nueva regulación de los CIE, que será aprobada próximamente por el Consejo de Ministros, recoge "todas" las recomendaciones emitidas por la Oficina del Defensor del Pueblo tras una visita al centro de la Zona Franca de Barcelona.