Las principales ONG de asistencia han rechazado de plano la propuesta de reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) presentado por el Gobierno, que se ha visto obligado a retirar el borrador y "replantearse todo el sistema de nuevo".

Así lo han explicado fuentes de algunas organizaciones a las que el Gobierno había planteado la posibilidad de hacerse cargo de los servicios de asistencia social y sanitaria a los internos en estos centros. El borrador de reglamento presentado por el Ministerio del Interior para los CIE establecía "dos ámbitos bien distintos" en su funcionamiento: La "seguridad de los centros y de las personas", y la tramitación de los expedientes de expulsión correspondería a la Policía Nacional, mientras que la "faceta asistencial" estaría en manos de ONG.

La propuesta detalla que los centros estarían "incardinados" en el Ministerio del Interior y que la "dirección, coordinación, gestión y control" de los mismos se ejercería a través de la Dirección General de la Policía. También precisa que los servicios de asistencia sanitaria y los servicios sociales serán "competencia del Ministerio del Interior" que podrá concertarlos con otros ministerios o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.  "La propuesta es inadmisible; nos hemos plantado porque tenemos planeamientos irreconciliables", ha asegurado Mamen Castellano, presidenta de la Federación Andalucía Acoge, una de las principales ONG implicadas en el proyecto.

"Tal y como lo plantean, las ONG dependeríamos directamente de la Policía y deberíamos acatar y obedecer todas sus decisiones; eso es imposible", ha subrayado Castellano, para quien el reglamento da "demasiado papel a la Policía y deja demasiados asuntos al arbitrio del director del centro, que también es de la Policía". Por ello, las ONG consideran que los servicios sanitarios, sociales y asistenciales en estos centros "son funciones a las que debe atender el Estado con funcionarios públicos; las ONG estamos para paliar las deficiencias del Estado, pero la responsabilidad es del Estado y debe asumirla", ha dicho Castellano.

El Gobierno, que en un principio "empujó" por tener el reglamento aprobado para el pasado mes de abril, ya ha asumido que tampoco estará listo antes de verano y que tendrá que "replantearse todo el sistema", ha explicado una de las fuentes. Tras analizar el documento, las ONG consultadas, promotoras de la campaña "Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE", presentaron un documento de "observaciones" en el que mostraban su "disconformidad" hasta con el nuevo nombre que el Ejecutivo proponía para los centros: Centros de Estancia Controlada de Extranjeros.

Según el documento de las ONG, cambiar el término "internamiento" por "estancia controlada" sólo estaría "justificado si el nuevo Reglamento reflejara un cambio de modelo, que desde luego el texto analizado ni siquiera emprende" ya que las condiciones de los centros siguen siendo "peores que las de las cárceles" y controladas por la Policía. "No es admisible pretender esconder esto tras el uso de un eufemismo", subraya el documento.

En opinión de las organizaciones sociales, "parece lógico que las labores de vigilancia y seguridad recaigan en funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, pero las condiciones de vida de las personas internadas y la garantía de sus derechos exceden con mucho el ámbito policial". "La dirección y organización de la atención jurídica, social y sanitaria eficaz, que en la actualidad es muy precaria o inexistente según los centros, no puede depender del Cuerpo Nacional de Policía", como establece la propuesta del Gobierno.

Otro asunto que preocupa tanto a las ONG como al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) es el hecho de que si estos centros no son de carácter penitenciario "las condiciones jurídicas y materiales de la estancia en modo alguno pueden ser inferiores a las que la legislación penitenciaria establece para los centros penitenciarios".

La ley establece que los centros penitenciarios cuenten con dormitorios individuales, enfermería, biblioteca, instalaciones deportivas y recreativas, talleres, peluquería, cocina, comedor y un largo etcétera, características que "por supuesto no cumplen ni uno de los CIE que hay en España". "Digan lo que digan, en esos momentos, los CIE son una cárcel grande y eso no lo corrige el actual borrador", ha afirmado un experto en inmigración del CGAE, organismo que también ha sido consultado por el Gobierno para la elaboración del mismo.