La muerte de una interna en el Centro de Extranjeros de Aluche, dependiente del Ministerio del Interior, ha provocado que el titular del juzgado de Instrucción número 6 de Madrid haya denunciado en un auto el "palmario hacinamiento" y la ausencia de instalaciones médicas necesarias para tratar a quienes allí se encuentran retenidos.
Por el momento no se han detectado contagios en el CIELa Jefatura Superior de Policía de Madrid ha confirmado la muerte el pasado lunes 19 de diciembre de una mujer de 41 años que ingresó en el centro por no tener su documentación y permiso de residencia en regla. La mujer, que podría ser originaria de la República Democrática del Congo, falleció de meningitis después de ser trasladada horas antes al hospital 12 de Octubre.
La Policía puso el deceso en conocimiento del juzgado, uno de los tres que se ocupan del control jurisdiccional del CIE. A continuación, y según aseguraron fuentes policiales a 20minutos.es, se puso en marcha el protocolo recomendado contra enfermedades infecciosas y se verificó que no se hubiesen producido contagios al resto de las ingresadas en el módulo femenino.
El auto judicial, conocido este lunes y avanzado por la Cadena Ser, tiene su origen en la muerte de esta ciudadana. El texto, al que tuvo acceso 20minutos.es, no entra a valorar si la fallecida perdió la vida por falta de atención médica. Sin embargo, sí pone de manifiesto las condiciones en las que viven los extranjeros trasladados al CIE, unas situaciones que han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por el Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional, Cruz Roja o la ONG Pueblos Unidos.
Instalaciones "absolutamente inapropiadas"
El CIE de Aluche, como el resto de los existentes en España, sirve como centro de detención temporal de personas indocumentadas que han agotado sus permisos de residencia o trabajo y han permanecido en territorio nacional o que no cumplen con la Ley de Extranjería.
Se carece de cuartos de aseoEn sus instalaciones de la Avenida de los Poblados suele acoger hasta a 280 personas en celdas para entre seis y ocho detenidos. Allí permanecen un máximo de dos meses (60 días) hasta que son deportados a su país.
Según el juez, las habitaciones del CIE son "absolutamente inapropiadas" para el internamiento de personas, ya que en la mayoría "se carece de cuartos de aseo", por lo que no resulta "extraño" que puedan propagarse "con extrema y alta facilidad" enfermedades infecciosas como la que causó la muerte de la mujer congoleña.
El magistrado, incluso, sitúa en un plano de "especial gravedad" el caso de Aluche, en el cual, según narra, ni siquiera existe una habitación de enfermería donde tratar a los aislados.
Por todo ello, ordena al director del centro la separación de las internas que hubiesen tenido contacto con la fallecida si así lo establecen los servicios médicos, así como el traslado al hospital de cualquier ciudadano que presente síntomas de alguna enfermedad infecciosa para su correcta atención.
Maltrato "generalizado"
Para la ONG Pueblos Unidos, el auto judicial no es más que la constatación de los hechos denunciados por los propios inmigrantes y quienes les atienden y que quedaron reflejados en el reciente informe 'Miradas tras las rejas'. En el mismo, la ONG asegura que los internos son sometidos a un "maltrato generalizado" que deriva en situaciones como castigos colectivos, maltrato físico, la privación de salir al patio o la imposibilidad de ir al baño durante la noche.
La restricción para ir al abaño solo se ha levantado tras otra orden judicialCristina Manzanedo, abogada de Pueblos Unidos, explicó a 20minutos.es que no fue hasta la semana pasada, y a raíz de una comunicación enviada por los tres juzgados que ejercen la vigilancia sobre el CIE, cuando el director del centro autorizó a los policías a sacar de las celdas a los internos durante la noche para que pudiesen hacer sus necesidades.
"No podemos funcionar a golpe de orden judicial. Se tienen que respetar los derechos y libertades de estas personas", añadió Manzanedo, que recordó que aún hoy los CIE funcionan sin un mínimo reglamento y con opacidad de cara al resto de la sociedad. "La Ley de Extranjería contempla desde 2009 el desarrollo de un reglamento, pero no se ha hecho nada. Todo es arbitrario. Esta es una tarea que reclamamos al nuevo Gobierno", concluyó.
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