El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado este lunes en referencia a la futura reforma del sistema financiero que no descarta inyectar dinero público para sanear entidades bancarias. "Si es preciso sanear una entidad, lo último que haría es inyectar dinero público. Pero si fuera necesario lo haría", ha dicho Rajoy durante una entrevista en Onda Cero.

Asimismo, ha adelantado que este viernes el consejo de ministros aprobará "medidas importantes sobre el sistema financiero". Para ello, se aprobará un segundo decreto que servirá, según él, para que en el futuro todas las entidades queden capitalizadas. Pero "solamente entrará dinero público en una situación límite", aclaró.

"Si eso fuera necesario para salvar al sistema financiero, no renunciaría" a hacerlo, tal y como ha ocurrido en otros países europeos y en España en el pasado, ha recordado. La intención es que "no haya dudas", que "haya claridad", y que "los bancos puedan financiarse fuera de España".

Uno de los objetivos de la reforma financiera, según el presidente del Gobierno, es que se fije el "precio real" de las viviendas en los balances de los bancos, y que estos activos inmobiliarios se saquen a la venta "aunque pierdan dinero todos, promotores y bancos". No obstante, ha señalado que no es "partidario del banco malo", que se encargaría de gestionar los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos españoles afectados por el derrumbe de la burbuja inmobiliaria.

Anunciada por el ministro De Guindos el pasado mes de febrero, con la primera reforma del sistema financiero el Gobierno ha limitado, entre otras medidas, el sueldo de los directivos a 600.000 euros en las entidades que han recibido ayudas públicas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y a 300.000 euros en aquellas que han sido intervenidas por el Estado.

En dicha reforma se incluye también la posibilidad de que el FROB contribuya al saneamiento de las entidades en proceso de fusión a través de la compra de bonos contingentes convertibles —también denominados cocos, son una especie de préstamo de dinero que se convertiría en acciones de la entidad al acabar el plazo acordado—, para lo cual el Tesoro ampliará el capital del organismo de 9.000 hasta los 15.000 millones.

El presidente del Gobierno ha recalcado que en todo caso las medidas que van a adoptarse no afectarán al objetivo de déficit, situado este año en el 5,3% del PIB, y que según ha asegurado, "está encarrilado". También ha recordado que la falta de crédito es "sin duda" uno de los grandes problemas en España, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, autónomos y familias.

Por otro lado, ha insistido en la necesidad de que todas las administraciones públicas reduzcan su déficit y ha lanzado una clara advertencia: "si alguna comunidad autónoma necesita ser intervenida, será intervenida". Aunque ha confiado en que no haya que hacerlo, ha dejado claro que  "las comunidades autónomas son España".

A su juicio, en los últimos años las pymes, las empresas y las familias han hecho su ajuste y han realizado esfuerzos para no endeudarse y "quien tiene que hacer ahora el esfuerzo es la administración". "No queda más remedio que hacerlo; sería un disparate no hacerlo; nos jugamos el futuro, el empleo, nuestra credibilidad como país y la posibilidad de salir adelante", ha recalcado.

Ha recordado las medidas adoptadas por el Gobierno para ayudar a las comunidades a rebajar su déficit, como los anticipos a cuenta, la ampliación del plazo para devolver el dinero que deben al Estado, el plan para pagar las deudas con los proveedores o la línea del ICO para que puedan refinanciar su deuda. "A cambio, las comunidades tienen que cumplir, igual que el Gobierno y que todos, es obligado y el Gobierno hará todos los esfuerzos para conseguirlo", ha manifestado.

Para el presidente del Gobierno, España "no está ni lejos ni cerca" de una intervención por parte de las autoridades europeas y el FMI, simplemente porque tal intervención "no podría" llevarse a cabo, por lo que es un escenario que no le genera "ni dudas ni preocupaciones".

Pero la principal preocupación de Rajoy es el desempleo y por eso ha definido el dato del pasado abril, en el que el paro se redujo por la Semana Santa, pero diez veces menos que hace un año, como "malo, muy malo".

Ha recalcado que confía en que el número de parados no llegue a sobrepasar los 6 millones —en la actualidad está en 5,6, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)— pero ha rechazado hacer "elucubraciones" con estas cifras.

En cuanto al IVA, ha dicho: "Prefiero no subirlo en 2013. No quiero, pero de la misma manera digo que si considero que en este momento es bueno para los intereses generales de España, subiré el IVA", ha subrayado. Y ha añadido que adoptará esa decisión y "cualquier otra cosa necesaria" para que el país supere la crisis, aunque no le guste, y aunque haya dicho previamente que no la iba a hacer.

Rajoy ha reiterado su deseo de bajar impuestos cuando sea posible y ha ratificado la intención de volver a rebajar el IRPF a partir del 1 de enero de 2014.

En cuanto a la victoria de este domingo del socialista François Hollande en Francia, el presidente del Gobierno ha afirmado que su obligación es entenderse y llevarse con él "lo mejor posible"para "defender los intereses generales de España".  En este línea, su gabinete se puso ayer en contacto con los colaboradores de Hollande, a quien felicitó, y con quien tiene previsto hablar este lunes.

"Mi obligación es entenderme con él e intentar hacer cosas conjuntamente en beneficio de Francia, de España y de Europa", ha reiterado.

Tampoco ha querido tomar partido entre Hollande y su apuesta por el crecimiento, y la canciller alemana, Angela Merkel, y su receta de austeridad, ya que, a su juicio, ambos planteamientos con "plenamente compatibles".

Rajoy ha ratificado además que nunca va a llegar a compromiso alguno con ETA y que no va a modificar la política penitenciaria, aunque ha precisado que la ley no dice dónde tienen que estar los presos. "Nunca he negociado con ETA, nunca he llegado a un compromiso con ETA y mi posición es la de siempre: ETA existe y mientras exista —ha añadido— la democracia, la ley, tiene que perseguirla", ha sentenciado.

Sus declaraciones llegan después de que este fin de semana trascendiera que la denominada Comisión Internacional de Verificación había transmitido una oferta de desarme de ETA a cambio de "contactos" y de una solución para sus presos.

Ante la posibilidad de que se pueda acercar a presos etarras sin que hayan pedido perdón a sus víctimas, se ha limitado a insistir en que no tiene intención de cambiar la política penitenciaria y que va a aplicar la ley. "No hay nada que acordar con ETA, y en cuestión de presos, lo que diga la ley. La ley no dice donde tienen que estar", ha precisado antes de insistir en que no hay intención de cambiar ahora la política penitenciaria.