Pese al adelanto electoral, los colectivos implicados en la defensa de los hipotecados y aun de los embargados prosiguen con sus iniciativas. De hecho, en el Congreso continúan los trabajos para cambiar el modelo hipotecario. La Asociación de usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ya planteó en esta subcomisión paralizar los embargos y ejecuciones hipotecarias con una moratoria de tres años. Ahora, esa misma propuesta se la ha hecho al Gobierno públicamente.

La iniciativa, que plantea una moratoria de tres años, "como mínimo", también pretende frenar el inicio de esos procesos a los que se puede enfrentar "en torno a un millón de familias que se encuentran al límite de sus capacidades de pago" o las que ya se encuentran en situación de mora. Según el presidente de Adicae, Manuel Pardos, 400.000 embargos están en la actualidad en marcha o están a punto de comenzar.

Adicae defiende su propuesta para defender a las familias después de que en el último paquete de medidas "anticrisis" aprobado por el Gobierno, en su opinión, "los consumidores no hayan sido objeto de la atención del Ejecutivo".

Los equipos jurídicos y económicos de la asociación han elaborado lo que sería el contenido de un hipotético Real Decreto, para proponérselo a la oficina económica del presidente del Gobierno. Según el presidente de Adicae, las fórmulas de esta moratoria son "sencillas" y el coste no será "muy elevado".

Según la propuesta de Adicae, las personas que se podrán acoger a dicha moratoria serán aquellas que tengan contratado un préstamo o crédito hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual por importe de hasta 200.000 euros, ampliables hasta 300.000 euros, y cuyos inmuebles estén ubicados en las ciudades de mayor carestía del precio de la vivienda.

Además, el solicitante de dicha moratoria deberá haber incurrido en tres o más impagos de la cuota hipotecaria y las causas de dichos impagos deben tener relación con situaciones de desempleo o enfermedad, entre otras.

La propuesta también incluye que los fondos con los que el Estado hará frente a esta moratoria provendrán del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o incluso del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El presidente de Adicae considera que la moratoria de tres años que proponen permitiría llevar a cabo un debate adecuado sobre la revisión de la legislación hipotecaria, porque en su opinión la subcomisión del Congreso "no hará nada", debido al adelanto electoral.

El pasado 1 de julio, el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley en el que se eleva el umbral del sueldo que no se puede embargar en una ejecución hipotecaria después de que el Congreso diera luz verde a una resolución a partir de una de las propuestas que hizo el presidente del Gobierno durante el debate sobre el estado de la nación. De este modo, subió del 50 al 60% el valor mínimo de adjudicación de viviendas subastadas.