El pasado martes, el Tribunal Constitucional (TC) declaró conforme a la ley las ejecuciones hipotecarias sin dación de pago. Cree el TC que las ejecuciones hipotecarias no vulneran los derechos. Obviamente la noticia no ha gustado a quienes más vienen luchando contra embargos y ejecuciones: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ya ha mostrado su indignación.

De hecho, su portavoz, Ada Colau ha anunciado su intención de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar una "vulneración" de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la vivienda.

Colau ha lamentado "profundamente" decisión del Tribunal Constitucional de declarar conforme a la ley las ejecuciones hipotecarias sin dación de pago.

El Tribunal Constitucional cree que las ejecuciones hipotecarias, que permiten a las entidades financieras o a otros acreedores quedarse con un inmueble tras el impago de la hipoteca, no vulneran los derechos fundamentales de los afectados y por tanto no son inconstitucionales.

Fue en febrero cuando el titular del Juzgado de Primera Instancia número dos de Sabadell, Guillem Soler, elevó al Constitucional la normativa actual sobre desahucios y ejecución de las hipotecas por considerar que perjudica a los ciudadanos embargados al vulnerar la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda.

Soler pedía así al TC que estudiase si era necesaria una modificación de la Ley Hipotecaria para facilitar la entrega de la vivienda con el fin de saldar la deuda hipotecaria.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha manifestado que la no admisión de la dación en pago para saldar la hipoteca con la entidad bancaria es "profundamente injusta" y que el cambio de ley es "un clamor popular".

Sin embargo, Colau comparte la opinión que ha dado el TC en su sentencia de que esta cuestión no es "competencia absoluta" de los magistrados constitucionales y que sería el legislador el que tiene competencias para cambiar la ley.

"Vamos a aumentar la presión en el Congreso", ha mantenido la portavoz de los afectados en referencia a la iniciativa popular que PAH y otras plataformas sociales presentaron en la Cámara Baja para modificar la actual ley y que se encuentra bloqueada hasta septiembre.

El Congreso decidirá tras el verano si tramita esta iniciativa popular, ya que la Mesa ha pedido a los servicios de la Cámara que redacten otro informe para estudiarlo dentro de dos meses, cuando se reanude la actividad parlamentaria.