Amnistía Internacional acusa al Gobierno español de
obviar las violaciones de derechos humanos que se producen en algunos países en beneficio de los intereses comerciales.
La acusación, recogida en un informe (
PDF) al respecto que comprende los años 2006 y 2007, cita en un lugar destacado a
Rusia, China, EE UU y Colombia, con los que prima "intereses políticos, estratégicos y económicos e, incluso, en algunos casos, presta apoyo político a acciones que puede acabar en vulneraciones de derechos humanos".
Además, AI insta al Ejecutivo a poner en marcha
el Plan Nacional de Derechos Humanos, una promesa electoral del PSOE que no se ha plasmado en toda la legislatura.
Cuatro casos concretos
En el caso de
China, el informe se fija en la
firma de un Tratado de Extradición, que coincide con un incremento de las exportaciones al gigante asiático de un 40%. El acuerdo de extradiciones excluye los delitos castigados con penas de muerte, pero a AI le preocupa "cómo lo pueden garantizar, si las estadísticas de pena de muerte no son públicas y muchas condenas se dictan en juicios injustos".
La ONG también señala la merma de libertades públicas de
Rusia, con
la oposición española, "a petición del Gobierno ruso", a la participación de una organización ruso-chechena en una reunión internacional sobre víctimas del terrorismo. En el informe se contextualiza estas actuaciones con el papel de Rusia como principal suministrador de crudo de España.
Aunque la
Guantánamo, hecha por De la Vega, con E
stados Unidos el problema son las medidas amparadas por la "guerra contra el terrorismo". Estas actuaciones suponen un grave recorte de los derechos humanos, con detenciones sin juicio e incluso desaparciones, con el silencio cómplice de los gobiernos europeos en los ya célebres
vuelos de la CIA. Amnistía Internacional
denuncia la firma de un protocolo entre España y EE UU para intercambiar información sobre sospechosos de terrorismo.
En cuanto
Colombia, AI critica
el apoyo que el Gobierno español presta a la Ley de Justicia y Paz
aprobada en 2002 en el país latinoamericano y que supone una especie de 'punto y final' a la que se se acogen muchos paramilitares para no tener que responder ante la justicia. Según AI, sólo 2.600 paramilitares tendrían derecho a la amnistía que recoge esta norma.
Algunos aciertos
El informe también tiene aspectos positivos de la gestión del Gobierno español, como el incremento de la contribución para la Oficina del Alto Comisionado de la
apoyo a la moratoria para la abolición mundial de la pena de muerte, junto a otras actuaciones en el marco de las Naciones Unidas.
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