La Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años y nueve meses de prisión para Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, por haber defraudado a Hacienda 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros).
Según ha informado el Ministerio Público este miércoles, la Fiscalía le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública, ya que a pesar de que Ancelotti afirmó que era residente en España a efectos fiscales y reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que había cedido a otras entidades.
En su escrito la Fiscalía subraya que "con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen", tanto los recibidos por el Real Madrid como de otras marcas por eventos varios, el técnico acudió a un "complejo" y "confuso" entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen.
Además, afirma que el italiano "simuló" la cesión de sus derechos de imagen a entidades "carentes de actividad real" y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas fuera de España, con el objetivo de perseguir "la opacidad de cara a la Hacienda Pública española y a la ocultación del beneficiario real de los rendimientos procedentes de sus derechos de imagen, de manera que ni él mismo ni ninguna de dichas sociedades tuviesen que tributar por las cuantiosas cantidades percibidas en España o fuera de nuestro país".
Ancelotti, según la Fiscalía, firmó el 1 de julio de 2013 un contrato privado en el que cedía sus derechos de imagen a la entidad Vapia Limited por un periodo de diez años y un precio de 25.000.000 euros. Un día más tarde la entidad nombra como su apoderado al técnico del Real Madrid "otorgándole los máximos poderes de actuación para gestionar sus derechos de imagen". Más tarde, en una fecha sin especificar, se formalizó un anexo al acuerdo que modificaba el plazo de duración del acuerdo reduciéndolo a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen rebajándolo a un millón de euros.
El 4 de julio de 2013, de forma "paralela" a su firma como entrenador del Real Madrid, se otorgó al acusado un contrato privado con el club en el que cedía el 50 por ciento de sus derechos de imagen a la entidad deportiva entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016. El otro 50 por ciento lo tenía una sociedad "innominada" y "no determinada" que actuó en nombre y representación del entrenador italiano. Dicha sociedad resultó ser Vapia LLP, domiciliada en Londres, y no Vapia Limited, una sociedad constituida en Islas Vírgenes, una circunstancia que no se comunicó al Real Madrid hasta un año después.
"De esta forma el acusado se valió de la sociedad Vapia LLP para que ésta se presentara formalmente ante el Real Madrid como titular de los derechos de imagen a pesar de que ni siquiera formalmente los tenía atribuidos, ya que el contrato de cesión referido de 1 de julio de 2013 era con Vapia Limited", añade el escrito.
Ancelotti, según la Fiscalía, presentó en plazo sus declaraciones autoliquidatorias correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en las que afirmaba su condición de residente en España y donde reflejaba como domicilio un inmueble sito en una céntrica plaza de Madrid, solo consignó las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid.
Sin embargo, "omitió todo rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen (…) llegando de esta forma a declaraciones con cuotas negativas" con un saldo negativo de 39.575 euros en el ejercicio de 2014 y de 529.076 de 2015, cantidades que le fueron devueltas por la Agencia Tributaria en ambos casos.
La Fiscalía precisa que los rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen supusieron unos ingresos por importe de 1.249.590 euros en 2014 y 2.959.768 en 2015 sin que Ancelotti o las otras dos entidades hayan tributado por estas cantidades. Pero es que, además, el técnico también omitió en sus declaraciones la titularidad en propiedad de dos bienes inmuebles sitos en el extranjero.
Tras realizar los ajustes correspondientes la Hacienda española calculó el perjuicio sufrido atendiendo a rentas e ingresos omitidos y devoluciones obtenidas en 1.062.079 euros (386.361 en el ejercicio 2014 y 675.718 en el ejercicio 2015).
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