LaLiga se ha personado como acusación particular en el proceso contra la trama que vendía a través de Internet decodificadores manipulados, para acceder de forma fraudulenta a contenidos audiovisuales de pago, que fue desarticulada en una acción conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria.
Según confirmó LaLiga a EFE, su personación ha sido admitida en la causa por un "negocio ilícito" que en cinco años había reportado a la red 1,2 millones de euros.
La Policía Nacional anunció ayer la desarticulación en Madrid de la red, después de que los agentes detuvieran a seis personas, intervinieran 24.320 decodificadores procedentes de China y desconectaran el servicio a otros 12.000 clientes que ya disponían de uno.
La organización ofertaba los decodificadores a través de diferentes plataformas web y contaba con un foro en Internet, al que tenían acceso los clientes, en el que explicaban la manera de configurar los dispositivos y desde el que ofrecían soporte técnico.
La investigación se inició en septiembre de 2019 cuando dos empresas productoras de contenido audiovisual -Mediaproduccion SLU y Alliance For Creativity And Entertainment- denunciaron que se estaban vulnerando derechos de propiedad intelectual de los que eran titulares.
Los agentes constataron la existencia de una organización criminal, integrada por ciudadanos de origen chino, dedicada a la fabricación y distribución de decodificadores, que tenían instalado un 'software' que permitía el acceso a diferentes plataformas audiovisuales libres o de pago.
Operaban en Madrid
Obtenían la señal de numerosas plataformas y canales de televisión, las redirigían a su propia estructura de servidores alojada en, al menos, cuatro países europeos- y posteriormente la distribuían ilegalmente a sus suscriptores.
El punto neurálgico de la organización se encontraba en un almacén ubicado en una nave industrial de Madrid, donde se recibían y desde donde se distribuían en camiones que los repartían a particulares o en grandes volúmenes a otros países europeos -principalmente Francia, Alemania y Portugal- donde a su vez eran vendidos por terceros.
Con el avance de la investigación, los agentes identificaron los servidores en los que se almacenaban los contenidos ilegalmente ofertados o las claves/contraseñas que permitían acceder a ellos. Parte de ellos, resultaron estar ubicados en Alemania, Francia, Canadá y Reino Unido.
La organización contaba con un foro en Internet, al que tenían acceso los clientes, en el que se facilitaban los programas que permitía acceder a los contenidos. Asimismo, aportaban soporte técnico sobre el manejo de los equipos y explicaban los pasos a seguir para acceder a menús ocultos preinstalados que permitían la actividad ilegal.
El análisis de las cuentas bancarias ha revelado unos ingresos derivados de la actividad ilícita de 1,2 millones de euros entre los años 2017 y 2021, 800.000 de ellos en los dos últimos años.
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