Más de 220.000 fallecidos, 25.000 desaparecidos, unos seis millones de desplazados. Estas son solo algunas de las dramáticas cifras que el conflicto armado ha dejado en Colombia. El histórico acuerdo alcanzado este miércoles entre el presidente, Juan Manuel Santos, y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', supone un avance clave en el camino hacia el fin de una guerra que dura más de medio siglo.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son la guerrilla más antigua de América. Fueron fundadas en 1964 como consecuencia de la violencia ejercida por el bipartidismo colombiano durante los años cincuenta y tras una ofensiva del Ejército en la zona de Marquetalia, considerada por el Gobierno de entonces como un "bastión revolucionario". Bajo el mando de los líderes huidos de aquel ataque, lo que hasta entonces habían sido grupos espontáneos campesinos de autodefensa se convirtió en una organización guerrillera. Desde entonces su objetivo ha sido conquistar el poder político y gobernar el país, para, según sus responsables, acabar con las desigualdades sociales y económicas.

La lucha armada, los atentados y los largos secuestros han marcado así la historia de Colombia en el último medio siglo. Las FARC han llegado a crear extensos bastiones en numerosas zonas rurales del país, donde determinaban las políticas municipales y ejercían un control importante sobre la población local. A partir de los años noventa intentaron aumentar los ataques en las zonas urbanas.

Entre los raptos más sonados de estas cinco décadas estuvo el de la franco-colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002 cuando era candidata a la presidencia. Pasó retenida en la selva más de seis años, hasta que en julio de 2008 fue liberada junto a otras 14 personas en una operación de rescate llevada a cabo por el Ejército. Betancourt era la secuestrada más famosa y su caso logró captar la atención internacional, con actos de protesta en todo el mundo y numerosas gestiones para su liberación, desde las encabezadas por Francia hasta las polémicas negociaciones llevadas a cabo por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Su liberación fue un duro golpe para guerrilla y un éxito político para Álvaro Uribe, en aquel momento presidente de Colombia.

Tan solo unos meses antes de la liberación de Betancourt, en marzo de ese mismo año, el Ejército colombiano llevó a cabo una incursión militar en Ecuador que acabó con la vida de 21 guerrilleros, entre ellos el líder, Raúl Reyes, y provocó que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, rompiera las relaciones diplomáticas con Colombia. En esa operación se incautaron de un ordenador con información muy valiosa que les permitió descubrir que las FARC planeaban atentar en Madrid contra personalidades colombianas y que para ello había buscado la colaboración de la banda terrorista ETA. Un informe posterior confirmó que había habido contactos entre ambas organizaciones.

En ese portátil, las fuerzas de seguridad colombianas también encontraron información comprometedora que apuntaba hacia un apoyo del presidente venezolano a las FARC, lo que provocó un duro enfrentamiento entre Chávez y Uribe. Ambos países ya habían estado a punto de romper relaciones cuando en 2005 la Policía colombiana detuvo en suelo venezolano al líder guerrillero Rodrigo Granda.

El Gobierno colombiano también ha sido en estos años objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales por el uso de grupos paramilitares. En los años setenta y ochenta el Ejército creó los llamados grupos civiles de autodefensa para combatir a la guerrilla. En ellos tuvieron su origen los paramilitares que siguieron actuando pese a que su base legal fue suprimida en 1989. Amnistía Internacional afirmó que "la principal función de los paramilitares viene siendo aplicar las tácticas de guerra sucia de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas, que se caracteriza por la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos". "El uso de paramilitares ha contribuido a que las fuerzas armadas eludan la creciente presión internacional para que respeten los derechos humanos", añadió.

El acuerdo firmado este miércoles sitúa a Juan Manuel Santos más cerca de conseguir algo que sus predecesores no lograron. En 1998, por ejemplo, el entonces presidente, Andrés Pastrana, inició un diálogo con la guerrilla. Cuatro años después, el Gobierno dio por fracasado el proceso de paz, tras una serie de secuestros y asesinatos. Ambas partes se acusaron mutuamente de haber hecho imposible la negociación.

El apretón de manos que se han dado en La Habana Santos y Timochenko, bajo la mirada del presidente cubano, Raúl Castro, ha sido posible después de tres años de negociaciones que han pasado por difíciles momentos.

Los contactos comenzaron oficialmente a principios de 2012, con unas "conversaciones exploratorias" que contaron con Cuba y Noruega como garantes, y con Venezuela y Chile como acompañantes. Seis meses después, en agosto, delegados del Ejecutivo y de las FARC firmaron en La Habana el "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera". El propio Santos reconoció entonces que las primeras conversaciones informales habían empezado nada más asumir su presidencia, en agosto de 2010.

El siguiente paso tuvo lugar en octubre de 2012: los negociadores de ambas partes establecieron en Oslo la mesa de diálogo que se llevaría a cabo en la capital cubana a partir del mes siguiente. Precisamente horas antes de iniciarse aquellas conversaciones, la guerrilla declaró un alto el fuego unilateral entre el 20 de noviembre y el 20 de enero. Así han sido las treguas durante estos años: temporales. Santos dejó claro desde un principio que las operaciones militares continuarían hasta que se llegase a un acuerdo final y las FARC tampoco suspendieron de forma indefinida ni sus operaciones ni sus secuestros y atentados. En mayo de 2014, las FARC cumplían 5o años precisamente en medio de un alto el fuego unilateral con motivo de las elecciones presidenciales en las que Santos salió reelegido.

Uno de los hitos de este proceso fue el reconocimiento por primera vez por parte de la guerrilla de que tiene parte de responsabilidad en las víctimas causadas por el conflicto armado, y la necesidad de identificarlas y darles una reparación. Esto ocurrió en agosto de 2013, un mes después de que el presidente admitiera la responsabilidad del Estado.

En mayo de ese año, las negociaciones habían dado como fruto el primer acuerdo de la agenda pactada, sobre tierras y desarrollo rural. Este se centró "en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras y la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo", según sus promotores. Fue un paso importante, dado que el problema del injusto reparto de la tierra en Colombia está en el origen del conflicto. Antes de finalizar el año, las partes anunciaban un segundo pacto, sobre la participación de las FARC en la política.

Al tercer acuerdo se llegó ya en mayo de 2014: sobre drogas ilícitas y narcotráfico. Los rebeldes se comprometían así a a romper "cualquier relación" con el narcotráfico, una vez que hubiese acuerdo de paz, mientras el Gobierno prometía "intensificar" la lucha contra la corrupción ligada a ese flagelo en las instituciones.

El año 2015 comenzó igualmente con buenas noticias: el paso decisivo hacia la paz con un acuerdo de desminado de tierras. El proceso en ese momento se encontraba en un punto decisivo, sumando apoyos internacionales y con la presencia inédita de altos mandos del Ejército para abordar un alto el fuego.

Pocos meses después la situación sin embargo daba un vuelco: el 15 de abril once militares murieron en un asalto de las FARC y Santos ordenaba reanudar los ataques contra la guerrilla. Así, en mayo, 27 guerrilleros fallecían en un bombardeo. En ese momento, las FARC iniciaron una ola de ataques contra la fuerza pública y la infraestructura petrolera y eléctrica del país. El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, llegó a declarar que el proceso de paz pasaba por su peor momento.

La presión internacional logró finalmente que las partes recondujeran el proceso y el 10 de julio los negociadores anunciaron un plan para reducir la intensidad del conflicto y agilizar la consecución de acuerdos que permitiesen llegar a un cese del fuego bilateral y definitivo. A ello le siguió el comienzo de un nuevo alto el fuego de las FARC y la suspensión de los bombardeos por parte del Gobierno.

Ese clima ha permitido llegar hasta el acuerdo firmado este miércoles sobre justicia transaccional, uno de los avances más importantes logrados en este proceso de paz que ha permitido a las partes plantearse la firma de un acuerdo definitivo en un plazo de seis meses. Esto fecharía en marzo de 2016 el momento en el que se ponga fin a un conflicto que dura más de medio siglo y que ha segado muchas vidas.