La Diputación de Barcelona ayudará a 4.000 hogares con pobreza energética a reducir facturas

  • La Diputación realizará auditorías energéticas en 4.000 hogares en situación de pobreza energética de 212 municipios de Barcelona.
  • El programa aportará mejoras de eficiencia energética y asesoramiento tarifario para reducir el gasto de las familias.
  • Se prevé un ahorro conjunto de 1,2 millones anuales.
Maite Fandos y Francesc Hernández
Maite Fandos y Francesc Hernández
EUROPA PRESS
Maite Fandos y Francesc Hernández

La Diputación de Barcelona intervendrá y realizará auditorías energéticas en 4.000 hogares en situación de pobreza energética de 212 municipios con un programa de un millón de euros, que aportará mejoras de eficiencia energética y asesoramiento tarifario para reducir el gasto de las familias, para las que supondrá un ahorro conjunto de 1,2 millones anuales, y disminuirán las emisiones de CO2 en 630 toneladas al año.

La diputada de Bienestar Social de la Diputación, Maite Fandos, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que el programa se implementará entre este noviembre y hasta 2018, y que comportará una auditoría, en una primera visita, que instalará aparatos de monitorización de consumo eléctrico y analizará las facturas y hábitos de consumo, además de la situación de salud de las familias.

En un segundo contacto, instalarán elementos de mejora de eficiencia energética -como bombillas de bajo consumo y aislamiento para las ventanas- y se realizará un asesoramiento con consejos de consumo eficiente y para optimizar las condiciones de contratación de los suministros, que podrán derivar en que la Diputación realice para las familias los trámites tarifarios.

Ahorro de 25 euros al mes

Una prueba piloto ha aplicado este proyecto en 40 municipios de la comarca barcelonesa de Osona y en el municipio Vilanova y la Geltrú (Barcelona), en los que ha supuesto una media de ahorro de 301 euros anuales en las facturas de suministros -25 euros al mes- con la instalación de 422 elementos de mejora de la eficiencia energética, ha explicado el jefe del Servicio de acción social, Francesc Hernández.

Entre estos municipios, detectaron que el 80% de los que tenían derecho a acceder al bono social no lo tenían contratado, la mayoría por "desconocimiento" pero también por las dificultades que supone el trámite, mientras que muchos pagaban una tarifa superior a la que necesitaban.

Ante el hecho de que actualmente la mayor parte de la intervención pública es de ayudas económicas para familias con incapacidad de pago -que realiza tanto la Diputación como la Generalitat, con ayudas gestionadas por los ayuntamientos-, Fandos ha destacado que este programa pretende "ir más allá de pagar facturas", aportando acciones preventivas y educativas.

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