Asimismo, pide a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que elabore, por si la Administración General del Estado se retrasase, un modelo de ordenanza para los ayuntamientos españoles que permita una regulación.
En la moción institucional recuerdan que los vehículos de movilidad personal son un conjunto heterogéneo de medios de transporte que con tecnologías recientes han aportado soluciones a la movilidad personal en las ciudades.
Desde sus inicios han evolucionado rápidamente incorporando nuevos tipos de vehículos motorizados eléctricamente. Así, precisan que el hecho de que todos estos vehículos compartan las vías públicas existentes en la ciudad "genera graves problemas de coexistencia y de convivencia ciudadana en el uso de las aceras y de las calzadas".
En este sentido, la Dirección General de Tráfico, el día 3 de noviembre de 2016, emitió la Instrucción 16/V-124 en la que "propone" de forma "provisional", según expresa literalmente su propia redacción, una serie de criterios "en tanto no se elabore una normativa específica sobre los referidos vehículos".
Recuerdan en la moción que actualmente y transcurridos ya dos años de esta norma jurídica en forma de propuesta "nos encontramos en todas las ciudades de España con una falta de regulación normativa real, eficaz y armonizada por quien constitucionalmente tiene la competencia".
Por último, también han recordado que, recientemente y tras las peticiones del Ayuntamiento de Málaga y otros en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado que regulará el uso de vehículos de movilidad urbana (VMU) en la Ley de Tráfico.
"Es un primer paso para evidenciar que existe esa necesidad de regulación desde el ámbito supramunicipal y en el ánimo de insistir en esa línea", han afirmado en la moción.
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