Esta semana, Oxfam ha publicado los resultados de su primer índice de compromiso con la reducción de la desigualdad. Se trata de un esfuerzo internacional dirigido a sistematizar, de una manera comparable, los esfuerzos realizados por cada país con mitigar la desigualdad económica y social, atendiendo a tres categorías: gasto social, impuestos progresivos y políticas de empleo. La muestra que ha realizado la organización cubre 155 países, y el ranking de países con mayor compromiso con la reducción de la desigualdad lo encabezan, como no podía ser de otro modo, diez países de la Unión Europea, empezando por Suecia y terminando por Luxemburgo.

No. España no está entre ellos. Para encontrar a nuestro país hay que descender hasta el puesto 27, por detrás de Argentina y delante de Hungría. De los 35 países que conforman la OCDE, España se encuentra en el puesto 25, y, de los países de la Unión Europea, el décimo octavo de los 28. Un puesto que en sí mismo podríamos considerar adecuado en un contexto global, pero que saca punta a una sociedad que se sitúa por debajo de la mediana europea en su compromiso por la reducción de las desigualdades. Somos, por lo tanto, uno de los países que se sitúan en la ‘mitad menos comprometida’ de la Unión Europea.

La razón para este retraso la tiene la escasa progresividad de nuestro sistema fiscal y la deficiente estructuración de nuestro mercado laboral. En ambos aspectos, puntuamos muy por debajo del índice general, que solo se compensa por nuestra posición destacada en materia de gasto social –aunque habría que examinar qué tipo de gasto se incluye y para quién–.

Vivimos una época de inflación de rankings, índices y clasificaciones, todas ellas buscando considerarse un estándar internacional. Este mismo no es ajeno a esta tendencia y un observador consciente debería examinar en detalle la composición y cálculo de los pilares del mismo antes de darle una validez universal. A veces el uso de este tipo de indicadores se pervierte hasta convertirse en un objetivo en sí mismo, como ya ha pasado con el famoso índice Doing Business del Banco Mundial. Oxfam alerta contra ese uso, y lo propone como una herramienta de comparación internacional estandarizada en fase de prueba que puede complementar, pero nunca sustituir, otras prácticas de análisis que mejoren la comprensión del contexto económico, social y cultural de cada país.

Con todo, es una herramienta que, de consolidarse y perfeccionarse adecuadamente, podría ser útil para revisar la evolución de cada país en la lucha contra la desigualdad, si es que se considera una política necesaria. Porque también sirve de termómetro para conocer hasta qué punto las aspiraciones de la ciudadanía por vivir en una sociedad más igualitaria se transforman en demandas políticas, y de estas en políticas públicas. No es, hasta el momento, el caso en nuestro país.

De acuerdo con el barómetro del CIS de julio de 2016 sobre política fiscal, un 33% de la población se sentía más proclive a apoyar la idea de mejorar los servicios públicos, aunque eso significara subir los impuestos, mientras que solo un 9,4% se mostraba más o menos proclive a bajar los impuestos, aunque eso supusiera reducir servicios públicos. Este equilibrio a favor de mejores servicios públicos se ha incrementado con el tiempo: en 2011, los proclives a mejorar los servicios públicos aun a costa de incrementar los impuestos suponían el 23% de la población, frente al 18% que prefería un descenso de los impuestos.

¿Por qué esta actitud proclive a una mayor presión fiscal y mejores servicios públicos no se convierte en una demanda ciudadana por otra orientación en las políticas públicas? ¿Qué es lo que no está funcionando en el canal de transmisión que representa la democracia?