"Si los controladores abandonan su puesto de trabajo merecen un duro juicio ético", ha asegurado el ministro de Fomento, José Blanco, al inicio de la comparecencia ante la Comisión de su ramo en el Congreso, en la que está explicando las medidas tomadas por el Ejecutivo durante el último año sobre el sector de la navegación aérea. Blanco ha dicho que si el 31 de enero próximo no se ha llegado a un acuerdo, habrá que adoptar otras decisiones "en relación con la negociación colectiva".

Blanco ha realizado una defensa a capa y espada de AENA y ha acusado duramente -como "chantajistas" y "saboteadores"- a los controladores aéreos y a su sindicato, USCA, como únicos responsables de la situación que ha "alarmado a la sociedad". "Hay un antes y un después del 3 de diciembre, y ya no se concibe que nadie se vuelva a confundirse con este asunto: la huelga es un derecho; el sabotaje de un servicio público es un delito", aclaró el titular de Fomento.

"Los controladores no pueden abandonar su puesto por un elemental sentido de la responsabilidad, exigible a cualquier adulto", argumentó Blanco.

Se esperaba que el ministro anunciara y pidiera al Congreso que se prorrogara el estado de alarma que el Gobierno invocó ante el caos aéreo del pasado puente de la Constitución, provocado por los controladores aéreos. De momento, Blanco no ha hecho mención a este respecto, aunque el Gobierno ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para esta tarde, durante el transcurso de la hora y cuarenta y cinco minutos de su intervención inicial.

Blanco ante esta sitaución ha pedido el apoyo de las fuerzas parlamentarias para volver a una situación de normalidad "permanente" y ha exigido que la "respuesta del Parlamento debe ser tan contundente como grave el desafío".

El ministro de Fomento ha mantenido la línea argumental habitual del Gobierno -en los mismos términos que el presidente y otros ministros- y ha defendido tanto la reforma del sector de navegación aérea y las actuaciones del Ejecutivo ante el "sabotaje" del último puente de la Constitución como una manera de acabar con el "edificio de privilegios de los controladores".

Blanco ha fundamentado esos privilegios en sus sueldos -"323.000 euros anuales de media, el doble que sus homólogos alemanes"-, en la organización de sus turnos laborables y en el control del acceso a sus puestos.

"Los controladores organizaban sus jornadas de trabajo no para mejorar el servicio sino para maximizar sus ingresos, su tiempo de vacaciones".

Ha puesto el ejemplo de un controlador de la torre de Barajas que llegó a facturar más de 1.200 horas extraordinarias en un año, lo que le llevó a cobrar más de un millón de euros en 2008. Igualmente analizó algunas de las propuestas que en el proceso de diálogo con los controladores, se habían propuesto medidas como "que las retribuciones de los controladores que se retirasen de la actividad a los 52 años cobrasen 170.000 euros al año de forma vitalicia sin trabajar". Igualmente, ha criticado duramente que nunca han convocado una "huelga, porque no las necesitan", ya que para el ministro este colectivo ha preferido valerse del "chantaje", el "sabotaje", las "huelgas de celo", etc.

Tampoco ha podido no referise a la sobrecarga de trabajo que muchas veces alegan los controladores: "No es cierto que en los últimos años AENA haya sufrido una falta de controladores: somos el segundo país de Europa en número de controladores y el cuarto en volúmen de tráfico". Igualmente ha añadido que nuestro país "tiene uno de los ratios operaciones por controlador más bajos".

"Los controladores, embriagados con continuas cesiones, han llegado a pensar que podían poner de rodillas al Gobierno, cogiendo como rehenes a miles de ciudadanos", explicó el ministro, refieriéndose a los anteriores convenios aprobados por Gobiernos anteriores.

"Hemos estado reformando el sector desde febrero, aunque algunos se crean que estábamos de brazos caídos", ha asegurado Blanco defendiendo así la legislación que se ha ido aprobando desde febrero.

Blanco ha acusado a USCA de "obstruir el diálogo" e intentar torpedearlo y buscar la tensión para que se actualizara durante un año más las condiciones vigentes. "Había que tomar alternativas al diálogo".

Con esa reforma que "liberalizaba el sector, reducía los costes y favorecía la entrada de nuevos controladores" se esperaba igualar el espacio aéreo español al resto de Europa en el marco de las políticas de un cielo único europeo. El ministro, ya en el turno de preguntas, ha aseguró que el sector "estaba secuestrado desde lo público".

"En el año 2008 los controladores realizaron 1.369.000 horas extras que costaron 360 millones de euros. En lo que va de año, con la reforma, se han hecho sólo 18.000 horas y se ha facturado 2,6 millones", ha ejemplificado el titular de Fomento.

El ministro ha querido asegurar que con la reforma los controladores no están trabajando más horas, sino que la diferencia estriba en cómo se cobran esas horas.

La primera reacción de los controladores fue reclamar al Defensor del Pueblo y a la Audiencia Nacional, aunque ninguno les dió la razón, según ha explicado el titular de Fomento. "Ambos organismos dieron el visto bueno a la reforma", ha declarado. "Los controladores interpusieron más de 200 recursos contra la reforma; 53 de ellos, ya se han resuelto de forma favorable a a reforma".

"Si hubiésemos aceptado la última oferta de USCA el coste de la navegación aérea sería un 70% mayor que en el resto de los países de Europa" ha asegurado.

Los hechos del puente de la Constitución no fueron "un episodio aislado, sino la culminación de un largo proceso de sucesivas amenazas, chantajes, actuaciones irregulares y coactivas".  Blanco ha pormenorizado las actuaciones de los controladores durante los últimos meses -como el incremento de bajas en verano que los informes médicos probaron que "siete de cada diez bajas eran injustificadas"- para demostrar ese extremo.

"Existía un conflicto con la actitud de los controladores y que amenazaba con agravarse: tenían planificada una demostración de fuerza; los impulsores del sabotaje llevaron el chantaje al Estado y la sociedad hasta el último extremo", ha descrito la tarde de aquel viernes 3 de diciembre y que atraparon en los aeropuertos españoles a más de 600.000 pasajeros y que provocó el cierre del espacio aéreo. "Los controladores fueron los únicos responsables del cierre del espacio aéreo español".

"La gravedad de la situación requería una respuesta inmediata", ha seguido con la narración de aquellas horas Blanco. Los controladores presentaron aquella tarde una propuesta de convenio en la que "querían recuperar los privilegios que habían perdido". "Si firmáis este convenio, se acaba todo esto", pidieron al Gobierno.

"Ha sido un chantaje en todo regla", ha afirmado tajante el ministro. "Este hecho demuestra que la teoría de la provocación del Gobierno no se sostiene, además de que hablar de provocación es avalar la actuación de los controladores", ha justificado Blanco. Para los que defienden la "inoportunidad" del decreto, Blanco ha dado cifras sobre el tránsito aéreo un viernes normal y ha asegurado que "para ellos no habría habido ningún viernes bueno".

El ministro también ha explicado el establecimiento del estado de alarma y ha resumido en que se "normalizó la situación en 24 horas". "Hubo que tomar medias de excepción para combatir una situación excepcional", ha resumido.

Blanco, tras esta narración lineal, ha pasado a explicar los próximos pasos. En primer lugar, en el capítulo de búsqueda de responsabilidades, ha asegurado que en "ningún caso, se debe considerar que estaban realizando una huelga, sino un sabotaje". Se les pedirá responsabilidades en el ámbito judicial, habrá sanciones administrativas por vulnerar la ley de Seguridad Aérea -con multas de hasta 225.000 euros y/o la pérdida de la licencia de controlador- y la apertura de los expedientes laborales iniciados por Aena que y el ministro ha asegurado que se llevarán hasta el final". "Se va actuar con todo la diligencia y el rigor para que el sabotaje de los días 3 y 4 de diciembre no quede impune".

"Lo que ha hecho este Gobierno es un deber en el que la ideología no puede introducir diferencias, no estamos ante un problema laboral, sino ante una cuestión de Gobierno en la que todos podemos coincidir con facilidad".

La intervención del Gobierno "no ha producido violación alguna del derecho sindical, sino que ha sido proporcionada y constitucional para solventar una situación de chantaje y abuso que el Gobierno no podía tolerar".

Igualmente ha asegurado que el proceso de liberalización de las torres no se va a detener -"estos hechos han demostrado que es más necesario que nunca"-, sino que se va a intensificar. De este modo se rompe el monopolio de Aena, se introduce la competencia con el fin de mejorar el servicio.

Por todo ello, ha anunciado que a lo largo de 2011 se sacará a concurso la gestión del control aéreo de trece aeropuertos y a partir de 2012, del resto, con el objeto de "romper el monopolio" de AENA en la prestación de servicio de control aéreo, lo que permitirá "reubicar a algo más de 190 controladores aéreos".

Blanco ha explicado que las torres que AENA estudia liberalizar en esta primera etapa, a lo largo de 2011, son las de los aeropuertos de Alicante, Valencia, Ibiza, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Sevilla, Jerez, Sabadell, Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña y Melilla.