El juez de Instrucción número uno de La Almunia (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, ha decretado prisión comunicada pero sin fianza para la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística. Su marido, Antonio Embarba, ha quedado en libertad con cargos después de declarar durante más de una hora ante el juez.

El juez ha estimado que era "la decisión que tenía que tomar", según la abogada Xenia Cabello, quien indicó que Pinilla, que ha testificado durante más de cuatro horas, "está muy bien". Embarba, al que se le imputan los delitos de tráfico de influencias y uso de información de privilegiada, ha tenido que entregar el pasaporte al prohibirle el juez salir del país, con la obligación de comparecer en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes, ha informado su abogada, Cristina Ruiz Galbe.

El Ministerio Fiscal solicitaba para ella prisión y ratificaba los nueve cargos que se le imputaban: cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones...) ilegales y blanqueo de capitales.

Este domingo también declaró el presidente de la empresa Aranade, Julián de Miguel, para quien el juez decretó libertad provisional eludible con una fianza de 120.000 euros..

El Ministerio Fiscal solicitaba para el empresario prisión incondicional y ratificaba los cargos que se le imputaban, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales y de información privilegiada.

Interrogatorio al marido

La toma de declaraciones continuará este lunes, con el interrogatorio del marido de la alcaldesa, Antonio Embarba, quien ha sido trasladado a dependencias policiales de Zaragoza, donde pasará su quinta noche desde que fuera detenido el pasado miércoles.

El arquitecto municipal, Francisco Núñez; el primo de alcaldesa, Carmelo Aured; y el empresario vasco Francisco Aranburu, han sido los otros imputados que han declarado el domingo, y finalmente, por decisión del juez, han quedado en libertad con cargos.

Así, de las 16 personas que han testificado ante el juez por su presunta implicación en esta trama, tres han ingresado en prisión, la alcaldesa, el concejal del PAR en el Ayuntamiento de La Muela Juan Carlos Rodrigo y el empresario madrileño José Carlos Fernández Delgado, mientras que 13 han sido puestas en libertad con cargos.

El Ministerio Fiscal considera al concejal del PAR responsable de los delitos de cohecho, prevaricación, fraude y exacciones ilegales, además de tenencia ilícita de armas, mientras que al empresario de Madrid José Carlos Fernández, lo considera responsable de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, y falsedad documental.

Los imputados puestos en libertad son el hijo de la alcaldesa, Víctor Embarba; Antonio Royo, escolta del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné; su madre y dueña de una gestoría de Zaragoza, María Jesús Velilla; el secretario del Ayuntamiento, Luis Ruiz Martínez; el arquitecto municipal, Francisco Núñez del Castillo; el primo de la alcaldesa, Carmelo Aured; y los empresarios Vicente Rodrigo López, Francisco Aranburu, Isidro V., Antonio F., Luis M.L. y D.F.D.

El juez que investiga el caso, denominado "Operación Molinos", abrió la investigación hace un año a raíz de una denuncia de un particular, que desembocó en la detención, el pasado miércoles, de 19 personas, dos de las cuales fueron puestas en libertad con cargos el viernes por la mañana por las policías de Madrid y Murcia.

También está en libertad, pero imputado, el subdirector provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón, Carlos Martín Rafecas, a quien se le acusa de un presunto delito de tráfico de influencias.